Ceuta: la 'invasión' se fue en cuatro días; quedan 2.000 menores y viajan ya 500 niñas

El Gobierno ultima el traslado urgente a la Península de unas 500 niñas —el primer grupo, y el más vulnerable, de los cerca de 2.000 menores no acompañados que Interior ha identificado en Ceuta (2.168 a 18 de agosto)— tres semanas después de la entrada masiva de migrantes por El Tarajal a finales de julio. Mientras se prepara el operativo, PP, Vox y PSOE convierten el asunto en trinchera política. Conviene parar y mirar los datos: casi todo lo que cruzó ya se había ido.

Las cifras, con lupa

Empecemos por lo verificable, porque es donde la política ha echado más niebla.

• El 30 de julio por la mañana, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifró en "entre 1.500 y 2.000 personas" las entradas de los diez días previos, "el 2% de la población" de la ciudad.
• Horas después, la cifra se disparó. El Ministerio del Interior habló de "hasta 50.000" entradas en la noche del 30 al 31 de julio y, a 4 de agosto, elevó a 72.000 las personas que habrían cruzado irregularmente en los últimos días del mes.
• Pero esa misma fuente aporta el dato que casi nadie repite: para el 1 de agosto unas 69.500 personas ya habían regresado a Marruecos —"vuelta voluntaria", en la terminología oficial— y a 4 de agosto los retornos llegaban a 70.000. La Delegación del Gobierno cifró el 3 de agosto en 2.500 las personas pendientes de retorno.

[Análisis.] Entre la cifra de Vivas (1.500-2.000 en diez días) y la de Interior (50.000 en una noche) hay un abismo que ninguna administración ha reconciliado en público. Puede que midan cosas distintas —intentos, cruces consumados, personas contadas dos veces al reintentar—, pero un medio serio no elige el número que mejor le viene al relato: pone los dos sobre la mesa y avisa de que no cuadran. Aquí quedan avisados.

Lo que sí encaja, viniendo de la propia fuente oficial que da el 72.000, es que la enorme mayoría de quienes cruzaron volvió a Marruecos en cuestión de días. La foto de comienzos de agosto no es la de decenas de miles de personas instaladas en Ceuta: es la de unos pocos miles pendientes de retorno y unos 2.000 menores no acompañados que se quedan porque la ley impide devolverlos. Ese grupo es el que ahora empieza a viajar a la Península, con las niñas por delante.

"Invasión": la palabra que decide quién es la víctima

[Análisis.] "Invasión". "Frontera violada". "Salto masivo". El vocabulario elegido para nombrar lo ocurrido no es neutro, y no lo es en ningún bando.

Quien dice "invasión" convierte a 500 niñas en una vanguardia hostil. Quien dice solo "niñas migrantes" y calla la presión real sobre una ciudad de apenas 83.000 habitantes también está editando la realidad. Las dos cosas ocurrieron a la vez: hubo una entrada masiva que desbordó a Ceuta —es un hecho— y quienes se quedan y viajan ahora a la Península son, en su mayoría, menores de edad, muchos de ellos niñas —también un hecho—.

El truco retórico está en usar la palabra del primer hecho para hablar del segundo. Se invoca la "invasión" de 72.000 —de los que 70.000 ya no están— para justificar el rechazo a acoger a las 500 que sí están, y que son niñas. Es un trasvase de miedo: el número grande y ya resuelto se usa como munición contra el número pequeño y real. Nombrar bien no es un adorno; es la diferencia entre ver una amenaza y ver a una cría de catorce años.

No es la primera vez

[Análisis.] Ceuta ya vivió algo parecido en mayo de 2021: miles de personas —entre ellas numerosos menores— entraron en pocos días mientras España y Marruecos atravesaban una grave crisis diplomática. Entonces, como ahora, el relato osciló entre la "avalancha" y la "emergencia humanitaria"; entonces, como ahora, el pico se desinfló en cuestión de días. La lección que no se aprende: la frontera de Ceuta funciona como termómetro de la relación con Rabat, y son los menores quienes acaban pagando la fiebre.

¿A quién beneficia?

La pregunta de siempre. Repartamos los bandos sin piedad y sin bando propio.

