El brote de listeria de Magrudis cumple siete años con el juicio ya en ciernes

El brote de listeria de Magrudis cumple siete años con el juicio ya en ciernes La Audiencia de Sevilla prevé iniciar la vista el 16 de octubre y los afectados «quieren terminar y que se depuren responsabilidades tanto de la empresa como de la Administración» Regala esta noticia Añádenos en Google La Guardia Civil en el registro de la nave de Magrudis. (Juan José Úbeda) Fernando Barroso Vargas 03/08/2026 a las 07:02h. Estos días se cumplen siete años ya del fatídico brote de listeriosis surgido el verano de 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa sevillana Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria.

Una grave crisis con cuatro fallecidos y cientos de afectados ... que puso a las autoridades contra las cuerdas tan sólo unos pocos meses antes de la trágica pandemia de coronavirus Covid-19. La efeméride se cumple cuando la Audiencia de Sevilla tiene ya en ciernes la celebración del macrojuicio promovido para dirimir las responsabilidades del caso. En concreto, será el próximo 16 de octubre cuando comiencen las sesiones de esta vista que se prolongará durante varios meses.

Al detalle, pocos días después de comenzar el mes de agosto de 2019, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía daba cuenta de la detección de 12 casos de listeriosis en la provincia de Sevilla y cuatro en Huelva, durante las dos semanas anteriores. Ante esta acumulación de casos, las autoridades sanitarias abrieron una investigación epidemiológica para determinar la fuente de la infección y el modo de transmisión, para así poner en marcha las medidas preventivas o de control. Pero apenas unos días después el número de casos se había disparado ya a cerca de medio centenar de personas infectadas, varias de ellas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) a cuenta de su gravedad, desencadenando toda una crisis sanitaria.

Los mecanismos de seguimiento de los afectados no tardaron en revelar que todos ellos habían consumido carne mechada de la marca 'La Mechá', distribuida por la empresa sevillana Magrudis, con sede productiva en una nave del polígono El Pino de la capital andaluza. El 15 de agosto se confirmaba finalmente que este producto contenía listeria. Aseguraban que cumplían los protocolos José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa familiar Magrudis, se apresuraba al día siguiente a asegurar en los medios de comunicación que las instalaciones cumplían «con todos los protocolos de seguridad» y que el último análisis sanitario había sido realizado en julio «sin ninguna anomalía», con lo que incluso barajaba un origen externo en la infección.

Nada más lejos de la realidad, porque la posterior investigación reveló todo un rosario de incumplimientos por parte de los gestores de la empresa. De hecho, el 28 de agosto el Ayuntamiento resolvía denunciar a la empresa ante la Fiscalía, acusando a sus responsables de ocultación de datos y falta de colaboración en la investigación administrativa del asunto. A esas alturas ya eran 193 los afectados y tres las víctimas mortales.

Posteriormente, trascendía un informe que reflejaba que una muestra de un lote de carne 'La Mechá' de Magrudis dio positivo por listeria en febrero de aquel año, o sea muchos meses antes del brote. «No han hecho los deberes, no han funcionado como debía funcionar», manifestaba aquellos días el entonces consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Newsletter Ya el 24 de septiembre, la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil acometía un sonado registro en la nave de Magrudis, tras lo cual los agentes arrestaban al administrador de hecho de la entidad, José Antonio Marín; y a cuatro personas más responsables de la empresa, incluyendo familiares del primero.

Según tenía ya claro la jueza instructora Pilar Ordóñez, los responsables de Magrudis supieron «en tiempo y forma» de la contaminación de sus productos por la bacteria listeria, pero continuaron con la distribución de los mismos sin solucionar la incidencia. José Antonio Marín Ponce. (Manuel Gómez) El 26 de septiembre, la jueza envió de hecho a prisión provisional a José Antonio Marín Ponce y a su hijo Sandro José Marín Rodríguez como administrador único de Magrudis. Estuvieron entre rejas hasta que el 17 de marzo de 2020 fue decretada su libertad provisional.

Entonces acababa de ser decretado el estado de alarma contra la pandemia de coronavirus Covid-19 con el obligado confinamiento en los hogares, con lo que cambiaron la cárcel por el encierro domiciliario por el virus. Previamente, la jueza del caso había decidido incluir como investigada a una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en las instalaciones de Magrudis. La asociación Facua, que representa a un grupo de los afectados, avisaba por aquellas fechas de que si el Consistorio hubiese actuado adecuadamente, «Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016».

