La hucha para cerrar las nucleares no llega a la mitad de la factura, y Almaraz la aplaza
Cerrar el parque nuclear español y custodiar sus residuos durante décadas costará unos 20.367 millones de euros, según los cálculos oficiales que maneja Enresa en 2026. Frente a esa factura, la hucha que debe pagarla —el fondo que nutren las eléctricas mientras operan— acumula unos 9.398 millones (eran 8.677 al cierre de 2024). Menos de la mitad. Y la reciente prórroga de Almaraz hasta 2030 no acerca las dos cifras: las aleja.
El Gobierno prorrogó el 14 de agosto la central de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030 —lo contamos aquí—, aplazando los cierres que el calendario fijaba para noviembre de 2027 y octubre de 2028. El debate público se ha quedado en el eslogan de siempre: nucleares sí, nucleares no. Pero el número que de verdad ordena esta historia no está en el mix eléctrico, sino en un fondo que va corto.
La hucha que va corta
La tasa Enresa no es un impuesto más: es la hucha que pagará desmantelar los reactores y custodiar sus residuos durante décadas. Y esa hucha va corta. El coste previsto de cerrar el parque y gestionar sus residuos asciende ya a unos 20.367 millones de euros en 2026; frente a él, el fondo acumulaba unos 9.398 millones: menos de la mitad. Para acercar las dos cifras, en julio de 2024 se aprobó subir la tasa un 30%, hasta los 10,36 €/MWh (desde 7,98).
El reverso: prorrogar puede agrandar el agujero
Aquí el reverso muerde, y por partida doble. Prolongar la vida de los reactores genera más residuos que gestionar, lo que —advierten desde el sector renovable— puede agravar el agujero del fondo en lugar de cerrarlo. Y al mismo tiempo, las propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han vuelto a reclamar una rebaja de la fiscalidad nuclear apenas obtenida la prórroga. Foro Nuclear sostiene que las cargas fiscales suponen ya cerca del 75% de los costes variables de sus centrales; las eléctricas cifran en más de 1.000 millones anuales lo que pagan en impuestos, más otros 590 millones de la tasa Enresa.
Pero esa misma tasa es la que llena la hucha del desmantelamiento. Bajarla alivia su margen hoy y adelgaza mañana el fondo que debe pagar el cierre. La aritmética se complica: alguien tendrá que poner la diferencia. Ese alguien, si el fondo se queda corto, suele terminar siendo el contribuyente o el recibo de la luz.
Lo que no cabe en un eslogan
Porque el cierre llegará, con hucha llena o a medias. El calendario que ahora se retoca es el protocolo de cierre ordenado que las propias eléctricas firmaron con Enresa en marzo de 2019, escalonado entre 2027 y 2035. Con Almaraz aplazada, el siguiente en la lista pasa a ser Ascó I (2030), seguido de Cofrentes (2030), Ascó II (2032) y, al final del recorrido, Vandellós II y Trillo (2035).
Y no es un apagón indoloro en todas partes. En Cataluña, los tres reactores tarraconenses —Ascó I, Ascó II y Vandellós II— generaron el 58,8% de la electricidad de la comunidad en 2025 (dato de Foro Nuclear y del operador ANAV; conviene recordar que son fuentes del sector, interesadas, aunque las cifras de producción son públicas). Apagarlos sin un plan de reemplazo firme es un salto sin red; mantenerlos abiertos sin llenar la hucha es, sencillamente, aplazar la factura.
La pregunta
El «sin coste para el consumidor» con que se vendió la prórroga es una foto fija. La película dura hasta 2035 y más allá, y arrastra una factura de 20.000 millones a medio pagar. Así que, antes de comprar cualquiera de los dos eslóganes de siempre, merece la pena quedarse con una pregunta más incómoda que la del mix: si mantener abierta una planta amortizada solo sale a cuenta cuando bajan los impuestos que financian su propio desmantelamiento, ¿estamos alargando la vida de un reactor… o aplazando la factura para que la pague otro?
Pablo Reina | Economía