Cobo suprime a las HAM, pero no sus incógnitas

Cuando el pasado 28 de julio, justo un año después de la intervención de las Hijas del Amor Misericordioso –conocidas popularmente como HAM–, la diócesis de Madrid decretó su supresión, la historia parecía haber llegado a su final. Tras un «prolongado y doloroso proceso de discernimiento eclesial», en el que, según explicó la propia diócesis, se pusieron «a disposición de la asociación diversas medidas de acompañamiento, apoyo y gobierno pastoral» para intentar garantizar su continuidad dentro de la Iglesia, el cardenal José Cobo, a través de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada , daba por fracasado ese intento y ejecutaba finalmente la recomendación que un año antes ya había formulado el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España: suprimir la asociación. Con esa decisión desaparecía canónicamente una realidad singular que había suscitado muchas vocaciones jóvenes en los últimos años.

Aunque sus integrantes vestían hábito religioso, vivían en comunidad y habían realizado votos privados similares a los de las monjas, las Hijas del Amor Misericordioso nunca llegaron a constituirse como instituto de vida consagrada, sino que mantenían la condición jurídica de asociación pública de fieles. Sin embargo, apenas una semana después de la firma del decreto, las preguntas superan con mucho a las certezas. ¿Por qué la archidiócesis decidió dedicar un año entero a intentar reconducir una asociación cuya supresión ya había recomendado el Tribunal de la Rota tras su investigación?

¿Qué situación eclesial les espera ahora a las jóvenes que han decidido permanecer fieles a Marimí, la fundadora, pese a la decisión de Madrid? ¿Qué ocurrirá con los «hermanos» –sacerdotes y seminaristas vinculados al grupo y dependientes de la diócesis de Getafe– o con los centenares de laicos que continúan convencidos de la inocencia de la asociación y que, según diversas fuentes conocedoras de la situación, han seguido sosteniendo económica y personalmente a la fundadora y a parte de las hermanas durante este último año? ¿Qué patrimonio conserva realmente la asociación y servirá para hacer frente a «las terapias y necesidades de las víctimas», como prevé el propio decreto?

Y, sobre todo, ¿ha puesto realmente fin la Iglesia a las Hijas del Amor Misericordioso o acaba de comenzar una nueva etapa mucho más difícil de afrontar? El decreto de supresión permite ahora reconstruir la cronología completa de una decisión que, vista con la perspectiva de los últimos meses, plantea todavía más interrogantes. El documento, firmado el pasado 28 de julio por el vicario episcopal para la Vida Consagrada, Aurelio Cayón Díaz, al que ha tenido acceso ABC, revela que el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica ya había recomendado la supresión de las Hijas del Amor Misericordioso mucho antes de que comenzara el comisariado.

Tras recibir una denuncia grave desde la diócesis de Getafe sobre presuntos abusos sexuales y de conciencia por parte de María Milagrosa Pérez Caballero conocida como Marimí, el arzobispado de Madrid encargó la investigación al tribunal canónico, que acabó recomendando que se pusiera fin a la organización. Sin embargo, en lugar de ejecutar inmediatamente aquella recomendación, el arzobispado optó por intentar una última vía para salvarla. Como reconoce ahora el propio decreto, buscaba «reconducir la situación de la asociación y salvaguardar el carisma y la vocación de sus miembros», para lo que ordenó una visita canónica cuyo informe desembocó en el nombramiento de una comisaria encargada de intentar revertir la situación.

Fue un camino que acabaría prolongándose durante un año y cuyo fracaso certifica ahora el propio decreto. «Fue muy ingenuo ese intento de reconducir a las HAM que les ha llevado un largo año», explica a este diario el experto en sectas, Luis Santamaría. A juicio de este especialista, el problema nunca fue únicamente disciplinario, sino estructural.

«Todo apunta a que la asociación nació viciada de raíz», resume. En su opinión, el decreto describe un modelo de funcionamiento basado en una autoridad absoluta de la fundadora, convertida en «la única y exclusiva conocedora y transmisora de la voluntad de Dios para cada persona». Esa identificación entre la voluntad de la superiora y la voluntad divina explica, según sostiene, buena parte de los abusos de conciencia denunciados durante estos años.

Santamaría considera especialmente significativa otra cuestión que el decreto sólo insinúa: la desaparición de la separación entre el fuero interno y el externo. «Quien ejercía la autoridad tenía también acceso pleno a la conciencia y a la intimidad espiritual de las personas. Cuando eso ocurre, la capacidad de decisión personal acaba desapareciendo».