De cualquier manera, el brote se saldó finalmente con 236 afectados, cuatro víctimas mortales y siete abortos de mujeres embarazadas que habían consumido los productos de Magrudis contaminados de listeria. Las responsabilidades penales del asunto serán despachadas en el macro juicio promovido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla desde el próximo 16 de octubre. La vista cuenta con 43 jornadas programas y, en principio, tiene el 27 de enero de 2027 como fecha de finalización.

Es decir más de tres meses de juicio. Todos los acusados En el banquillo de los acusados se sentarán José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez; además de Sergio L.G. por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa Magrudis y María José O.B., la inspectora veterinaria municipal incluida en el caso. De cara al juicio, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de José Antonio.

También reclama un año y medio de prisión para el arquitecto Sergio L.G., por falsedad documental. De este modo, la Fiscalía no presenta acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, que no obstante figura como responsable civil subsidiario a cuenta de su trabajadora acusada en el juicio. El letrado Germán Grima, de Ateneo Abogados y quien asiste al principal grupo de afectados por el brote de listeria, explica de cara a este macro juicio que los mismos están «deseando que acabe todo este procedimiento».

Los afectados reconocen la «rápida instrucción» del caso y están «deseando que acabe» el procedimiento judicial Este abogado reconoce la «rápida instrucción» del caso a manos de la jueza Pilar Ordóñez, si bien la apertura del juicio y la programación del mismo «ha sido algo más lento». «Quieren terminar y que se depuren responsabilidades tanto de la empresa como de la Administración pública, porque hubo fallos en la vigilancia» a la empresa, destaca. Una vez más, este letrado ha recordado que los afectados vienen reclamando a la Junta de Andalucía que renuncie a su pretensión inicial de reclamar a las aseguradoras incluidas en la causa más de tres millones de euros por los gastos hospitalarios soportados por la administración sanitaria; al objeto de que las mismas tengan más facilidades para garantizar las indemnizaciones de las víctimas, que como ya anticipa superarán los cinco millones de euros.

Temas Guardia Civil Veterinaria Carne Sevilla comentarios Reportar un error El brote de listeria de Magrudis cumple siete años con el juicio ya en ciernes La Audiencia de Sevilla prevé iniciar la vista el 16 de octubre y los afectados «quieren terminar y que se depuren responsabilidades tanto de la empresa como de la Administración» Regala esta noticia Añádenos en Google La Guardia Civil en el registro de la nave de Magrudis. (Juan José Úbeda) Fernando Barroso Vargas 03/08/2026 a las 07:02h. Estos días se cumplen siete años ya del fatídico brote de listeriosis surgido el verano de 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa sevillana Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria.

Una grave crisis con cuatro fallecidos y cientos de afectados ... que puso a las autoridades contra las cuerdas tan sólo unos pocos meses antes de la trágica pandemia de coronavirus Covid-19. La efeméride se cumple cuando la Audiencia de Sevilla tiene ya en ciernes la celebración del macrojuicio promovido para dirimir las responsabilidades del caso. En concreto, será el próximo 16 de octubre cuando comiencen las sesiones de esta vista que se prolongará durante varios meses.

Al detalle, pocos días después de comenzar el mes de agosto de 2019, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía daba cuenta de la detección de 12 casos de listeriosis en la provincia de Sevilla y cuatro en Huelva, durante las dos semanas anteriores. Ante esta acumulación de casos, las autoridades sanitarias abrieron una investigación epidemiológica para determinar la fuente de la infección y el modo de transmisión, para así poner en marcha las medidas preventivas o de control. Pero apenas unos días después el número de casos se había disparado ya a cerca de medio centenar de personas infectadas, varias de ellas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) a cuenta de su gravedad, desencadenando toda una crisis sanitaria.

Los mecanismos de seguimiento de los afectados no tardaron en revelar que todos ellos habían consumido carne mechada de la marca 'La Mechá', distribuida por la empresa sevillana Magrudis, con sede productiva en una nave del polígono El Pino de la capital andaluza. El 15 de agosto se confirmaba finalmente que este producto contenía listeria. Aseguraban que cumplían los protocolos José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa familiar Magrudis, se apresuraba al día siguiente a asegurar en los medios de comunicación que las instalaciones cumplían «con todos los protocolos de seguridad» y que el último análisis sanitario había sido realizado en julio «sin ninguna anomalía», con lo que incluso barajaba un origen externo en la infección.

