La factura del PNV a Sánchez por su apoyo desde 2023: una cárcel, el troceo de la Seguridad Social y cientos de funcionarios

La factura del PNV a Sánchez por su apoyo desde 2023: una cárcel, el troceo de la Seguridad Social y cientos de funcionarios Ha habido 22 acuerdos de traspaso de competencias (o de gestión de sus medios humanos y patrimoniales) desde que el presidente del Gobierno firmó su pacto con Andoni Ortuzar Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmando el acuerdo de investidura de 2023 junto a Andoni Ortuzar. (TANIA SIEIRA) Gerard Bono Bilbao 20/08/2026 a las 01:38h. Después de confirmar que los siete diputados del PNV en el Congreso iban a votar 'sí' en la investidura de Pedro Sánchez en 2023, Andoni Ortuzar valoró en público lo pactado con el líder del PSOE como «bueno» para el País Vasco: «Hay un ... nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente y se sientan las bases para negociar el autogobierno futuro». El presidente del Gobierno de España se había comprometido de nuevo a hacer efectivo un listado de traspasos para «completar» el Estatuto de Guernica y a iniciar conversaciones para reformarlo.

Tres años después, no hay noticias sobre el «nuevo estatus» y las negociaciones sobre las transferencias han entrado en un tiempo muerto. Antes, edificios, cientos de plazas de funcionarios y personal laboral adscritos a la aplicación de distintas políticas públicas y su correspondiente presupuesto han cambiado de manos en España: de la Administración central, a la vasca controlada mayormente por el PNV. Fue el 10 de noviembre de 2023 cuando Sánchez y Ortuzar reeditaron el pacto de la legislatura anterior que, junto a la 'mayoría Frankenstein' (Sumar, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Cc), devolvía al socialista al Palacio de la Moncloa y asentaba también la alianza con los nacionalistas en el País Vasco.

Aquí, tras prescindir del lendakari Íñigo Urkullu como candidato, Sabin Etxea lograba evitar por apenas 30 mil votos el sorpasso de EH Bildu en las autonómicas del 21 de abril de 2024. El 20 de junio Imanol Pradales fue investido en Vitoria presidente del Gobierno vasco en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y, siguiendo la línea marcada por Madrid y Bilbao, con la ampliación del autogobierno a través de las transferencias pendientes como uno de sus principales ejes de acción. Tres, los servicios de cercanías, la fase de autonomía del sistema de protección internacional y la homologación de títulos para extranjeros (anulada posteriormente por el Tribunal Supremo), tenían carácter prioritario y se habían ratificado antes de las elecciones vascas.

Más tarde, en diciembre de 2024, ya con Pradales al frente del Ejecutivo autonómico, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el traspaso de la ordenación y gestión del litoral vasco y de las funciones vinculadas a fundaciones y asociaciones culturales, de juventud y promoción sociocultural, patrimonio histórico-artístico y deportes. La Comisión Mixta de Transferencias seguía funcionando con Sánchez y Pradales marcando el paso con sus encuentros en Moncloa en el marco de la Comisión Bilateral creada ex profeso. En la primera mitad de 2025 el ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, hacía efectivos otros tres traspasos y, con el estallido del caso Cerdán de fondo, Aitor Esteban (ya como nuevo presidente del PNV en sustitución de Ortuzar) señalaba a la Guardia Civil por ser un «Estado dentro del Estado».

El Gobierno presidido por Sánchez había transferido a la administración vasca las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras y una ampliación de funciones en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También, aunque por vía distinta al decreto, se materializaba un acuerdo sobre meteorología y climatología de forma que Euskalmet ha pasado a tener acceso en tiempo real a todos los datos de las infraestructuras meteorológicas de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) así como a sus avisos. Antxon y la cárcel de Zubieta En ese estado de las relaciones con los nacionalistas vascos, Sánchez llegaba a 2026 con la condena del Fiscal General del Estado a cuestas, Leire Díez detenida, José Luis Ábalos en prisión provisional y el compromiso con el PNV lejos de completarse en tiempo (el pacto firmado con Ortuzar fijaba diciembre de 2025 como fecha límite), pero en enero Pradales salvó al socialista de su «revalida» particular.

«Son más los cumplimientos que los incumplimientos», llegó a defender en enero sobre los traspasos el lendakari después de su sexta reunión con el presidente del Gobierno en Madrid. De esta forma, antes de entrar en vía muerta ante la llegada del verano y la convocatoria de elecciones generales cada vez más cerca, el Gobierno aceleró con otros ocho traspasos, los de mayor magnitud. Además de los once mil metros cuadrados del edificio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Baracaldo (Vizcaya) y funciones en materia de salvamento marítimo, tráfico y circulación de vehículos (también anulado por el Supremo) y seguros agrarios, el Gobierno de España comenzó el troceo de la Seguridad Social.