Una explicación que ayuda a comprender por qué la archidiócesis habla de «injerencia en las conciencias y en la libertad personal». Del mismo parecer se muestra Victoria –nombre ficticio– una antigua miembro de las HAM, que las abandonó antes del comisariado y mantiene relación con las que han salido en este tiempo y con algunas de las que todavía siguen siendo fieles a Marimí. «¿Dice que han escuchado a quienes hemos presentado denuncias?

Conmigo no ha hablado nadie», explica a ABC al conocer el decreto de supresión. «Durante este año enviamos una carta a Roma, de la cual no hemos obtenido respuesta, y dos cartas al arzobispo Cobo para pedirle medidas de ayuda y acompañamiento a las de dentro, a las de fuera y a las familias», añade. Entre las medidas que solicitaron se encuentra «un refuerzo del comisariado, con una comisaria interna en cada casa; un grupo de psicólogos y psiquiatras expertos para evaluar a las de dentro, así como sacerdotes externos para acompañarlas; además de acompañamiento a las que hemos salido y a las familias.

Ninguna de estas medidas se han implantado», señala. Por esa razón, «le pedimos cuatro veces audiencia al arzobispo de Madrid, que nos fue denegada. Nos remitió al vicario para la Vida Consagrada, al que le expusimos la situación.

Como veíamos que no se iban a aplicar esas medidas, decidimos enviar las cartas al Vaticano y al arzobispado, para que constaran por escrito». La indignación también se hace evidente cuando analiza los hechos que, según el decreto, han motivado la supresión de la asociación. En la que es probablemente la expresión más llamativa, el documento oficial plantea la existencia de «rasgos sectarios».

El calificativo no procede de un informe externo ni de una víctima, sino de la propia archidiócesis de Madrid. Bajo ese epígrafe, el documento enumera conductas como el alejamiento del entorno familiar, social y laboral; la creación de «una única conciencia» para todos los miembros; la centralización en la figura de la superiora general, que «acapara todos los poderes»; o el ejercicio de un permanente «peso/sombra» sobre las religiosas. A ello añade exorcismos realizados sin autorización, denuncias de antiguas integrantes «muy traumatizadas por presuntos abusos de autoridad y conciencia» e «indicios graves de presuntas malas prácticas comunitarias».

Victoria considera que ese diagnóstico resulta insuficiente. «No reconoce explícitamente los abusos espirituales ni los abusos sexuales», lamenta. A la exHAM le molesta en especial que entre los hechos se citen las «noticias aparecidas en medios de comunicación sobre hechos atribuidos a la asociación, que generan escándalo entre los fieles».

«Gracias a esas publicaciones algunas hermanas han podido salir, al ver por escrito eso mismo que les pasaba a ellas, y reconocer que lo que se vive dentro no es de Dios. También algunos laicos han podido abrir los ojos y apartarse de la asociación gracias a las publicaciones», explica. «Escándalo me causa a mí la falta de recibimiento y acogida por parte del cardenal a las víctimas y afectados y la falta de respuesta a nuestros escritos pidiendo ayuda», explicita.

Además, también condena la »falta de responsabilidad por parte de la Iglesia» con respecto a las HAM desde que se crearon, que ha permitido «que lleguemos a este nivel de idolatría a la superiora y sometimiento absoluto a ella», que ha derivado en «abusos de poder, de autoridad, psicológicos, emocionales, espirituales y sexuales». Unos abusos que «han ido creciendo año a año al verse Marimí y la asociación en un estado absoluto de impunidad y falta de supervisión». En ese sentido hay que recordar que cuatro meses antes de la primera denuncia, en junio de 2024, el arzobispado de Madrid había aprobado los estatutos definitivos de la asociación, sin detectar ningún problema en su funcionamiento.

La preocupación se extiende ahora a lo que ocurrirá ahora con la organización, una vez que se ha extinguido canónicamente. «¿Quién se va a hacer cargo real de las almas ahora? ¿Qué responsabilidad tiene ahora la Iglesia?

¿En qué medida la va a ejercer?», se pregunta Victoria. «Con lo que nos ha costado que investigaran a Marimí y a la asociación y ahora pegan este cerrojazo en el comisariado más corto de toda la historia de la Iglesia», añade. La ex HAM está convencida de que las que todavía son fieles a la fundadora «recurrirán el decreto y se reagruparán.

