La paradoja de las competencias: ¿Quién apaga los incendios?

DIRECTO Sigue la última hora de los incendios en España oriente medioTrump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo José María de la RivaExconcejal del PSOE en MadridLa paradoja de las competencias: ¿Quién apaga los incendios?Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), trabajan en la extinción del incendio en Almorox (Toledo)Europa PressNacionalOpinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos. 28 jul 2026 - 05:00José María de la RivaWhatsAppTwitterFacebookLinkedinTelegramBeloudCopiar URLLa experiencia de los últimos incendios forestales motiva un debate acerca de la distribución competencial de las labores de extinción.Illa envía a unos sesenta bomberos a ayudar en los trabajos de extinción de los incendios de Madrid y CastellónCada verano se repite una escena que empieza a resultar incómoda por su reiteración, un incendio forestal de gran magnitud desborda los medios autonómicos, se activa la Unidad Militar de Emergencias (UME) Los focos mediáticos se dirigen hacia los helicópteros y las brigadas del Ejército como principal, a veces única, respuesta visible ante el desastre. Mientras tanto, las competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales permanecen, desde hace décadas, en manos de las Comunidades Autónomas. La pregunta que cabe plantearse no es ingenua ¿tiene sentido mantener un modelo competencial que solo se hace notar en la gestión ordinaria, planificación, contratación de temporeros, campañas de sensibilización, pero que, en el momento crítico, delega de facto la respuesta en el Estado central?

Parece que las competencias se usan para hacerse fotos cuando se adquiere algún elemento mecánico de relevancia, helicóptero, camión, etc. Un reparto competencial que se diluye en la emergenciaEl Estado español transfirió a las Comunidades Autónomas la gestión de los montes y, con ella, la responsabilidad primaria sobre la prevención y extinción de incendios forestales. Cada región cuenta con su propio operativo, brigadas forestales, medios aéreos, retenes, planes o similares.

Sobre el papel, se trata de un sistema robusto y adaptado a las peculiaridades de cada territorio.Un incendio en el norte de Portugal amenaza con saltar la frontera y llegar a España Sin embargo, la experiencia de los últimos veranos, marcados por olas de calor más intensas, sequías prolongadas y una acumulación de biomasa combustible resultado del abandono rural, ante la ausencia de planes efectivos de los responsables autonómicos ha puesto en evidencia que ese operativo, dimensionado muchas veces para una climatología menos extrema, colapsa con facilidad ante incendios de sexta generación. Y es entonces cuando se activa el mecanismo de auxilio, la comunidad autónoma solicita la intervención de la UME, un cuerpo militar dependiente del Ministerio de Defensa, creado en 2005 precisamente para intervenir en emergencias que superan la capacidad de respuesta ordinaria. Nadie entiende que no haya planes de control de la biomasa realizados con grupos de personas que además podrían incrementar la población rural.

La utilidad cuestionada de una competencia de temporada baja.El argumento que hay detrás de la crítica es sencillo, si una competencia solo puede ejercerse plenamente cuando las condiciones son favorables, y necesita ser sustituida por el Estado precisamente cuando más se necesita, es decir, en el momento de mayor riesgo para personas, bienes y ecosistemas, cabe preguntarse si esa competencia está cumpliendo su función esencial. La UME no es un refuerzo puntual y excepcional, sino un actor que aparece con una regularidad que roza la normalidad estructural en según qué comunidades. Esto sugiere que el problema no es coyuntural, sino de diseño, los operativos autonómicos podrían no estar dimensionados, coordinados o dotados con la solidez necesaria para afrontar en solitario los escenarios extremos que el cambio climático ha convertido en repetitivos.Las impactantes imágenes de la devastación en el pantano de San Juan: el fuego arrasa el embarcadero del Club NaúticoA ello se suma un argumento de fondo, el fuego no reconoce fronteras administrativas.

Un incendio que nace en una comunidad puede propagarse a otra en cuestión de horas, arrastrado por el viento o saltando cortafuegos naturales y artificiales. La lógica de diecisiete operativos autonómicos distintos, con protocolos, medios y capacidades de coordinación heterogéneos, choca con una realidad física que exige una respuesta unificada, con mando único y recursos movilizables sin fricciones burocráticas ni negociaciones políticas previas a la intervención.¿Hay argumentos a favor de centralizar la extinción?Desde esta perspectiva, tendría sentido plantear una recuperación, total o parcial, de la competencia de extinción de grandes incendios forestales por parte del Estado, dejando en manos autonómicas la prevención y la gestión forestal ordinaria, pero situando bajo un mando estatal único, posiblemente integrado en la propia UME o en un cuerpo de nueva creación, con presencia de las Comunidades Autónomas, la capacidad de despliegue inmediato ante incendios de gran magnitud. Un modelo de este tipo permitiría, en teoría, varias ventajas, una cadena de mando homogénea que evite descoordinaciones entre administraciones en el momento crítico, una dotación de medios aéreos y terrestres planificada a escala nacional, con mayor capacidad de economía de escala que diecisiete operativos fragmentados, y una respuesta que no dependa de que cada comunidad autónoma reconozca formalmente que su operativo ha sido superado, un paso que en ocasiones se retrasa por motivos políticos más que técnicos.

