El auto de medidas cautelares del Supremo es un “contra-amparo”

Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad. Javier Pérez Royo Síguelo en redes El auto de medidas cautelares del Supremo es un “contra-amparo” Es un ejercicio desviado de la potestad jurisdiccional. Con la Ley de Memoria Histórica intacta y con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica también intacta, el recurso no podía ser admitido a trámite.

Lo único que la Sala podría haber hecho es elevar una cuestión de inconstitucionalidad El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, en el Tribunal Supremo en Madrid este lunes. EFE/ Rodrigo Jiménez 16 de septiembre de 2026 22:33 h Actualizado el 17/09/2026 05:30 h 9 El Estado Constitucional opera con base en dos presunciones: la presunción de constitucionalidad de la ley y la de legitimidad del acto administrativo. En ambas descansa la “seguridad jurídica”.

Todas las leyes aprobadas por el poder legislativo son constitucionales. Todos los actos administrativos del poder ejecutivo son legítimos. Se trata, obviamente, de dos presunciones que admiten prueba en contrario.

Una ley puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional y puede ser declarada anticonstitucional. Pero mientras no intervenga el tribunal, resolviendo un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la Ley se presume constitucional. La destrucción de la presunción de constitucionalidad de la ley está reservada de manera exclusiva y excluyente al Tribunal Constitucional.

El auto de medidas cautelares del Supremo es un “contra-amparo” Es un ejercicio desviado de la potestad jurisdiccional. Con la Ley de Memoria Histórica intacta y con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica también intacta, el recurso no podía ser admitido a trámite. Lo único que la Sala podría haber hecho es elevar una cuestión de inconstitucionalidad El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, en el Tribunal Supremo en Madrid este lunes.

EFE/ Rodrigo Jiménez 16 de septiembre de 2026 22:33 h Actualizado el 17/09/2026 05:30 h 9 El Estado Constitucional opera con base en dos presunciones: la presunción de constitucionalidad de la ley y la de legitimidad del acto administrativo. En ambas descansa la “seguridad jurídica”. Todas las leyes aprobadas por el poder legislativo son constitucionales.

Todos los actos administrativos del poder ejecutivo son legítimos. Se trata, obviamente, de dos presunciones que admiten prueba en contrario. Una ley puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional y puede ser declarada anticonstitucional.

Pero mientras no intervenga el tribunal, resolviendo un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la Ley se presume constitucional. La destrucción de la presunción de constitucionalidad de la ley está reservada de manera exclusiva y excluyente al Tribunal Constitucional.