Al PP andaluz y a Vox. Juanma Moreno fue el primer presidente autonómico en pisar Ceuta y prometió llevarla "al corazón de Europa" y defender que "una parte del territorio europeo no puede ver violada su frontera". Suena a Estado; funciona como campaña. Su socio, Vox, ha marcado la línea: "los problemas no se reparten, se resuelven", dijo Manuel Gavira, que promete oponerse al reparto "por tierra, mar y aire" porque "si se reparte el problema, estaremos avalando la próxima invasión". [Análisis.] Es una frase redonda para un mitin y hueca para un menor: no ofrece ni una sola respuesta a qué hacer con el niño que ya está en suelo español. "Resolver" sin decir cómo es la forma más cómoda de no hacerse cargo. El PP, atrapado entre su socio y la ley, ha optado por acudir a las reuniones de reparto donde gobierna en solitario —Andalucía incluida, porque allí Infancia es competencia suya y no de Vox— y por anunciar que llevará al Gobierno al Supremo por no comparecer en el Senado. Gestión y trinchera, a la vez.

Al Gobierno y al PSOE. El Ejecutivo acompaña a Ceuta con 25 millones de euros, ha pedido fondos de emergencia europeos y se ampara en el decreto de contingencia migratoria, que le obliga a reubicar a los menores en un plazo máximo de 15 días. Hasta ahí, cumplir la ley. Pero el propio partido enseña la costura: en Ceuta, dos diputados socialistas se han rebelado y Ferraz les ha exigido "reconducir" la situación para no dañar la imagen del PSOE en plena crisis. [Análisis.] Cuando la preocupación que trasciende es la "imagen del partido" y no la gestión del menor, el ciudadano tiene derecho a preguntarse qué se está protegiendo exactamente.

A Marruecos. El gran ausente del relato político español. Ninguna crisis fronteriza de Ceuta se entiende sin Rabat: la frontera se abre y se cierra, y los flujos crecen o se secan, con una sincronía que rara vez es casualidad. [Análisis.] Que el debate se libre entre Sevilla, Madrid y Ferraz —y no incluya quién controla el otro lado del espigón— es un olvido interesado. A todos los actores internos les resulta más cómodo discutir el "reparto" que señalar la palanca. El reverso: mientras hablamos de a qué comunidad "le tocan" los niños, no hablamos de por qué cruzaron.

Los 500 nombres que faltan

[Análisis.] Aquí está el corazón del asunto, y es jurídico antes que político. Se habla del "reparto de menores" como si fuera un problema de logística —cupos, camas, a quién le toca cargar con el bulto—. Pero un menor extranjero no acompañado no es una carga que repartir: es un sujeto de derecho que proteger.

La Convención sobre los Derechos del Niño y la propia legislación española obligan a las administraciones a actuar según el interés superior del menor, con independencia de su nacionalidad o de cómo llegara. Un niño solo en territorio español queda bajo tutela pública: no se le puede devolver sin garantías ni dejar sin protección. El mecanismo de acogida "vinculante y solidaria" entre comunidades que ahora se discute no es una generosidad opcional del Gobierno de turno; es la forma de cumplir una obligación que la ley ya impone.

Por eso chirría tanto el lenguaje del "no al reparto". Uno puede oponerse legítimamente al modelo de gestión, a los plazos, a la financiación o al criterio de distribución. Lo que no cabe, si se respeta la ley que todos dicen defender, es tratar a 500 niñas como un paquete que devolver al remitente. La pregunta incómoda para quien agita el "por tierra, mar y aire" es simple: ¿qué propone hacer, en concreto, con la niña de catorce años que ya está en Ceuta esta noche?

Qué puede pasar

El traslado se hará —la ley aprieta y el plazo corre— y la pelea política seguirá, porque a casi todos les renta más el conflicto que el consenso. El Supremo tendrá que decidir sobre las comparecencias; el PSOE ceutí seguirá crujiendo; Vox seguirá vendiendo firmeza sin plan; el PP seguirá haciendo el doble movimiento de cumplir la ley y capitalizar el malestar.

Nosotros nos quedamos con dos datos y una pregunta. Los datos: de los 72.000 que, según Interior, cruzaron, unos 70.000 ya habían vuelto en días; los que se quedan bajo tutela son unos 2.000 menores no acompañados, y las primeras en viajar a la Península son unas 500 niñas. La pregunta, la de siempre: cuando lo que queda son niñas a las que la ley obliga a proteger, ¿por qué tantos actores necesitan seguir llamándolo "invasión"?

Carmen Vega | Madrid