Ceuta: la pelea por la palabra «colapso» tapa quién dota la sanidad

La ministra de Sanidad, Mónica García, negó el 27 de agosto ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que Ceuta viva un «colapso sanitario». El mismo día, el sindicato de enfermería SATSE describía a su personal como «devastado y destruido». Dos días antes, el Consejo de Ministros había declarado la ciudad «situación de interés para la seguridad nacional» y activado un mando único. Entre la palabra que la ministra rechaza y la que los sanitarios reivindican, hay un debate que a casi nadie le interesa abrir: quién decidió con cuánta plantilla llegaba Ceuta a este verano.

Hay dos relatos sobre Ceuta y los dos vienen envueltos para regalo. Conviene desenvolverlos antes de elegir bando, si es que hay que elegir alguno.

El primero dice «invasión». Habla de una frontera reventada, de colas en urgencias, de enfermedades que cruzan el Estrecho. El segundo dice «aquí no pasa nada de lo que cuentan»: cualquier queja vecinal o sanitaria sobre recursos se despacha como bulo, y quien la formula queda a un paso de ser señalado como xenófobo. Son relatos opuestos y comparten una virtud para quien los agita: los dos evitan la pregunta cara. La pregunta cara no es si viene mucha gente o poca. Es con qué medios contaba Ceuta para atenderla, y quién firmó esos medios.

Los hechos, sin adjetivos

Empecemos por lo verificado, que es lo que menos se repite.

Los días 30 y 31 de julio entraron en Ceuta más de 70.000 personas, según el propio balance del Consejo de Ministros del 25 de agosto. Más del 90% regresó a Marruecos en la primera fase. La cifra de 70.000 es la del pico fronterizo, no la de personas que se quedaron: mezclar ambas —hacerlas pasar por lo mismo— es la primera manipulación que conviene desactivar.

En el plano sanitario, el sistema ceutí atendió a unos 5.800 migrantes en quince días: alrededor de 3.500 en atención primaria y 2.300 en el hospital, según las cifras que la ministra llevó al Congreso. García reconoció «tensión» en urgencias, medicina interna y atención primaria, y admitió el sobreesfuerzo del personal. Lo que rechazó fue la palabra: prefirió hablar de «una crisis humanitaria con una derivada sanitaria» antes que de «crisis sanitaria», y zanjó que «esta no es la imagen del colapso». Sanidad reforzó la plantilla con más de 60 profesionales. Para sostener quince días de presión, Ingesa activó además su Plan de Catástrofes, llegó a ofrecer contratos de apenas unos días y pidió médicos voluntarios para cubrir guardias de urgencias.

Ese refuerzo merece que nos detengamos, porque es el dato que nadie subraya. Un sistema que necesita activar su protocolo de catástrofes y contratar a la desesperada no es un sistema al que le sobrara plantilla: es uno que llegó al verano con el margen justo. La ministra exhibe el refuerzo como prueba de solvencia; leído al revés, es la prueba de que se partía corto. Cuál era exactamente la plantilla ordinaria antes de la crisis —el número que permitiría medir con precisión cuánto se partía corto— es un dato que Sanidad no ha puesto sobre la mesa. Y esa ausencia también dice algo.

Enfrente, los sindicatos. SATSE, CSIF y el Colegio de Médicos de Ceuta llevan desde primeros de agosto denunciando lo contrario que la ministra. Hablan de servicios «desbordados», de una enfermera cubriendo, según sus datos, hasta 19 o 20 pacientes, de turnos de urgencias de 24 horas y de contratos precarios que a veces solo cubren la necesidad de un día. SATSE apunta directamente a Ingesa —el organismo estatal que gestiona la sanidad de Ceuta— y le reprocha alimentar «el éxodo profesional» con esas condiciones.

Dos fuentes, dos palabras: «tensión» y «colapso». La discusión terminológica no es inocente, porque de la palabra que gane depende de quién sea la responsabilidad.

El detalle que lo cambia todo: en Ceuta manda Madrid

Aquí está el reverso que la bronca identitaria tapa con eficacia.

La sanidad, en casi toda España, está transferida a las comunidades autónomas: quien decide plantillas, contratos y camas es el gobierno regional de turno. En Ceuta y Melilla, no. Allí la sanidad pública la gestiona directamente el Estado a través de Ingesa. No hay consejería autonómica a la que pasarle la factura política. La dotación de recursos con la que Ceuta afrontó julio la decidió, presupuesto a presupuesto, el Gobierno central. El mismo que ahora envía refuerzos de emergencia y niega el colapso.

Esto reordena el tablero. Cuando un vecino de Ceuta protesta porque las urgencias van al límite, no está necesariamente comprando el relato de la «invasión»: puede estar señalando, con razón, que el gestor de su hospital —el Estado— llegó tarde y corto. Y cuando ese malestar se responde envolviéndolo en la sospecha de xenofobia, se está cerrando en falso un debate que es, antes que migratorio, presupuestario y competencial.