Estamos ante un Belorado segunda parte, y este va a ser peor», en referencia a que a partir de ahora la organización actuará sin ningún control fuera de la normativa eclesial. «Lo más probable es que tengan un funcionamiento autónomo, continuando su vida comunitaria ya fuera de la Iglesia católica, en modo secta», apostilla Luis Santamaría, que ha acompañado durante este tiempo a algunas de las que han dejado el grupo. «En estos casos se crea una falsa conciencia de ser el resto fiel a la voluntad de Dios, la verdadera Iglesia perseguida por una Iglesia católica que consideran falsa o infiltrada de enemigos de la fe», añade.

Santamaría, que es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), incide en el «desamparo en el que se encuentran las víctimas directas y sus familias». «Es cierto que un porcentaje importante de ellas serán reacias a aceptar cualquier tipo de ayuda, ya que no se autoperciben como víctimas, pero espero que el ofrecimiento del arzobispado de Madrid sea real en cuanto a la ayuda y apoyo multidisciplinar (sobre todo en los ámbitos psicológico y espiritual) que necesiten», explica. «Son personas que se han visto dañadas al ser captadas y manipuladas por un grupo que llevaba casi dos décadas, y hasta hace unos días, actuando de forma dañina bajo el amparo de la Iglesia».

En ese sentido, el decreto señala que el arzobispado de Madrid se pone a disposición de las personas que han pertenecido a las HAM para facilitarles «el acompañamiento que necesiten» y señala que los «bienes materiales de la asociación quedarán afectos a las responsabilidades derivadas de las terapias y necesidades de las víctimas». «Desconocemos los bienes que tiene la asociación, al menos a su nombre», explica Victoria, que en ese sentido duda de la efectividad de la medida. «Sé que tienen en propiedad el chalet adosado de la calle de los Arfe, que se pagaba con las donaciones de los laicos de Sevilla, desde que se vinieron a vivir a Madrid.

Pero no sabemos a nombre de quién está». Ninguno de los tres conventos que todavía ocupan las jóvenes que siguen fieles a Marimí les pertenece. El chalet en qué reside la mayoría en la localidad madrileña de Los Molinos está alquilado a una congregación religiosa; el monasterio de la Santísima Encarnación de Escalona pertenece al arzobispado de Toledo ; y el tercer grupo, se encuentra convento de las Carmelitas Descalzas de Carmona (Sevilla) , de la que son usuarias, pero no propietarias.

Por su parte, según Victoria, «los laicos están publicando en sus estados de WhatsApp un artículo [muy crítico con la supresión, el arzobispado de Madrid y la comisaria] de Jesús García y cerrando filas en torno a Marimí y la asociación». Son los mismos laicos que han dado refugio a fundadora durante el año de intervención, en el que ha estado expulsada de la organización, aunque eso no ha impedido que desobedeciera la orden y participara en muchos de los actos de la vida comunitaria. Más compleja es todavía la situación de los denominados Hermanos del Amor Misericordioso, que viven en un antiguo complejo hostelero reformado en Serranillos del Valle (Madrid) que no tenían vinculación canónica con la HAM, pero sí una fuerte dependencia espiritual, en especial de Marimí.

De hecho, es desde allí donde surge la denuncia que acaba desencadenando la investigación. La comunidad está formada en estos momentos por siete sacerdotes, cinco incardinados en la diócesis de Getafe y dos incorporados temporalmente bajo diversas formas jurídicas establecidas con sus respectivos obispos; dos diáconos y un grupo de seminaristas que se prepara para el sacerdocio. Desde el obispado de Getafe, que en su día suspendió la incorporación de nuevos seminaristas , explican que, sobre el futuro de este grupo tras la disolución de las HAM, se encuentran «pendientes de las órdenes que lleguen desde el Vaticano», en concreto desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la que se comunicado la situación.

La semana pasada, la Iglesia suprimió canónicamente una asociación pública de fieles. Lo que todavía está por ver es si también ha conseguido desactivar el fenómeno que la hizo posible. Las personas jurídicas pueden extinguirse mediante un decreto.

Mucho más difícil resulta romper los vínculos de obediencia, dependencia y pertenencia construidos durante casi dos décadas. Por eso, el reto que ahora tiene por delante el arzobispado de Madrid no es sólo reparar a quienes salieron dañados, sino evitar que la historia de abusos continúe fuera de la Iglesia bajo otra forma distinta.