El magistrado Ricardo Bodas dimite como presidente de la comisión del CGPJ que regula la carga de trabajo de los jueces

El magistrado Ricardo Bodas dimite como presidente de la comisión del CGPJ que regula la carga de trabajo de los jueces El magistrado denuncia en una carta remitida a Isabel Perelló que no se podrá cumplir una sentencia del Supremo sobre las condiciones laborales de la carrera — El vocal de Sumar en el Poder Judicial defiende denunciar a Peinado por los delitos de revelación de datos reservados y prevaricación Ricardo Bodas, en una imagen de archivo. Fernando Sánchez / Europa Press elDiario.es Madrid — 29 de julio de 2026 11:44 h 4 Ricardo Bodas, magistrado emérito del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial perteneciente al bloque progresista -miembros elegidos a propuesta del PSOE y de Sumar- ha presentado su dimisión como presidente de la comisión de Carrera y Salud judicial. En una carta remitida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, al magistrado lamenta los acuerdos adoptados por este órgano en el pleno celebrado el pasado 22 de julio en relación con cuestiones de salud laboral que afectan a todos los jueces. “Como te adelanté a la finalización del Pleno de 22 de julio pasado”, señala Bodas en su carta, “la aprobación por mayoría de doce votos, incluido el tuyo, de la propuesta del vocal José Antonio Montero Fernández para la aprobación del documento técnico de trabajo sobre los parámetros de carga saludable de la Carrera Judicial a efectos de salud judicial, contenido en el punto I.52 del orden del día, me impide, por las razones que expuse en el propio Pleno, continuar presidiendo la Comisión de Carrera y la Comisión de Salud Judicial”.

El magistrado, uno de los mayores expertos en Salud Laboral de la carrera judicial, sostiene que el acuerdo alcanzado por el pleno gracias a los 10 vocales conservadores y al voto de la presidenta, Isabel Perelló, es “un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno en materia de salud judicial”. Bodas sostiene que el acuerdo atribuye al Gobierno de los jueces “un deber de seguridad para con los jueces/as y magistrados/as, que solo sería asumible si mantuviéramos con ellos una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto, puesto que son los propios jueces/as y magistrados/as, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer”. Bodas explica a Perelló que el acuerdo que votó la presidenta del CGPJ “desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos”, y “lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico”. “La demanda de justicia, en situación lamentable” Ricardo Bodas se queja de que se haya dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, “lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable”.

El magistrado denuncia que “el acuerdo alcanzado no permitirá realmente el cumplimiento de la sentencia del Supremo que condenó al CGPJ a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral, aunque no dijo cómo debería cumplirse dicha obligación, ya que el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial, lo que demuestra claramente que el CGPJ no es el empleador de los titulares del poder judicial, ya que serán los jueces/as y magistrados/as quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo”. “Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados”, concluye Bodas. Por esa razón, el magistrado comunica a la presidenta del CGPJ su dimisión irrevocable: “No sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas. En todo caso, quiero mostrar mi agradecimiento por la confianza que se me atribuyó en su momento por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, así como a los compañeros y compañeras que me han acompañado en esa andadura en los últimos dos años”.

Etiquetas / Política / CGPJ - Consejo General del Poder Judicial / Tribunal Supremo / Salud laboral El magistrado Ricardo Bodas dimite como presidente de la comisión del CGPJ que regula la carga de trabajo de los jueces El magistrado denuncia en una carta remitida a Isabel Perelló que no se podrá cumplir una sentencia del Supremo sobre las condiciones laborales de la carrera — El vocal de Sumar en el Poder Judicial defiende denunciar a Peinado por los delitos de revelación de datos reservados y prevaricación Ricardo Bodas, en una imagen de archivo. Fernando Sánchez / Europa Press elDiario.es Madrid — 29 de julio de 2026 11:44 h 4 Ricardo Bodas, magistrado emérito del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial perteneciente al bloque progresista -miembros elegidos a propuesta del PSOE y de Sumar- ha presentado su dimisión como presidente de la comisión de Carrera y Salud judicial. En una carta remitida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, al magistrado lamenta los acuerdos adoptados por este órgano en el pleno celebrado el pasado 22 de julio en relación con cuestiones de salud laboral que afectan a todos los jueces. “Como te adelanté a la finalización del Pleno de 22 de julio pasado”, señala Bodas en su carta, “la aprobación por mayoría de doce votos, incluido el tuyo, de la propuesta del vocal José Antonio Montero Fernández para la aprobación del documento técnico de trabajo sobre los parámetros de carga saludable de la Carrera Judicial a efectos de salud judicial, contenido en el punto I.52 del orden del día, me impide, por las razones que expuse en el propio Pleno, continuar presidiendo la Comisión de Carrera y la Comisión de Salud Judicial”.

El magistrado, uno de los mayores expertos en Salud Laboral de la carrera judicial, sostiene que el acuerdo alcanzado por el pleno gracias a los 10 vocales conservadores y al voto de la presidenta, Isabel Perelló, es “un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno en materia de salud judicial”. Bodas sostiene que el acuerdo atribuye al Gobierno de los jueces “un deber de seguridad para con los jueces/as y magistrados/as, que solo sería asumible si mantuviéramos con ellos una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto, puesto que son los propios jueces/as y magistrados/as, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer”. Bodas explica a Perelló que el acuerdo que votó la presidenta del CGPJ “desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos”, y “lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico”. “La demanda de justicia, en situación lamentable” Ricardo Bodas se queja de que se haya dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, “lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable”.

El magistrado denuncia que “el acuerdo alcanzado no permitirá realmente el cumplimiento de la sentencia del Supremo que condenó al CGPJ a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral, aunque no dijo cómo debería cumplirse dicha obligación, ya que el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial, lo que demuestra claramente que el CGPJ no es el empleador de los titulares del poder judicial, ya que serán los jueces/as y magistrados/as quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo”. “Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados”, concluye Bodas. Por esa razón, el magistrado comunica a la presidenta del CGPJ su dimisión irrevocable: “No sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas. En todo caso, quiero mostrar mi agradecimiento por la confianza que se me atribuyó en su momento por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, así como a los compañeros y compañeras que me han acompañado en esa andadura en los últimos dos años”.

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