Actualmente judicializados, tres nuevos decretos transferían al País Vasco la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar y los medios patrimoniales y personales adscritos a la gestión de las prestaciones familiares y del subsidio por nacimiento y cuidado de menor y de la protección por desempleo. Solo esta última política pública contempla el traspaso de 462 plazas de funcionario y personal laboral adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Newsletter Por último, en el recuento de contrapartidas que ya figuran en el BOE, consta la cárcel de Zubieta: el nuevo Centro Penitenciario de Guipúzcoa, que sustituye a la prisión de Martutene, y que Pradales presentó a mediados de junio como la punta de lanza del «modelo vasco de Justicia Restaurativa».

En su construcción, cuyo gasto de 42.766.283,59 euros corrió cargo del ministerio del Interior antes de traspasar su gestión a la administración vasca, intercedió el socio guipuzcoano de Santos Cerdán y dueño de Servinabar, Antxon Alonso Egurrola. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido tras la inauguración de Zubieta, Alonso cobró 180.000 euros de Cycasa, una de las empresas adjudicatarias del proyecto, por presuntas labores de mediación. Acuerdos sin refrendo en el BOE Hasta aquí las transferencias que ya han sido formalizadas en el BOE, que no son las únicas.

Otros cinco acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta (relativos al régimen electoral, crédito y banca, apoyo a las pymes, la inspección pesquera y servicios privados de seguridad) están a la espera de publicarse en el Boletín. «Una vez aprobados la publicación es algo mecánico», trasladan fuentes de las negociaciones, por lo que es esperable que en los próximos meses, antes de un hipotético cambio de Gobierno en Madrid, esto se produzca. Además, hay otra serie de materias sobre las que las partes no han alcanzado un entendimiento.

Son el Fondo de Garantía Salarial (lo último que estaba sobre la mesa de negociación), el ya citado régimen Económico de la Seguridad Social o el cambio de la titularidad estatal de los puertos de Pasajes (Guipúzcoa) y Bilbao. «Hay que ganar 2-1, pero que parezca un empate», solía decir Ortuzar sobre su estrategia a la hora de hacer pactos. Al margen de las transferencias, otras cláusulas de su acuerdo con Sánchez de noviembre de 2023 han tenido también su aplicación.

Entre las más recientes, la desafección de los terrenos del municipio de Hondarribia ocupados por zonas deportivas y afectados hoy por el dominio público marítimo-terrestre, traspasándolos de modo gratuito al municipio. También el compromiso por parte del Estado para abonar el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia en el País Vasco. Una medida que supone, solo para 2027, la inyección de 407 millones de euros extra en financiación para las Diputaciones forales, que son las responsables de gestionar las ayudas. comentarios Reportar un error La factura del PNV a Sánchez por su apoyo desde 2023: una cárcel, el troceo de la Seguridad Social y cientos de funcionarios Ha habido 22 acuerdos de traspaso de competencias (o de gestión de sus medios humanos y patrimoniales) desde que el presidente del Gobierno firmó su pacto con Andoni Ortuzar Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmando el acuerdo de investidura de 2023 junto a Andoni Ortuzar. (TANIA SIEIRA) Gerard Bono Bilbao 20/08/2026 a las 01:38h.

Después de confirmar que los siete diputados del PNV en el Congreso iban a votar 'sí' en la investidura de Pedro Sánchez en 2023, Andoni Ortuzar valoró en público lo pactado con el líder del PSOE como «bueno» para el País Vasco: «Hay un ... nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente y se sientan las bases para negociar el autogobierno futuro». El presidente del Gobierno de España se había comprometido de nuevo a hacer efectivo un listado de traspasos para «completar» el Estatuto de Guernica y a iniciar conversaciones para reformarlo. Tres años después, no hay noticias sobre el «nuevo estatus» y las negociaciones sobre las transferencias han entrado en un tiempo muerto.

Antes, edificios, cientos de plazas de funcionarios y personal laboral adscritos a la aplicación de distintas políticas públicas y su correspondiente presupuesto han cambiado de manos en España: de la Administración central, a la vasca controlada mayormente por el PNV. Fue el 10 de noviembre de 2023 cuando Sánchez y Ortuzar reeditaron el pacto de la legislatura anterior que, junto a la 'mayoría Frankenstein' (Sumar, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Cc), devolvía al socialista al Palacio de la Moncloa y asentaba también la alianza con los nacionalistas en el País Vasco. Aquí, tras prescindir del lendakari Íñigo Urkullu como candidato, Sabin Etxea lograba evitar por apenas 30 mil votos el sorpasso de EH Bildu en las autonómicas del 21 de abril de 2024.

El 20 de junio Imanol Pradales fue investido en Vitoria presidente del Gobierno vasco en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y, siguiendo la línea marcada por Madrid y Bilbao, con la ampliación del autogobierno a través de las transferencias pendientes como uno de sus principales ejes de acción. Tres, los servicios de cercanías, la fase de autonomía del sistema de protección internacional y la homologación de títulos para extranjeros (anulada posteriormente por el Tribunal Supremo), tenían carácter prioritario y se habían ratificado antes de las elecciones vascas. Más tarde, en diciembre de 2024, ya con Pradales al frente del Ejecutivo autonómico, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el traspaso de la ordenación y gestión del litoral vasco y de las funciones vinculadas a fundaciones y asociaciones culturales, de juventud y promoción sociocultural, patrimonio histórico-artístico y deportes.