La frase de la ministra y la frase que le atribuyen

Conviene ser escrupuloso, porque aquí hay desinformación en las dos direcciones y este medio la señala venga de donde venga.

Lo que dijo textualmente Mónica García fue: «La ultraderecha lleva años asociando migración, delincuencia y enfermedad, y es falso y es xenófobo». Añadió que «los migrantes no traen enfermedades», sino que «las contraen aquí ante las malas condiciones». Leído literalmente, la ministra calificó de xenófobo un discurso —el que enlaza inmigración con delincuencia y contagio— y no a los ceutíes que se quejan por sus servicios. La versión que circula, la de que «la ministra llama xenófobos a los vecinos de Ceuta», es un titular deformado: pone en su boca un insulto que no pronunció.

Ahora bien, separar el hecho de la interpretación funciona en los dos sentidos. Que la ministra no llamara xenófobo a nadie en concreto no elimina el problema político de fondo, y aquí entra el análisis: cuando la respuesta institucional a un malestar por recursos es, una y otra vez, encuadrarlo en el marco de la ultraderecha, el efecto práctico —lo pretenda o no— es que el vecino que protesta por las urgencias queda contaminado por asociación. No hace falta señalarle con el dedo; basta con que el único marco disponible para su queja sea el del discurso que se acaba de declarar xenófobo. El resultado es el mismo: el debate sobre plantillas y camas se disuelve en un debate sobre identidad.

El Estado interviene la ciudad (y Ceuta lo recurre)

Mientras se pelea por las palabras, los hechos administrativos avanzan. El Consejo de Ministros del 25 de agosto declaró Ceuta «situación de interés para la seguridad nacional» y constituyó una autoridad funcional —un mando único— dirigida por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Aprobó una partida de 25 millones de euros para la atención de menores no acompañados, refuerzos de varios ministerios, un plan de vacunación y otro de contingencia frente a la violencia sexual. Y aprobó un real decreto para habilitar «de forma flexible» espacios públicos y privados de acogida: el anexo enumera hasta una quincena de infraestructuras, entre ellas polideportivos municipales.

Ese decreto ya tiene recurso anunciado. El Gobierno de Ceuta —que gobierna el PP— ha avanzado que lo impugnará precisamente por incluir todos los polideportivos de la ciudad. Traducido: el mismo malestar que en la calle se lee en clave migratoria, en el plano jurídico es una pelea competencial clásica entre una administración local y el Estado sobre quién dispone de qué edificios. Otra capa que la palabra «invasión» y la palabra «xenofobia» tapan por igual.

¿A quién beneficia?

Llegados aquí, la pregunta de siempre. A los dos extremos del relato les conviene que esto se discuta como una guerra de identidad.

A quien agita la «invasión» le sirve porque convierte un problema de gestión —plantillas, contratos, camas, edificios— en una amenaza existencial que solo su discurso promete conjurar. Cuanto más miedo, menos preguntas sobre presupuestos.

A quien responde «aquí no pasa nada que no sea xenofobia» le sirve porque blinda al gestor. Si toda queja sobre recursos es sospechosa de racismo, el Estado —que es quien gestiona esa sanidad— se ahorra rendir cuentas de por qué se llegó con mil profesionales a una frontera que podía multiplicarlos. El marco moral tapa el marco presupuestario.

Los que pierden son los de siempre y son dos, no uno. Pierde el ceutí que espera horas en un box de urgencias a 32 grados y al que se le insinúa que su cabreo es reaccionario. Y pierde el migrante que cruzó sin plan de acogida, hacinado en condiciones que —esto lo dijo la propia ministra— son las que de verdad generan riesgo sanitario, y que ahora es la coartada de una bronca que no le pregunta a él nada.

Hay una prueba sencilla para saber quién quiere resolver y quién quiere ruido. Los que quieren resolver hablan de números: cuántas enfermeras, con qué contrato, cuántas camas, cuántos euros de Ingesa, cuántas plazas de acogida y dónde. Los que quieren ruido hablan de esencias: invasión, identidad, xenofobia, patria. La próxima vez que alguien opine sobre Ceuta, cronométrele cuánto tarda en dar una cifra. Si no da ninguna, ya sabe a qué relato pertenece.

El 2 de septiembre, Día de Ceuta, hay convocadas concentraciones de apoyo a la ciudad frente a numerosos ayuntamientos de toda España, a las ocho de la tarde, impulsadas por la sociedad civil y respaldadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Habrá quien acuda a defender a unos vecinos que se sienten solos y quien intente convertir las plazas en un mitin. La foto será la misma; el motivo, no. Y quedará flotando la pregunta que ni la ministra que niega el colapso ni el sindicato que lo proclama han terminado de contestar: si en Ceuta la sanidad la paga y la organiza el Estado, ¿por qué hizo falta una entrada masiva de migrantes para descubrir con cuántas manos contaba de verdad su hospital?

Carmen Vega | Madrid