El Gobierno tendrá que reubicar en 15 días a centenares de menores que han llegado a Ceuta en la península
La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Ceuta ha vuelto a poner a prueba la capacidad del sistema de protección de la ciudad autónoma, ya muy tensionada de por sí. Ante una situación
El Gobierno tendrá que reubicar en 15 días a centenares de menores que han llegado a Ceuta en la península La ciudad autónoma, que tiene una capacidad ordinaria de 29 plazas, tiene en la actualidad una «sobreocupación del 2.872%» con más de 860 menores censados bajo la tutela autonómica Regala esta noticia Añádenos en Google Varios menores tratando de entrar a nado a Ceuta. (EFE) Joan Guirado Madrid 03/08/2026 a las 16:41h. La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Ceuta ha vuelto a poner a prueba la capacidad del sistema de protección de la ciudad autónoma, ya muy tensionada de por sí. Ante una situación de saturación que supera ampliamente los recursos disponibles, el Gobierno ... está obligado a activar el mecanismo de derivación previsto en la Ley de Extranjería, que fija un plazo máximo de 15 días para trasladar a los menores a otras comunidades autónomas una vez completado el procedimiento administrativo.
Ceuta, según ha podido saber ABC, solicitará la activación del mecanismo de forma urgente y exige «solidaridad» al resto de territorios tras certificar una «sobreocupación del 2.872%» de forma provisional. El Ministerio de Juventud e Infancia, que espera esa petición, asignó a Ceuta una capacidad estructural de acogida para únicamente 29 menores. A día de hoy hay más de 860 niños bajo la tutela de sus servicios sociales.
La base jurídica de este sistema se encuentra en la reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2025 con el voto en contra de la oposición formada por PP, Vox y UPN y la abstención de los socios del PNV. El País Vasco y Cataluña eran las dos comunidades más beneficiadas en un mecanismo permanente y obligatorio que, por primera vez, introducía la solidaridad territorial para responder a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, sustituyendo el anterior modelo, basado en acuerdos puntuales y voluntarios entre administraciones. El artículo 35 mantiene el principio general de protección de los menores extranjeros no acompañados y las obligaciones de las administraciones públicas respecto a su tutela.
Sin embargo, la gran novedad de la reforma es la incorporación de los artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter, que desarrollan un sistema específico para redistribuir a estos menores cuando un territorio supera con creces su capacidad ordinaria de acogida, situación en la que ya se encontraba Ceuta antes de la crisis de la semana pasada, pero que ahora se acrecenta de forma exponencial. El Gobierno de la Ciudad Autónoma, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia consultadas por ABC, tendrá que hacer la petición concreta de derivación para iniciar todos los trámites. Noticia relacionada Albares insiste en alabar a Marruecos y carga contra Meloni: «Ya le gustaría a Italia hacer como España»
César Martín En concreto, el artículo 35 bis regula la declaración de una situación de contingencia migratoria extraordinaria, permitiendo activarla cuando el sistema de protección de una comunidad autónoma o ciudad autónoma alcanza una ocupación que multiplica por tres su capacidad ordinaria. En la actualidad, según fuentes del gobierno autónomo, Ceuta multiplica por treinta esa capacidad ordinaria, con un total de 862 menores extranjeros no acompañados conotabilizados, cifra que crecerá a medida que la Policía identifique a centenares de los niños que han cruzado en solitario la frontera y que permanecen en el interior de la ciudad. Fuentes del gobierno local recuerdan que «en 2021 aparecieron menores muchos días más tarde ya que permenecían escondidos por miedo».
Una vez acreditada esa circunstancia, corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, determinar el territorio de destino de cada menor conforme a los criterios establecidos en la propia ley. Y ahí es donde surge la polémica política. El modelo diseñado por el legislador persigue repartir el esfuerzo de acogida entre todas las comunidades autónomas mediante parámetros objetivos, criterios que no comparten la gran mayoría de autonomías, casi todas en manos del PP, ya que consideran que tienen que hacer un esfuerzo extra mientras Cataluña o el País Vasco quedaron fuera del reparto inicial.
