La moción que Núñez pide a Page ni convoca elecciones ni suma

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, exigió este 24 de agosto a Emiliano García-Page que autorice a los ocho diputados nacionales del PSOE por la región a respaldar una moción de censura "instrumental" contra Pedro Sánchez para "convocar elecciones generales". "Si a Page le queda algo de dignidad política", dijo, "debe urgentemente prestar a España los ocho votos". Suena rotundo. El problema es que casi cada pieza del argumento choca con el texto de la Constitución y con el reparto real de escaños.

Núñez lleva meses con la misma pieza retórica: ya el 9 de enero pidió lo mismo, con las mismas palabras —"que hablen los españoles"— desde el Comité de Dirección de su partido. La repetición no la vuelve más cierta. Conviene desenvolver el regalo.

Lo que dice el artículo 113 (y lo que no dice)

Empecemos por el dato duro. La moción de censura en España está regulada en el artículo 113 de la Constitución, y su texto es taxativo: "El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura", que "habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno".

Es lo que los constitucionalistas llaman moción constructiva, copiada de la Ley Fundamental de Bonn: para tumbar a un presidente hay que ofrecer a otro que lo sustituya y gobierne. Si prospera, el candidato propuesto "se entiende investido" —lo dice el artículo 114.2— y jura el cargo. No hay una sola línea, ni en el 113 ni en el 114, que hable de disolver las Cortes ni de "convocar elecciones generales".

Es decir: una moción de censura que saliera adelante no llevaría a los españoles a las urnas. Llevaría a Feijóo —o a quien el PP designara— a la Moncloa. Lo contrario de lo que Núñez vende. La premisa está equivocada de origen.

Las cuentas no salen

Segundo hecho verificable: los números. Tras las elecciones del 23 de julio de 2023, el Congreso quedó así: PP 137, PSOE 121, Vox 33, Sumar 31, y el resto repartido entre ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), Coalición Canaria (1), UPN (1) y BNG (1). La mayoría absoluta está en 176.

Hágase la suma más generosa para la derecha: PP (137) más Vox (33) son 170. Añádanse UPN y Coalición Canaria, y se llega a 172. Faltan cuatro. Ni sumando cada voto a la derecha de Sánchez prospera la moción. Presentarla, el PP puede: bastan 35 firmas —la décima parte de la Cámara— y tiene 137 diputados. Ganarla es otra cosa. Sin 176, la moción nace muerta.

Aquí aparece el truco de los "ocho votos". Núñez los presenta como la llave que falta. Pero 172 más 8 son 180: si esos ocho diputados socialistas votaran a favor de derribar a su propio Gobierno, la mayoría de Sánchez se habría desintegrado mucho antes, y no haría falta ninguna encerrona. Se pide como condición lo que solo sería posible en un mundo donde ya no hiciera falta pedirlo.

Ocho diputados que no son de Page

Tercer hecho. Los ocho diputados elegidos por las circunscripciones de Castilla-La Mancha no son "de Page". Son diputados del Grupo Parlamentario Socialista, y su disciplina de voto la fija la dirección federal del partido, no el presidente autonómico. Un presidente de comunidad no "presta" diputados nacionales como quien cede jugadores: no responden a él orgánicamente. Exigirle que los mueva es pedir un imposible estatutario.

La "moción instrumental" tampoco es un atajo limpio

Núñez apela a una figura, la moción "instrumental" —investir a un candidato con el pacto de que disuelva y convoque de inmediato—, que ni siquiera es pacífica jurídicamente. Varios juristas sostienen que ese uso desnaturaliza el artículo 113, pensado para dar un gobierno estable, no para fabricar una disolución por la puerta de atrás. Es un debate abierto, no una vía despejada. Presentarlo como el "fácil" camino a las urnas es, cuando menos, un atajo por terreno resbaladizo.

¿A quién beneficia? — análisis

Hasta aquí, los hechos. Ahora, la lectura, marcada como tal.

Si la moción no puede convocar elecciones, no suma los votos, exige un imposible orgánico y se apoya en una figura de constitucionalidad discutida, ¿por qué insistir? Porque el objetivo no parece ser gobernar, sino construir una encerrona. Solo hay una respuesta posible para Page —no—, y una vez pronunciada, Núñez tiene el titular servido: el barón crítico del PSOE, cuando llega la hora, sostiene a Sánchez. El gesto no busca la Moncloa; busca el desgaste.

De paso, señalar a Page tiene una ventaja doméstica para el PP: desvía la atención de que Feijóo tampoco ha registrado ninguna moción, entre otras cosas porque los números tampoco le dan. Es más cómodo exigir a un adversario lo imposible que explicar la propia aritmética.

Estamos ante un problema-fantasma envuelto en papel de regalo: "que hablen los españoles". Un eslogan impecable para tapar una maniobra que, si se mira el articulado y el marcador, no puede terminar en unas urnas.

Qué queda por ver

La pregunta que el lector debería llevarse a casa no es si Page tiene o no "dignidad política". Es más sencilla: ¿este órdago acerca unas elecciones generales, o solo fabrica un titular a costa de un rival? Porque si la Constitución y la calculadora dicen lo mismo —que no hay elecciones ni mayoría al final de este camino—, entonces no estamos ante una propuesta de gobierno. Estamos ante teatro. Y el teatro, por contundente que suene desde el atril, no cambia una sola coma del artículo 113.

Carmen Vega | Madrid