Almaraz seguirá hasta 2030 sin la rebaja fiscal que las eléctricas exigían
El 14 de agosto de 2026 el Boletín Oficial del Estado prorrogó la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030, tres años más tarde de la fecha que sus propias dueñas habían firmado para cerrarla. Iberdrola, Endesa y Naturgy pasaron meses condicionando la continuidad de la planta a una rebaja de la fiscalidad nuclear. El Gobierno se la negó: la prórroga se concede, según la resolución, "sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica". Y las eléctricas dijeron que sí igualmente. Ese "sí" sin contrapartida es la pieza que conviene mirar de cerca, porque desmonta buena parte del relato.
Hay una tentación de leer esto como un capítulo más de la guerra cultural —nucleares sí, nucleares no—. Es la trampa. La pregunta que importa en economía no es de bandera, es de caja: ¿quién paga y quién cobra cuando una central amortizada sigue funcionando?
La paradoja de origen: pactaron cerrarla, ahora pelean por quedarse
En 2019, las tres propietarias firmaron con Enresa un protocolo que fijaba el cierre escalonado del parque nuclear español. Para Almaraz, las fechas eran noviembre de 2027 (unidad I) y octubre de 2028 (unidad II), en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. No fue una imposición del Gobierno contra la industria: lo pactaron las dueñas.
Seis años después, en octubre de 2025, esas mismas dueñas pidieron lo contrario: alargarla. La pregunta es obvia: ¿qué ha cambiado, las necesidades energéticas del país o la cuenta de resultados de sus propietarias? Porque una central de casi cuarenta años tiene una ventaja contable decisiva —está amortizada: la inversión original ya se pagó—. Cada megavatio que produce a partir de ahí es, en lo esencial, caja.
Qué es Almaraz, en cifras
Separemos el hecho del ruido. Almaraz tiene dos reactores de unos 1.049 y 1.045 MW (algo más de 2.000 MW en total), según el Consejo de Seguridad Nuclear. Es apenas un 1,4% de la potencia eléctrica instalada en España, pero produce en torno al 7% de la electricidad que consume el país —unos 15.000 GWh en 2025—. La diferencia entre esos dos porcentajes lo explica todo: la nuclear funciona casi sin parar, día y noche (lo que en el sector se llama energía de base), mientras que un parque solar o eólico solo genera cuando hay sol o viento. Poca potencia instalada, mucha energía real.
El accionariado, dato primario del CSN: Iberdrola 53%, Endesa 36% y Naturgy 11%. Tres de las grandes eléctricas del país, las mismas que fijan buena parte de la oferta en el mercado mayorista.
El envoltorio: "seguridad de suministro" y "empleo"
Cuando una medida contra —o a favor de— un interés se envuelve en palabras universales, nuestro trabajo es desenvolver el regalo. Aquí el envoltorio tiene dos etiquetas: seguridad de suministro y empleo en la comarca.
La primera no es un fantasma. Un informe de FEDEA advierte de que cerrar Almaraz obligaría a las centrales de gas a trabajar más en las horas sin sol, con más emisiones y más coste de suministro mientras el almacenamiento y la eólica no llegan a los objetivos previstos. Ese 7% de la demanda no se sustituye de un día para otro. Hasta aquí, el argumento de suministro tiene fundamento.
El problema es lo que viaja dentro del envoltorio.
El interés real: la fiscalidad
Sobre las nucleares pesan varias cargas: la tasa de Enresa (que financia la gestión de residuos y el desmantelamiento), un impuesto sobre el combustible nuclear gastado creado en 2012 y tributos autonómicos. Las eléctricas argumentan que esa factura fiscal erosiona la rentabilidad y que, como buena parte son costes fijos, cuantos más años operen, mejor se reparten. El razonamiento tiene lógica contable.
Pero conviene el matiz que aporta FEDEA: el impuesto de 2012 nació en plena crisis de deuda y pierde justificación cuando la central ya está amortizada; suprimirlo encarecería la factura doméstica en torno a un 1%, mucho menos que el sobrecoste de cerrar. Y aquí está el reverso: las eléctricas querían la prórroga y la rebaja. Han obtenido la prórroga sin la rebaja, y han aceptado seguir. Traducido: el discurso del "así no es rentable" era, sobre todo, una posición de negociación. Una central amortizada que cubre el 7% de la demanda sigue generando caja incluso con los impuestos actuales.
¿Baja tu factura? La capa del ciudadano
Segunda capa, la del bolsillo. Que Almaraz siga abierta no le devuelve nada directo al recibo del consumidor. Si algún día se recorta la fiscalidad nuclear, el ahorro va al margen de las eléctricas, no automáticamente a su factura, salvo que se traslade —y eso habría que verlo en la letra pequeña, no darlo por hecho—. El beneficio real para el ciudadano no es la rebaja de impuestos a las empresas: es evitar el gas más caro y las emisiones que traería el apagón nuclear. Son dos cosas distintas que interesa no mezclar.
La comarca, la capa que no se despacha
Tercera capa, y la más humana. El Campo Arañuelo, en Cáceres, depende de Almaraz para una parte relevante de su empleo directo e indirecto, en una Extremadura que además es exportadora neta de energía. No manejo aquí una cifra oficial de puestos que pueda dar por confirmada —y no la voy a inventar—, pero la dependencia laboral de la comarca es real y no se puede despachar como detalle. Que ese empleo sea rehén de la negociación fiscal entre Moncloa y las eléctricas es, precisamente, parte del problema.
¿A quién beneficia?
La prórroga sin rebaja deja un tablero claro. Las eléctricas ganan tres años más de una central amortizada que produce caja; no es poca cosa, aunque no hayan logrado el recorte fiscal. El Gobierno ha desactivado el farol —ha mantenido el suministro y contenido emisiones sin ceder recaudación—. Y los dos bandos que manipulan el debate quedan retratados: la derecha que blande Almaraz como arma identitaria contra el Ejecutivo, y las eléctricas que envuelven un interés fiscal en discurso de "seguridad" y "empleo".
La pelea no ha terminado: las propietarias ya han avisado de que seguirán reclamando un cambio de condiciones económicas para cualquier prórroga más allá de 2030. Cuando vuelvan a decir que solo se quedan si les bajan los impuestos —para "garantizar el suministro" y "salvar la comarca"—, quizá merezca la pena hacerse una sola pregunta: ¿de verdad va de megavatios, o va del balance?
Pablo Reina | Economía