Es necesaria una profunda reflexión que lleve a un gran pacto de Estado. Europa debe formar parte de esa reflexión.Conviene señalar, no obstante, que este planteamiento no es unánime ni está exento de objeciones serias. Quienes defienden el statu quo autonómico argumentan que la proximidad territorial permite un conocimiento del terreno, de los montes y de las dinámicas locales del fuego que una estructura centralizada difícilmente podría replicar con la misma eficacia.

Señalan también que la UME no sustituye a los operativos autonómicos, sino que actúa como refuerzo puntual dentro de un sistema de protección civil que, por diseño, contempla la escalada de medios cuando la magnitud del siniestro lo requiere, de la misma manera que un ayuntamiento pequeño recurre a la comunidad autónoma, y esta al Estado, sin que ello implique el fracaso de ningún nivel administrativo. Además, advierten de que una recentralización podría debilitar la inversión en prevención, que es precisamente competencia autonómica y donde se libra la batalla más decisiva contra los grandes incendios, en la gestión forestal, no en la extinción. Aunque los datos apuntan a una relajación acumulada por parte de las comunidades autónomas en esta materia, especialmente en el déficit de contratación de bomberos forestales.

Estas son las ayudas que pueden pedir los afectados por los incendios en EspañaEuropa debe asumir el liderazgo en una estrategia que permita acometer este problema con la intensidad que, en su momento, se realizó con la agricultura, pues preservar nuestros espacios forestales forma parte de un buen desarrollo de la misma.También cabe recordar que buena parte del problema no reside tanto en el reparto competencial como en la falta de inversión sostenida en prevención, limpieza de montes, gestión de biomasa, ordenación del territorio rural, independientemente de qué administración la ejecute. Trasladar la extinción al Estado sin resolver el déficit acumulado sería trasladar el problema sin solucionarlo. En cualquier caso, la recurrencia con la que se solicita el auxilio de la UME plantea una pregunta legítima sobre la eficacia del actual reparto competencial en materia de incendios forestales, y merece un debate sereno, y no solo en caliente, tras cada tragedia, sobre si el modelo actual está a la altura de una amenaza que, año tras año, se vuelve más fuerte e impredecible.Conforme a los criterios de¿Por qué confiar en nosotros?Más información sobre:IncendioBomberosUME - Unidad Militar de Emergencias Mostrar comentarios Comentarios José María de la RivaExconcejal del PSOE en MadridLa paradoja de las competencias: ¿Quién apaga los incendios?Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), trabajan en la extinción del incendio en Almorox (Toledo)Europa PressNacionalOpinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos. 28 jul 2026 - 05:00José María de la RivaWhatsAppTwitterFacebookLinkedinTelegramBeloudCopiar URLLa experiencia de los últimos incendios forestales motiva un debate acerca de la distribución competencial de las labores de extinción.Illa envía a unos sesenta bomberos a ayudar en los trabajos de extinción de los incendios de Madrid y CastellónCada verano se repite una escena que empieza a resultar incómoda por su reiteración, un incendio forestal de gran magnitud desborda los medios autonómicos, se activa la Unidad Militar de Emergencias (UME) Los focos mediáticos se dirigen hacia los helicópteros y las brigadas del Ejército como principal, a veces única, respuesta visible ante el desastre.

Mientras tanto, las competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales permanecen, desde hace décadas, en manos de las Comunidades Autónomas. La pregunta que cabe plantearse no es ingenua ¿tiene sentido mantener un modelo competencial que solo se hace notar en la gestión ordinaria, planificación, contratación de temporeros, campañas de sensibilización, pero que, en el momento crítico, delega de facto la respuesta en el Estado central? Parece que las competencias se usan para hacerse fotos cuando se adquiere algún elemento mecánico de relevancia, helicóptero, camión, etc.

Un reparto competencial que se diluye en la emergenciaEl Estado español transfirió a las Comunidades Autónomas la gestión de los montes y, con ella, la responsabilidad primaria sobre la prevención y extinción de incendios forestales. Cada región cuenta con su propio operativo, brigadas forestales, medios aéreos, retenes, planes o similares. Sobre el papel, se trata de un sistema robusto y adaptado a las peculiaridades de cada territorio.Un incendio en el norte de Portugal amenaza con saltar la frontera y llegar a España Sin embargo, la experiencia de los últimos veranos, marcados por olas de calor más intensas, sequías prolongadas y una acumulación de biomasa combustible resultado del abandono rural, ante la ausencia de planes efectivos de los responsables autonómicos ha puesto en evidencia que ese operativo, dimensionado muchas veces para una climatología menos extrema, colapsa con facilidad ante incendios de sexta generación.

