Ceuta invadida y desprotegida
En la era de la comunicación instantánea y las redes digitales es imposible mantenerse ignorante respecto de los graves sucesos ocurridos en Ceuta. Desde la mañana del 30 de julio los ceutíes viven un
LA TERCERA Ceuta invadida y desprotegida La avalancha migratoria revela la pasividad marroquí, la imprevisión del Gobierno y la fragilidad estratégica de España ante una presión que amenaza la seguridad nacional y europea Regala esta noticia Añádenos en Google Miles de marroquíes cruzan la frontera con Ceuta (España). (EFE) Luis de la Corte Ibáñez 31/07/2026 a las 19:44h. En la era de la comunicación instantánea y las redes digitales es imposible mantenerse ignorante respecto de los graves sucesos ocurridos en Ceuta. Desde la mañana del 30 de julio los ceutíes viven una pesadilla que ha quedado reflejada en las imágenes y testimonios difundidos por medios nacionales y locales y las redes sociales.
Interminables riadas de personas (principalmente jóvenes, más algunos adultos y familias) nadando o rodeando el espigón que separa por mar la linde entre España y Marruecos y entrando triunfalmente, a voz en grito alegre y desafiante, con sus ropas mojadas y brazos en alto; guardias civiles, policías y equipos sanitarios desbordados; soldados y vehículos militares en las calles; playas y plazas convertidas en precarias zonas descanso; hileras de jóvenes deambulando sin rumbo fijo ciudad adentro; grupos de esos mismos recién llegados durmiendo al raso; cierre de comercios; protestas ciudadanas; familias encerradas en sus casas por miedo a lo que pueda venir. A las pocas horas de producirse esta situación caótica, las autoridades españolas, principalmente a través del Ministerio del Interior, ofrecían su versión de los hechos, coincidente punto por punto con la transmitida por la diplomacia marroquí y repetida por el presidente del Gobierno en su comparencia pública: un problema creado por los grupos que trafican con personas mediante la difusión en redes sociales de una «lectura interesada» de una sentencia judicial que rechaza las 'devoluciones en caliente' de los migrantes que acceden ilegalmente a territorio español a través del mar. Además de absurda (¿qué beneficio sacarían los traficantes de que una multitud alcance territorio español cruzando el mar a nado?), la versión oficial ha ignorado las informaciones que demostraban la pasividad de las fuerzas marroquíes ante la acumulación de individuos llegados a la frontera para sumarse al flujo de entradas irregulares.
El antecedente principal de la crisis todavía activa fue el asalto masivo a Ceuta producido en mayo de 2021. Por encima de 12.000 personas, incluyendo más de un millar de menores, ingresaron entonces de modo ilegal. No obstante, el número estimado de entradas irregulares en la nueva invasión habría superado olímpicamente aquellas cifras: entre 50.000 y 60.000, en una ciudad con poco más de 80.000 habitantes censados.
El asalto de 2021 fue directamente promovido por Rabat. En cuanto a esta última tragedia (decenas han muerto ahogados en el mar), todavía no sabemos hasta donde llega la responsabilidad del vecino. Como mínimo, las autoridades marroquíes habrán aprovechado el notable incremento de menores llegados a Ceuta en las últimas semanas, estimulados por factores diversos como la reciente sentencia del Tribunal Supremo ya citada, las condiciones meteorológicas favorables, el efecto de emulación a menudo propiciado por la difusión de informaciones sobre llegadas exitosas y la infradotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad responsables del control fronterizo.
Rabat podría haber decido provocar un salto cualitativo del flujo de entradas ilegales ordenando a sus agentes en la frontera que no interfirieran demasiado en los intentos de traslado irregular y no impidieran el agrupamiento de miles de personas al otro lado del Tarajal. Con todo, no cabe descartar que la crisis haya sido totalmente orquestada y que el aumento de entradas ilegales en días previos haya servido para preparar el gran salto del 30 de julio. El contexto estratégico en el que debemos encuadrar ese salto es el mismo que inspiró la avalancha de 2021.
Un contexto marcado por la dinámica que ha caracterizado las relaciones hispano-marroquíes de las últimas décadas y por el uso de diversas herramientas de poder para presionar sobre España con dos objetivos complementarios. Por una parte, modificar aspectos concretos de la política exterior española en beneficio de los intereses marroquíes o castigar a España por decisiones que Rabat considera contrarias a ellos. Por otra, convertir a Ceuta y Melilla en una fuente interminable de problemas y disgustos para los gobiernos españoles con vistas a debilitar la voluntad de las elites políticas a mantener su compromiso de proteger a las ciudades norteafricanas reclamadas como propias por el país vecino.