La Comisión Mixta de Transferencias seguía funcionando con Sánchez y Pradales marcando el paso con sus encuentros en Moncloa en el marco de la Comisión Bilateral creada ex profeso. En la primera mitad de 2025 el ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, hacía efectivos otros tres traspasos y, con el estallido del caso Cerdán de fondo, Aitor Esteban (ya como nuevo presidente del PNV en sustitución de Ortuzar) señalaba a la Guardia Civil por ser un «Estado dentro del Estado». El Gobierno presidido por Sánchez había transferido a la administración vasca las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras y una ampliación de funciones en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

También, aunque por vía distinta al decreto, se materializaba un acuerdo sobre meteorología y climatología de forma que Euskalmet ha pasado a tener acceso en tiempo real a todos los datos de las infraestructuras meteorológicas de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) así como a sus avisos. Antxon y la cárcel de Zubieta En ese estado de las relaciones con los nacionalistas vascos, Sánchez llegaba a 2026 con la condena del Fiscal General del Estado a cuestas, Leire Díez detenida, José Luis Ábalos en prisión provisional y el compromiso con el PNV lejos de completarse en tiempo (el pacto firmado con Ortuzar fijaba diciembre de 2025 como fecha límite), pero en enero Pradales salvó al socialista de su «revalida» particular. «Son más los cumplimientos que los incumplimientos», llegó a defender en enero sobre los traspasos el lendakari después de su sexta reunión con el presidente del Gobierno en Madrid.

De esta forma, antes de entrar en vía muerta ante la llegada del verano y la convocatoria de elecciones generales cada vez más cerca, el Gobierno aceleró con otros ocho traspasos, los de mayor magnitud. Además de los once mil metros cuadrados del edificio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Baracaldo (Vizcaya) y funciones en materia de salvamento marítimo, tráfico y circulación de vehículos (también anulado por el Supremo) y seguros agrarios, el Gobierno de España comenzó el troceo de la Seguridad Social. Actualmente judicializados, tres nuevos decretos transferían al País Vasco la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar y los medios patrimoniales y personales adscritos a la gestión de las prestaciones familiares y del subsidio por nacimiento y cuidado de menor y de la protección por desempleo.

Solo esta última política pública contempla el traspaso de 462 plazas de funcionario y personal laboral adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Newsletter Por último, en el recuento de contrapartidas que ya figuran en el BOE, consta la cárcel de Zubieta: el nuevo Centro Penitenciario de Guipúzcoa, que sustituye a la prisión de Martutene, y que Pradales presentó a mediados de junio como la punta de lanza del «modelo vasco de Justicia Restaurativa». En su construcción, cuyo gasto de 42.766.283,59 euros corrió cargo del ministerio del Interior antes de traspasar su gestión a la administración vasca, intercedió el socio guipuzcoano de Santos Cerdán y dueño de Servinabar, Antxon Alonso Egurrola.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido tras la inauguración de Zubieta, Alonso cobró 180.000 euros de Cycasa, una de las empresas adjudicatarias del proyecto, por presuntas labores de mediación. Acuerdos sin refrendo en el BOE Hasta aquí las transferencias que ya han sido formalizadas en el BOE, que no son las únicas. Otros cinco acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta (relativos al régimen electoral, crédito y banca, apoyo a las pymes, la inspección pesquera y servicios privados de seguridad) están a la espera de publicarse en el Boletín.

«Una vez aprobados la publicación es algo mecánico», trasladan fuentes de las negociaciones, por lo que es esperable que en los próximos meses, antes de un hipotético cambio de Gobierno en Madrid, esto se produzca. Además, hay otra serie de materias sobre las que las partes no han alcanzado un entendimiento. Son el Fondo de Garantía Salarial (lo último que estaba sobre la mesa de negociación), el ya citado régimen Económico de la Seguridad Social o el cambio de la titularidad estatal de los puertos de Pasajes (Guipúzcoa) y Bilbao.

«Hay que ganar 2-1, pero que parezca un empate», solía decir Ortuzar sobre su estrategia a la hora de hacer pactos. Al margen de las transferencias, otras cláusulas de su acuerdo con Sánchez de noviembre de 2023 han tenido también su aplicación. Entre las más recientes, la desafección de los terrenos del municipio de Hondarribia ocupados por zonas deportivas y afectados hoy por el dominio público marítimo-terrestre, traspasándolos de modo gratuito al municipio.

También el compromiso por parte del Estado para abonar el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia en el País Vasco. Una medida que supone, solo para 2027, la inyección de 407 millones de euros extra en financiación para las Diputaciones forales, que son las responsables de gestionar las ayudas. comentarios Reportar un error La cancelación de ruido no es de auriculares de 200 euros: 5 modelos por menos que un tope de gama Alejandra Santisteban Guiu Javier Bardem: «Sé que tipo de padre quiero ser. No quiero estar encima de ellos diciéndoles qué hacer y cómo hacerlo»

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