Y es entonces cuando se activa el mecanismo de auxilio, la comunidad autónoma solicita la intervención de la UME, un cuerpo militar dependiente del Ministerio de Defensa, creado en 2005 precisamente para intervenir en emergencias que superan la capacidad de respuesta ordinaria. Nadie entiende que no haya planes de control de la biomasa realizados con grupos de personas que además podrían incrementar la población rural. La utilidad cuestionada de una competencia de temporada baja.El argumento que hay detrás de la crítica es sencillo, si una competencia solo puede ejercerse plenamente cuando las condiciones son favorables, y necesita ser sustituida por el Estado precisamente cuando más se necesita, es decir, en el momento de mayor riesgo para personas, bienes y ecosistemas, cabe preguntarse si esa competencia está cumpliendo su función esencial.

La UME no es un refuerzo puntual y excepcional, sino un actor que aparece con una regularidad que roza la normalidad estructural en según qué comunidades. Esto sugiere que el problema no es coyuntural, sino de diseño, los operativos autonómicos podrían no estar dimensionados, coordinados o dotados con la solidez necesaria para afrontar en solitario los escenarios extremos que el cambio climático ha convertido en repetitivos.Las impactantes imágenes de la devastación en el pantano de San Juan: el fuego arrasa el embarcadero del Club NaúticoA ello se suma un argumento de fondo, el fuego no reconoce fronteras administrativas. Un incendio que nace en una comunidad puede propagarse a otra en cuestión de horas, arrastrado por el viento o saltando cortafuegos naturales y artificiales.

La lógica de diecisiete operativos autonómicos distintos, con protocolos, medios y capacidades de coordinación heterogéneos, choca con una realidad física que exige una respuesta unificada, con mando único y recursos movilizables sin fricciones burocráticas ni negociaciones políticas previas a la intervención.¿Hay argumentos a favor de centralizar la extinción?Desde esta perspectiva, tendría sentido plantear una recuperación, total o parcial, de la competencia de extinción de grandes incendios forestales por parte del Estado, dejando en manos autonómicas la prevención y la gestión forestal ordinaria, pero situando bajo un mando estatal único, posiblemente integrado en la propia UME o en un cuerpo de nueva creación, con presencia de las Comunidades Autónomas, la capacidad de despliegue inmediato ante incendios de gran magnitud. Un modelo de este tipo permitiría, en teoría, varias ventajas, una cadena de mando homogénea que evite descoordinaciones entre administraciones en el momento crítico, una dotación de medios aéreos y terrestres planificada a escala nacional, con mayor capacidad de economía de escala que diecisiete operativos fragmentados, y una respuesta que no dependa de que cada comunidad autónoma reconozca formalmente que su operativo ha sido superado, un paso que en ocasiones se retrasa por motivos políticos más que técnicos. Es necesaria una profunda reflexión que lleve a un gran pacto de Estado.

Europa debe formar parte de esa reflexión.Conviene señalar, no obstante, que este planteamiento no es unánime ni está exento de objeciones serias. Quienes defienden el statu quo autonómico argumentan que la proximidad territorial permite un conocimiento del terreno, de los montes y de las dinámicas locales del fuego que una estructura centralizada difícilmente podría replicar con la misma eficacia. Señalan también que la UME no sustituye a los operativos autonómicos, sino que actúa como refuerzo puntual dentro de un sistema de protección civil que, por diseño, contempla la escalada de medios cuando la magnitud del siniestro lo requiere, de la misma manera que un ayuntamiento pequeño recurre a la comunidad autónoma, y esta al Estado, sin que ello implique el fracaso de ningún nivel administrativo.

Además, advierten de que una recentralización podría debilitar la inversión en prevención, que es precisamente competencia autonómica y donde se libra la batalla más decisiva contra los grandes incendios, en la gestión forestal, no en la extinción. Aunque los datos apuntan a una relajación acumulada por parte de las comunidades autónomas en esta materia, especialmente en el déficit de contratación de bomberos forestales. Estas son las ayudas que pueden pedir los afectados por los incendios en EspañaEuropa debe asumir el liderazgo en una estrategia que permita acometer este problema con la intensidad que, en su momento, se realizó con la agricultura, pues preservar nuestros espacios forestales forma parte de un buen desarrollo de la misma.También cabe recordar que buena parte del problema no reside tanto en el reparto competencial como en la falta de inversión sostenida en prevención, limpieza de montes, gestión de biomasa, ordenación del territorio rural, independientemente de qué administración la ejecute.

Trasladar la extinción al Estado sin resolver el déficit acumulado sería trasladar el problema sin solucionarlo. En cualquier caso, la recurrencia con la que se solicita el auxilio de la UME plantea una pregunta legítima sobre la eficacia del actual reparto competencial en materia de incendios forestales, y merece un debate sereno, y no solo en caliente, tras cada tragedia, sobre si el modelo actual está a la altura de una amenaza que, año tras año, se vuelve más fuerte e impredecible.Conforme a los criterios de¿Por qué confiar en nosotros?