Groenlandia y el DIU: Dinamarca pone precio a medio siglo de úteros vigilados

Dinamarca abonará 300.000 coronas danesas —unos 40.000 euros— a cada mujer groenlandesa a la que las autoridades sanitarias danesas implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su conocimiento ni consentimiento. El Ministerio del Interior y de Sanidad danés anunció el acuerdo el 10 de diciembre de 2025; las solicitudes podrán presentarse entre abril de 2026 y junio de 2028. Se calcula que unas 4.500 mujeres y niñas —algunas de solo 12 años— fueron afectadas. El caso reventó en 2022 con el pódcast Spiralkampagnen de la radio pública danesa DR.

De dónde viene esto

En 1953 Dinamarca dejó de considerar oficialmente a Groenlandia una colonia y la convirtió en un condado más del reino. Bajo esa etiqueta de "modernización", Copenhague dirigió durante décadas la vida de la isla, incluido su sistema sanitario, del que fue responsable hasta 1992.

Entre mediados de los sesenta y los setenta —el pico se sitúa entre 1966 y 1975— médicos daneses colocaron miles de DIU a mujeres y adolescentes inuit. Según los registros que destapó DR, en apenas cinco años se implantó el dispositivo a cerca de la mitad de las unas 9.000 mujeres groenlandesas en edad fértil. En numerosos casos, sin informarlas, sin pedir permiso y a menores de edad. El objetivo declarado en los documentos de la época era frenar la natalidad inuit y, con ella, el coste de guarderías, escuelas y hospitales que Dinamarca pagaba en el Ártico.

Eso es el hecho duro y documentado: no una leyenda, sino una política de Estado con papeles.

Qué reconoce Copenhague, y qué no

La secuencia oficial es reveladora. Tras el pódcast de 2022, el Parlamento groenlandés exigió una investigación; daneses y groenlandeses acordaron una comisión que arrancó en mayo de 2023 y cuyo informe final se espera para finales de enero de 2026. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió perdón por escrito el 27 de agosto de 2025 y en persona, en Nuuk, el 24 de septiembre, hablando de una "traición" con "grandes consecuencias".

Hasta ahí, las palabras. El dinero llegó después y con una etiqueta muy concreta. La ministra de Sanidad, Sophie Lohde, calificó el episodio de "capítulo oscuro" de la historia compartida y presentó el pago como un modo de "reconocer" el daño. Pero el esquema no incluye una admisión explícita de responsabilidad jurídica. Para cobrar, cada afectada deberá fundamentar su caso y declarar bajo juramento que se le administró un anticonceptivo sin su conocimiento o consentimiento.

Hay un detalle técnico que dice mucho: la indemnización cubre el periodo 1960-1991, más amplio que la campaña original. Es decir, Dinamarca fija un marco temporal que coincide casi exactamente con los años en que gestionó la sanidad groenlandesa —hasta 1992—, no con la duración del programa. Se paga por el periodo de responsabilidad administrativa, no por reconocer un plan.

No es un caso aislado

Controlar la reproducción de una minoría no es una anomalía danesa. Es un patrón. En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó en los años noventa a más de 270.000 mujeres, en su inmensa mayoría indígenas quechuas y aymaras, muchas sin consentimiento válido. En Canadá se han documentado esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas hasta bien entrado el siglo XXI. En Chequia y Eslovaquia, miles de mujeres romaníes fueron esterilizadas sin consentimiento; Praga aprobó en 2021 una ley de compensación. La propia Suecia mantuvo un programa de esterilización "eugenésica" que afectó a decenas de miles de personas hasta 1976.

El hilo común no es el método —píldora, DIU, bisturí—, sino la lógica: un Estado decide que ciertos cuerpos deben producir menos ciudadanos. Groenlandia encaja en esa serie, no fuera de ella.

¿A quién beneficia, y por qué ahora?

Aquí empieza mi lectura como análisis, separada del dato. Cuarenta mil euros por mujer, medio siglo después, no parece generosidad tardía: parece gestión de daños. Un pago individual, previa declaración jurada y sin admisión de culpa institucional, permite a Dinamarca poner un precio cerrado a un capítulo incómodo y pasar página sin abrir la puerta a una reparación colectiva que reconozca una política de Estado.

Y el momento no es neutro. Groenlandia empuja hacia la autodeterminación y se ha convertido en pieza codiciada: Estados Unidos ha reiterado —con especial ruido en 2025— su interés por hacerse con la isla, cuyo subsuelo guarda tierras raras y cuya posición manda en el Ártico que abre el deshielo. A Copenhague le conviene que la relación con Nuuk no se envenene justo cuando debe convencer a los groenlandeses de que su futuro está mejor con Dinamarca que solos o bajo otra órbita.

De ahí la pregunta que dejo abierta, sin consigna: ¿es esto una reparación o la compra ordenada de un silencio? ¿Se reconoce la responsabilidad, o se diluye en 4.500 pagos individuales que, sumados, salen más baratos que admitir que hubo un plan? Quien controló durante décadas los úteros de una minoría es hoy quien fija cuánto vale ese daño y en qué términos se cierra.

Lo que conviene vigilar ahora: qué concluye el informe final de enero de 2026, si emplea o esquiva la palabra "responsabilidad", y si las afectadas aceptan el cheque o mantienen las demandas —la de marzo de 2024 reunía a 143 mujeres reclamando 43 millones de coronas—. Porque a veces la cifra de una indemnización no mide la culpa que se admite, sino la que se quiere enterrar.

Marco Duarte | Internacional