Entre los elementos que se tienen en cuenta para ese reparto figuran la población, la capacidad del sistema de protección, la renta, el esfuerzo previo realizado en la acogida de menores migrantes o la tasa de desempleo. El objetivo es evitar que territorios especialmente expuestos a las rutas migratorias, como Ceuta, Melilla o Canarias, soporten en solitario una presión asistencial que comprometa la adecuada atención a los menores. Por su parte, el artículo 35 ter regula el denominado Plan de respuesta solidaria, que establece las actuaciones que deben desarrollar tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas durante el proceso de derivación.
Este plan incluye la coordinación entre administraciones, el intercambio de información sobre cada menor y las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad de la tutela y de la atención asistencial durante el traslado. El artículo 35 quáter desarrolla los criterios de aplicación de ese plan y el procedimiento administrativo de derivación. La norma establece que, una vez inscrito el menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, labor que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actualmente en Ceuta, trámite previo a la asignación la comunidad autónoma de destino, el traslado deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales.
Newsletter Ese es el plazo que ahora obliga al Gobierno a ejecutar sin dilaciones la reubicación de cerca de un millar de menores acogidos en Ceuta, que tendrán que ir a recursos de otras autonomías.El desafío logístico, sin posibilidad de efectuar esa reubicación por vía aérea, es mayúsculo en un plazo tan corto. La administración local está adecuando espacios para su acogida temporal, mientras se realizan las tareas de identificación, para «garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad». Una labor, según el ministerio, que se está haciendo de forma conjunta.
Falta de recursos del Estado Hace un año, la disponibilidad de plazas para la acogida de menores no acompañados y de adultos solicitantes de asilo marcó la agenda política y mediática durante varias semanas. La falta de espacios habilitados generó una fuerte disputa con el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ya que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quería meter a 564 inmigrantes en un centro ilegal de la localidad, unas antiguas escuelas de la Seguridad Social. El ayuntamiento ordenó el cese inmediato del campamento de extranjeros al carecer de permisos para el uso residencial, además de haber detectado posibles modificaciones de las instalaciones sin supervisión municipal.
Un año después, y pese a las promesas del Gobierno, el Estado no ha avanzado en la creación de nuevas plazas titularidad del Ejecutivo para la acogida de inmigrantes urgente. Los distintos ministerios implicados siguen concertando plazas con ONG y organizaciones sociales para su atención. La reubicación no modifica la situación jurídica de los menores.
Todos continúan bajo la protección del sistema público de infancia y adolescencia, siendo la comunidad autónoma de destino la que asume las funciones de guarda y tutela. En todo el procedimiento prevalece el principio del interés superior del menor, recogido tanto en la legislación española como en la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a que cualquier decisión administrativa priorice su protección, estabilidad y bienestar. Es la Delegación del Gobierno en cada comunidad de orígen, en este caso la de Ceuta, la que se debe encargar del intercambio de información y documentación relativa al menor que será trasladado.
En el último año el Tribunal Supremo ya ha advertido en distintas ocasiones al Gobierno por incumplir sus obligaciones en relación a la acogida de inmigrantes solicitantes de asilo. Canarias también se ha visto obligada a recurrir al alto tribunal, en más de una ocasión, por la negativa del Ejecutivo del Estado a cumplir con las decisiones judiciales. Las conferencias sectoriales entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas celebradas a lo largo del último año han acabado prácticamente todas en fracaso o de forma abrupta, por la ausencia o la retirada de las autonomías gobernadas por el PP.
