Benasque: quién paga el telecabina y quién capitaliza los 1.162 pisos
El Ayuntamiento de Benasque cofinancia con más de 13 millones de euros —casi todos europeos— un telecabina hasta Cerler. Justo al lado, un sector de 1.162 viviendas paralizado durante más de tres décadas vuelve a moverse. El consistorio jura que una cosa nada tiene que ver con la otra. En un valle donde solo un tercio de las casas son primera residencia, la pregunta incómoda es la de siempre: ¿a quién beneficia?
En el Pirineo aragonés se está representando, otra vez, una función conocida. La escenografía es impecable: una infraestructura moderna, sostenible, pagada con fondos europeos, que promete descongestionar accesos y "dinamizar" el territorio. Entre bastidores, un macrodesarrollo urbanístico que llevaba muerto desde los años ochenta reaparece con energías renovadas. El guion oficial insiste en que son historias separadas. Conviene abrir el paquete.
El dato duro: cuánto y de dónde sale el dinero
Empecemos por lo verificable. El telecabina monocable Benasque-Cerler salió a licitación por 13.474.093,05 euros, según la ficha del propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España —fuente primaria, no titular de tercero—. La obra la ejecuta la italiana Leitner, que se la adjudicó por en torno a 12,8 millones, y la inversión total ronda los 17 millones una vez sumadas las aportaciones adicionales negociadas con el Estado. El grueso llega vía fondos Next Generation (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE). Es decir: dinero público, europeo y nacional, para una instalación que conecta el pueblo con una estación de esquí. Está previsto que entre en servicio en 2026.
Hasta aquí, el hecho: una infraestructura turística financiada con dinero de todos.
El sector que resucita: 1.162 pisos y 33,5 hectáreas
A escasa distancia de esa infraestructura, varios propietarios privados del suelo han reactivado un plan para urbanizar 33,5 hectáreas y levantar 1.162 viviendas. El proyecto estaba parado desde hacía más de treinta años. La urbanización —accesos, viales y traída de servicios— exigirá unos 15 millones de euros, y el desarrollo se plantea escalonado a lo largo de unos veinte años, "según lo absorba el mercado".
Ese detalle importa: nadie construye 1.162 pisos de golpe. Se construye lo que se vende. Y lo que se vende, en este valle, tiene un perfil muy concreto.
El relato del Ayuntamiento frente al del vecindario
El Ayuntamiento sostiene que el desarrollo estaba previsto desde hace décadas, que representa el "crecimiento natural" del municipio y que está desvinculado del telecabina. Es una defensa legítima y, en parte, cierta: el planeamiento venía de lejos.
Enfrente, la plataforma Vivienda Digna Benasque —que se define como "una organización de vecinas y vecinos de carácter apartidista"— reunió a más de 200 personas en la plaza del consistorio en octubre de 2024. No pide más ladrillo: pide declarar el valle zona tensionada bajo la Ley de Vivienda, una bolsa municipal a partir de vivienda vacía, moratoria a las modificaciones del PGOU, regulación del alquiler turístico y una tasa turística de dos euros por noche. Su tesis: "la recalificación de terreno y la construcción desmedida no son la vía".
Desde IU, su coordinadora Marta Abengochea lo enmarca en "un modelo basado en la especulación urbanística" y en el "Plan Pirineos" de grandes infraestructuras ligadas al turismo. Esto último es interpretación política, y así lo marco.
El reverso: quién capitaliza la plusvalía
Aquí está el nudo. Cuando el dinero público mejora los accesos y la infraestructura de una zona, el suelo colindante se revaloriza. Es física económica elemental: unas parcelas que sin ese empuje seguían muertas, con un telecabina al lado y viales nuevos pasan a valer mucho más. La inversión la pone el contribuyente; la plusvalía la capitaliza quien es dueño del suelo. No hace falta imputar un delito a nadie para constatar el mecanismo.
¿Y quién habita esas casas? El dato que cambia la lectura viene de la puerta de al lado: en Cerler, solo el 27% del parque de viviendas es primera residencia; en torno a 3.400 son segundas residencias. Benasque apenas supera los 2.300 vecinos censados. En un municipio así, hablar de 1.162 pisos "para dinamizar" y de "derecho a la vivienda" en la misma frase es, cuando menos, arriesgado. Ricardo Sánchez, de SOS Ribagorza, lo resume sin adornos: "la población no puede permitirse vivir aquí porque los alquileres son inasumibles".
El envoltorio es "desarrollo", "empleo" y "progreso". Dentro puede haber otra cosa: más segunda residencia y más alquiler turístico, justo el modelo que expulsa al residente que se pretende retener.
Lo que aún no está confirmado
Honestidad periodística: no hay prueba documental de un trato de favor ni de que el telecabina se decidiera para revalorizar ese suelo. Afirmarlo sería inventar. Tampoco está confirmado por fuente primaria qué porcentaje de las 1.162 viviendas será primera residencia —el proyecto no lo especifica—, aunque el patrón del valle invita al escepticismo. Sí consta que la Confederación Hidrográfica del Ebro abrió expediente sancionador al Ayuntamiento por obras vinculadas al telecabina, y que —según denunció IU— un juzgado de Huesca anuló en su día el proyecto municipal por deficiencias en zona inundable del Ésera; este último extremo no he podido contrastarlo con la sentencia directa, así que queda atribuido, no dado por cerrado.
Qué puede pasar
El telecabina rodará en 2026. Los pisos, si el mercado los absorbe, tardarán décadas. Entre medias, el valle decidirá qué quiere ser: un lugar donde vivir todo el año o un decorado de temporada con las persianas bajadas nueve meses. La pregunta que dejo sobre la mesa no es si el proyecto es legal —probablemente lo sea—, sino esta: cuando el dinero público revaloriza suelo privado en la montaña, ¿estamos comprando vivienda para el vecino o plusvalía para el propietario? Quien conteste esa pregunta, entenderá el reverso.
Carmen Vega | Madrid