Nada más lejos de la realidad, porque la posterior investigación reveló todo un rosario de incumplimientos por parte de los gestores de la empresa. De hecho, el 28 de agosto el Ayuntamiento resolvía denunciar a la empresa ante la Fiscalía, acusando a sus responsables de ocultación de datos y falta de colaboración en la investigación administrativa del asunto. A esas alturas ya eran 193 los afectados y tres las víctimas mortales.

Posteriormente, trascendía un informe que reflejaba que una muestra de un lote de carne 'La Mechá' de Magrudis dio positivo por listeria en febrero de aquel año, o sea muchos meses antes del brote. «No han hecho los deberes, no han funcionado como debía funcionar», manifestaba aquellos días el entonces consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Newsletter Ya el 24 de septiembre, la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil acometía un sonado registro en la nave de Magrudis, tras lo cual los agentes arrestaban al administrador de hecho de la entidad, José Antonio Marín; y a cuatro personas más responsables de la empresa, incluyendo familiares del primero.

Según tenía ya claro la jueza instructora Pilar Ordóñez, los responsables de Magrudis supieron «en tiempo y forma» de la contaminación de sus productos por la bacteria listeria, pero continuaron con la distribución de los mismos sin solucionar la incidencia. José Antonio Marín Ponce. (Manuel Gómez) El 26 de septiembre, la jueza envió de hecho a prisión provisional a José Antonio Marín Ponce y a su hijo Sandro José Marín Rodríguez como administrador único de Magrudis. Estuvieron entre rejas hasta que el 17 de marzo de 2020 fue decretada su libertad provisional.

Entonces acababa de ser decretado el estado de alarma contra la pandemia de coronavirus Covid-19 con el obligado confinamiento en los hogares, con lo que cambiaron la cárcel por el encierro domiciliario por el virus. Previamente, la jueza del caso había decidido incluir como investigada a una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en las instalaciones de Magrudis. La asociación Facua, que representa a un grupo de los afectados, avisaba por aquellas fechas de que si el Consistorio hubiese actuado adecuadamente, «Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016».

De cualquier manera, el brote se saldó finalmente con 236 afectados, cuatro víctimas mortales y siete abortos de mujeres embarazadas que habían consumido los productos de Magrudis contaminados de listeria. Las responsabilidades penales del asunto serán despachadas en el macro juicio promovido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla desde el próximo 16 de octubre. La vista cuenta con 43 jornadas programas y, en principio, tiene el 27 de enero de 2027 como fecha de finalización.

Es decir más de tres meses de juicio. Todos los acusados En el banquillo de los acusados se sentarán José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez; además de Sergio L.G. por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa Magrudis y María José O.B., la inspectora veterinaria municipal incluida en el caso. De cara al juicio, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de José Antonio.

También reclama un año y medio de prisión para el arquitecto Sergio L.G., por falsedad documental. De este modo, la Fiscalía no presenta acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, que no obstante figura como responsable civil subsidiario a cuenta de su trabajadora acusada en el juicio. El letrado Germán Grima, de Ateneo Abogados y quien asiste al principal grupo de afectados por el brote de listeria, explica de cara a este macro juicio que los mismos están «deseando que acabe todo este procedimiento».

Los afectados reconocen la «rápida instrucción» del caso y están «deseando que acabe» el procedimiento judicial Este abogado reconoce la «rápida instrucción» del caso a manos de la jueza Pilar Ordóñez, si bien la apertura del juicio y la programación del mismo «ha sido algo más lento». «Quieren terminar y que se depuren responsabilidades tanto de la empresa como de la Administración pública, porque hubo fallos en la vigilancia» a la empresa, destaca. Una vez más, este letrado ha recordado que los afectados vienen reclamando a la Junta de Andalucía que renuncie a su pretensión inicial de reclamar a las aseguradoras incluidas en la causa más de tres millones de euros por los gastos hospitalarios soportados por la administración sanitaria; al objeto de que las mismas tengan más facilidades para garantizar las indemnizaciones de las víctimas, que como ya anticipa superarán los cinco millones de euros.

Temas Guardia Civil Veterinaria Carne Sevilla comentarios Reportar un error Este reloj parece antiguo y no depende de pilas: el Pagani automático ideal para muñecas finas Teresa Rodríguez García Chenoa: «Vengo de una familia muy justa de dinero. Los niños iban al comedor y yo, con ocho años, comía en las escaleras sola» Inés Romero Jorge Rey se adelanta a la Aemet y alerta del tiempo que hará en agosto según las Cabañuelas: «Otra ola de calor»

Borja Sánchez