Temas Solidaridad Infancia Ley de extranjería Delegaciones del gobierno Niños Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Partido Popular (PP) Partido Nacionalista Vasco (PNV) Tribunal Supremo (TS) Cataluña Melilla Canarias País Vasco España comentarios Reportar un error El Gobierno tendrá que reubicar en 15 días a centenares de menores que han llegado a Ceuta en la península La ciudad autónoma, que tiene una capacidad ordinaria de 29 plazas, tiene en la actualidad una «sobreocupación del 2.872%» con más de 860 menores censados bajo la tutela autonómica Regala esta noticia Añádenos en Google Varios menores tratando de entrar a nado a Ceuta. (EFE) Joan Guirado Madrid 03/08/2026 a las 16:41h. La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Ceuta ha vuelto a poner a prueba la capacidad del sistema de protección de la ciudad autónoma, ya muy tensionada de por sí. Ante una situación de saturación que supera ampliamente los recursos disponibles, el Gobierno ... está obligado a activar el mecanismo de derivación previsto en la Ley de Extranjería, que fija un plazo máximo de 15 días para trasladar a los menores a otras comunidades autónomas una vez completado el procedimiento administrativo.
Ceuta, según ha podido saber ABC, solicitará la activación del mecanismo de forma urgente y exige «solidaridad» al resto de territorios tras certificar una «sobreocupación del 2.872%» de forma provisional. El Ministerio de Juventud e Infancia, que espera esa petición, asignó a Ceuta una capacidad estructural de acogida para únicamente 29 menores. A día de hoy hay más de 860 niños bajo la tutela de sus servicios sociales.
La base jurídica de este sistema se encuentra en la reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2025 con el voto en contra de la oposición formada por PP, Vox y UPN y la abstención de los socios del PNV. El País Vasco y Cataluña eran las dos comunidades más beneficiadas en un mecanismo permanente y obligatorio que, por primera vez, introducía la solidaridad territorial para responder a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, sustituyendo el anterior modelo, basado en acuerdos puntuales y voluntarios entre administraciones. El artículo 35 mantiene el principio general de protección de los menores extranjeros no acompañados y las obligaciones de las administraciones públicas respecto a su tutela.
Sin embargo, la gran novedad de la reforma es la incorporación de los artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter, que desarrollan un sistema específico para redistribuir a estos menores cuando un territorio supera con creces su capacidad ordinaria de acogida, situación en la que ya se encontraba Ceuta antes de la crisis de la semana pasada, pero que ahora se acrecenta de forma exponencial. El Gobierno de la Ciudad Autónoma, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia consultadas por ABC, tendrá que hacer la petición concreta de derivación para iniciar todos los trámites. Noticia relacionada Albares insiste en alabar a Marruecos y carga contra Meloni: «Ya le gustaría a Italia hacer como España»
César Martín En concreto, el artículo 35 bis regula la declaración de una situación de contingencia migratoria extraordinaria, permitiendo activarla cuando el sistema de protección de una comunidad autónoma o ciudad autónoma alcanza una ocupación que multiplica por tres su capacidad ordinaria. En la actualidad, según fuentes del gobierno autónomo, Ceuta multiplica por treinta esa capacidad ordinaria, con un total de 862 menores extranjeros no acompañados conotabilizados, cifra que crecerá a medida que la Policía identifique a centenares de los niños que han cruzado en solitario la frontera y que permanecen en el interior de la ciudad. Fuentes del gobierno local recuerdan que «en 2021 aparecieron menores muchos días más tarde ya que permenecían escondidos por miedo».
Una vez acreditada esa circunstancia, corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, determinar el territorio de destino de cada menor conforme a los criterios establecidos en la propia ley. Y ahí es donde surge la polémica política. El modelo diseñado por el legislador persigue repartir el esfuerzo de acogida entre todas las comunidades autónomas mediante parámetros objetivos, criterios que no comparten la gran mayoría de autonomías, casi todas en manos del PP, ya que consideran que tienen que hacer un esfuerzo extra mientras Cataluña o el País Vasco quedaron fuera del reparto inicial.