Al poner en riesgo a su propia población no adulta para promover su agenda exterior, en mayo de 2021 Marruecos midió mal el alcance de la jugada y así lo mostró la rotunda condena inmediatamente emitida por la Unión Europea contra tales prácticas contrarias a la legalidad internacional. De hecho, aquella protesta brindó a nuestro país una ocasión única para haber puesto el contador a cero y comenzar a construir una política hacia Marruecos más asertiva. Sin embargo, en lugar de aprovechar la oportunidad, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió regalar a Mohamed VI un giro drástico de la posición española sobre la cuestión del Sahara Occidental que ha complicado nuestras relaciones con Argelia.
Además, tampoco se extrajo ninguna lección útil de aquella agresión. Pues, aunque la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales de ese año anunció la preparación de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, en una respuesta parlamentaria de 2024 el Gobierno admitió que solo había concluido el estudio de situación y que todavía faltaba definir objetivos y líneas de acción. Y nunca más se supo.
Los sucesos del pasado 30 de julio, tampoco hay que olvidarlo, han ocurrido después de que Madrid recibiese diferentes alertas sobre un inquietante crecimiento de las entradas ilegales en Ceuta y de la carencia de efectivos de la Policía y la Guardia Civil suficientes para afrontar una situación de desbordamiento que estaba cantada. Para colmo, la reacción inicial del Gobierno tras estallar la crisis fue subestimar su gravedad, negándose a reconocer que España estaba afrontando un problema de seguridad nacional (así podría haberse declarado según lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional de 2015, artículos 23 y 24) y gastando palabras de agradecimiento a Marruecos por una colaboración que los hechos estaban desmintiendo en directo. Mientras escribo estas líneas Ceuta continúa expuesta a una situación explosiva a la que es preciso poner fin lo antes posible si no queremos enfrentarnos a un escenario agravado por eventuales estallidos violentos.
El refuerzo de medios y efectivos policiales y militares debería complementarse con una reforma urgente de la Ley de Extranjería. Pero, más allá de la gestión de la crisis, España y la Unión Europea deberían articular una nueva estrategia para asegurar sus fronteras en el norte de África y convencer a Marruecos de que abandone sus políticas de presión. Luis de la Corte Ibáñez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de 'Historia de la Yihad' Temas Marruecos España Ceuta La Tercera de ABC comentarios Reportar un error LA TERCERA Ceuta invadida y desprotegida La avalancha migratoria revela la pasividad marroquí, la imprevisión del Gobierno y la fragilidad estratégica de España ante una presión que amenaza la seguridad nacional y europea Regala esta noticia Añádenos en Google Miles de marroquíes cruzan la frontera con Ceuta (España). (EFE) Luis de la Corte Ibáñez 31/07/2026 a las 19:44h.
En la era de la comunicación instantánea y las redes digitales es imposible mantenerse ignorante respecto de los graves sucesos ocurridos en Ceuta. Desde la mañana del 30 de julio los ceutíes viven una pesadilla que ha quedado reflejada en las imágenes y testimonios difundidos por medios nacionales y locales y las redes sociales. Interminables riadas de personas (principalmente jóvenes, más algunos adultos y familias) nadando o rodeando el espigón que separa por mar la linde entre España y Marruecos y entrando triunfalmente, a voz en grito alegre y desafiante, con sus ropas mojadas y brazos en alto; guardias civiles, policías y equipos sanitarios desbordados; soldados y vehículos militares en las calles; playas y plazas convertidas en precarias zonas descanso; hileras de jóvenes deambulando sin rumbo fijo ciudad adentro; grupos de esos mismos recién llegados durmiendo al raso; cierre de comercios; protestas ciudadanas; familias encerradas en sus casas por miedo a lo que pueda venir.
A las pocas horas de producirse esta situación caótica, las autoridades españolas, principalmente a través del Ministerio del Interior, ofrecían su versión de los hechos, coincidente punto por punto con la transmitida por la diplomacia marroquí y repetida por el presidente del Gobierno en su comparencia pública: un problema creado por los grupos que trafican con personas mediante la difusión en redes sociales de una «lectura interesada» de una sentencia judicial que rechaza las 'devoluciones en caliente' de los migrantes que acceden ilegalmente a territorio español a través del mar. Además de absurda (¿qué beneficio sacarían los traficantes de que una multitud alcance territorio español cruzando el mar a nado?), la versión oficial ha ignorado las informaciones que demostraban la pasividad de las fuerzas marroquíes ante la acumulación de individuos llegados a la frontera para sumarse al flujo de entradas irregulares. El antecedente principal de la crisis todavía activa fue el asalto masivo a Ceuta producido en mayo de 2021.