Entre los elementos que se tienen en cuenta para ese reparto figuran la población, la capacidad del sistema de protección, la renta, el esfuerzo previo realizado en la acogida de menores migrantes o la tasa de desempleo. El objetivo es evitar que territorios especialmente expuestos a las rutas migratorias, como Ceuta, Melilla o Canarias, soporten en solitario una presión asistencial que comprometa la adecuada atención a los menores. Por su parte, el artículo 35 ter regula el denominado Plan de respuesta solidaria, que establece las actuaciones que deben desarrollar tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas durante el proceso de derivación.
Este plan incluye la coordinación entre administraciones, el intercambio de información sobre cada menor y las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad de la tutela y de la atención asistencial durante el traslado. El artículo 35 quáter desarrolla los criterios de aplicación de ese plan y el procedimiento administrativo de derivación. La norma establece que, una vez inscrito el menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, labor que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actualmente en Ceuta, trámite previo a la asignación la comunidad autónoma de destino, el traslado deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días naturales.
Newsletter Ese es el plazo que ahora obliga al Gobierno a ejecutar sin dilaciones la reubicación de cerca de un millar de menores acogidos en Ceuta, que tendrán que ir a recursos de otras autonomías.El desafío logístico, sin posibilidad de efectuar esa reubicación por vía aérea, es mayúsculo en un plazo tan corto. La administración local está adecuando espacios para su acogida temporal, mientras se realizan las tareas de identificación, para «garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad». Una labor, según el ministerio, que se está haciendo de forma conjunta.
Falta de recursos del Estado Hace un año, la disponibilidad de plazas para la acogida de menores no acompañados y de adultos solicitantes de asilo marcó la agenda política y mediática durante varias semanas. La falta de espacios habilitados generó una fuerte disputa con el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ya que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quería meter a 564 inmigrantes en un centro ilegal de la localidad, unas antiguas escuelas de la Seguridad Social. El ayuntamiento ordenó el cese inmediato del campamento de extranjeros al carecer de permisos para el uso residencial, además de haber detectado posibles modificaciones de las instalaciones sin supervisión municipal.
Un año después, y pese a las promesas del Gobierno, el Estado no ha avanzado en la creación de nuevas plazas titularidad del Ejecutivo para la acogida de inmigrantes urgente. Los distintos ministerios implicados siguen concertando plazas con ONG y organizaciones sociales para su atención. La reubicación no modifica la situación jurídica de los menores.
Todos continúan bajo la protección del sistema público de infancia y adolescencia, siendo la comunidad autónoma de destino la que asume las funciones de guarda y tutela. En todo el procedimiento prevalece el principio del interés superior del menor, recogido tanto en la legislación española como en la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a que cualquier decisión administrativa priorice su protección, estabilidad y bienestar. Es la Delegación del Gobierno en cada comunidad de orígen, en este caso la de Ceuta, la que se debe encargar del intercambio de información y documentación relativa al menor que será trasladado.
En el último año el Tribunal Supremo ya ha advertido en distintas ocasiones al Gobierno por incumplir sus obligaciones en relación a la acogida de inmigrantes solicitantes de asilo. Canarias también se ha visto obligada a recurrir al alto tribunal, en más de una ocasión, por la negativa del Ejecutivo del Estado a cumplir con las decisiones judiciales. Las conferencias sectoriales entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas celebradas a lo largo del último año han acabado prácticamente todas en fracaso o de forma abrupta, por la ausencia o la retirada de las autonomías gobernadas por el PP.
Temas Solidaridad Infancia Ley de extranjería Delegaciones del gobierno Niños Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Partido Popular (PP) Partido Nacionalista Vasco (PNV) Tribunal Supremo (TS) Cataluña Melilla Canarias País Vasco España comentarios Reportar un error Albares insiste en alabar a Marruecos y carga contra Meloni: «Ya le gustaría a Italia hacer como España» César Martín Freidora de aire, heladera y ventilador: mis 3 imprescindibles de SharkNinja para el verano Alejandra Santisteban Guiu Jordi Cruz, sobre sus inicios en televisión: «Tuve dos años que viví la noche en Madrid. Probé cosas, pero no me sentaron bien»
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