Por encima de 12.000 personas, incluyendo más de un millar de menores, ingresaron entonces de modo ilegal. No obstante, el número estimado de entradas irregulares en la nueva invasión habría superado olímpicamente aquellas cifras: entre 50.000 y 60.000, en una ciudad con poco más de 80.000 habitantes censados. El asalto de 2021 fue directamente promovido por Rabat.
En cuanto a esta última tragedia (decenas han muerto ahogados en el mar), todavía no sabemos hasta donde llega la responsabilidad del vecino. Como mínimo, las autoridades marroquíes habrán aprovechado el notable incremento de menores llegados a Ceuta en las últimas semanas, estimulados por factores diversos como la reciente sentencia del Tribunal Supremo ya citada, las condiciones meteorológicas favorables, el efecto de emulación a menudo propiciado por la difusión de informaciones sobre llegadas exitosas y la infradotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad responsables del control fronterizo. Rabat podría haber decido provocar un salto cualitativo del flujo de entradas ilegales ordenando a sus agentes en la frontera que no interfirieran demasiado en los intentos de traslado irregular y no impidieran el agrupamiento de miles de personas al otro lado del Tarajal.
Con todo, no cabe descartar que la crisis haya sido totalmente orquestada y que el aumento de entradas ilegales en días previos haya servido para preparar el gran salto del 30 de julio. El contexto estratégico en el que debemos encuadrar ese salto es el mismo que inspiró la avalancha de 2021. Un contexto marcado por la dinámica que ha caracterizado las relaciones hispano-marroquíes de las últimas décadas y por el uso de diversas herramientas de poder para presionar sobre España con dos objetivos complementarios.
Por una parte, modificar aspectos concretos de la política exterior española en beneficio de los intereses marroquíes o castigar a España por decisiones que Rabat considera contrarias a ellos. Por otra, convertir a Ceuta y Melilla en una fuente interminable de problemas y disgustos para los gobiernos españoles con vistas a debilitar la voluntad de las elites políticas a mantener su compromiso de proteger a las ciudades norteafricanas reclamadas como propias por el país vecino. Al poner en riesgo a su propia población no adulta para promover su agenda exterior, en mayo de 2021 Marruecos midió mal el alcance de la jugada y así lo mostró la rotunda condena inmediatamente emitida por la Unión Europea contra tales prácticas contrarias a la legalidad internacional.
De hecho, aquella protesta brindó a nuestro país una ocasión única para haber puesto el contador a cero y comenzar a construir una política hacia Marruecos más asertiva. Sin embargo, en lugar de aprovechar la oportunidad, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió regalar a Mohamed VI un giro drástico de la posición española sobre la cuestión del Sahara Occidental que ha complicado nuestras relaciones con Argelia. Además, tampoco se extrajo ninguna lección útil de aquella agresión.
Pues, aunque la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales de ese año anunció la preparación de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, en una respuesta parlamentaria de 2024 el Gobierno admitió que solo había concluido el estudio de situación y que todavía faltaba definir objetivos y líneas de acción. Y nunca más se supo. Los sucesos del pasado 30 de julio, tampoco hay que olvidarlo, han ocurrido después de que Madrid recibiese diferentes alertas sobre un inquietante crecimiento de las entradas ilegales en Ceuta y de la carencia de efectivos de la Policía y la Guardia Civil suficientes para afrontar una situación de desbordamiento que estaba cantada.
Para colmo, la reacción inicial del Gobierno tras estallar la crisis fue subestimar su gravedad, negándose a reconocer que España estaba afrontando un problema de seguridad nacional (así podría haberse declarado según lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional de 2015, artículos 23 y 24) y gastando palabras de agradecimiento a Marruecos por una colaboración que los hechos estaban desmintiendo en directo. Mientras escribo estas líneas Ceuta continúa expuesta a una situación explosiva a la que es preciso poner fin lo antes posible si no queremos enfrentarnos a un escenario agravado por eventuales estallidos violentos. El refuerzo de medios y efectivos policiales y militares debería complementarse con una reforma urgente de la Ley de Extranjería.
Pero, más allá de la gestión de la crisis, España y la Unión Europea deberían articular una nueva estrategia para asegurar sus fronteras en el norte de África y convencer a Marruecos de que abandone sus políticas de presión. Luis de la Corte Ibáñez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de 'Historia de la Yihad' Temas Marruecos España Ceuta La Tercera de ABC comentarios Reportar un error Este reloj parece antiguo y no depende de pilas: el Pagani automático ideal para muñecas finas Teresa Rodríguez García Chenoa: «Vengo de una familia muy justa de dinero. Los niños iban al comedor y yo, con ocho años, comía en las escaleras sola»
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