El Supremo estudiará el censo de la 'ley de nietos' el 7 de septiembre en una vista pública

El Supremo estudiará el censo de la 'ley de nietos' el 7 de septiembre en una vista pública Justifica la decisión sobre las cautelares en la «relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas» planteadas por Iustitia Europa Piden al Supremo que impida el volcado «automático» del censo electoral beneficiado por la 'ley de nietos' Regala esta noticia Añádenos en Google Argentinos hacen cola en la Embajada de España en Buenos Aires. (Efe) Nati Villanueva Madrid 28/07/2026 a las 18:20h. El Tribunal Supremo ha convocado una vista pública para debatir las medidas cautelares que Iustitia Europa y Vox han solicitado contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que rechazó detener el censo de inscritos por la ley de nietos. En una providencia a ... la que ha tenido acceso ABC, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal convoca a las partes personadas a esta vista justificándola en la «relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas» planteadas.

El recurso, que ya ha sido admitido a trámite, se dirige contra el acuerdo de la JEC del16 de julio de 2026 que regula los efectos electorales de las nacionalizaciones tramitadas bajo el amparo de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, conocida como la ley de nietos. Como informó ABC, Iustitia Europa pidió al Supremo que paralizara la incorporación automática al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la ley de Memoria Democrática. En su escrito acusaba a la JEC de incurrir en una «dejación de funciones» al declararse incompetente para auditar y controlar el censo frente a las altas masivas y recordaba que la población española residente en el exterior ha crecido de forma extraordinaria sumando 156.036 nuevos inscritos en un solo año.

Para Iustitia Europa este incremento puede estar viciado por la aplicación de la Instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que amplió con creces las previsiones legales hasta el punto de crear una «presunción de exilio». Precisamente en la vía penal esta acusación también se ha querellado contra la autora de esta instrucción, Sofía Puente. El recurso de Iustitia Europa aludía además a la profunda división existente en el seno de la propia JEC, donde cuatro vocales, entre ellos dos magistrados del Supremo, firmaron un voto particular en el que sostienen de forma categórica que la administración electoral tiene la «obligación inexcusable» de impedir que el censo sea ampliado «contra legem», advirtiendo expresamente de que la inacción institucional podría provocar «efectos irreversibles».

Paralización del proceso Un día después que Iustitia Europa, Vox también solicitó al Supremo como medida cautelar la paralización del proceso de inscripción y alta automática en el CERA de cualquier persona que adquiera la nacionalidad por la vía de esta ley hasta que se dicte una sentencia. Advertía de que si no de detiene, se consolidarán situaciones jurídicas irreversibles. En su escrito Vox argumentaba que las directrices administrativas contravienen la ley y vulneran el artículo 23 de la Constitución Española, afectando la legalidad, igualdad y transparencia del derecho de sufragio.

Recordaba, además, que la desestimación de la JEC no fue unánime, ya que cuatro vocales, entre ellos dos magistrados del Supremo, discreparon de la mayoría en un voto particular en el que compartieron las advertencias de la formación política. Newsletter «Corresponde a la Administración Electoral velar de forma permanente por la pureza del proceso electoral, adoptando cuantas medidas resulten necesarias para prevenir riesgos que puedan comprometer la libertad, autenticidad o igualdad del sufragio. La protección del proceso electoral no exige únicamente reaccionar frente a fraudes ya consumados; exige igualmente prevenir aquellas situaciones en las que las garantías objetivas del sistema resulten insuficientes para preservar la confianza pública en el correcto desarrollo de las elecciones», señalaba en su escrito. comentarios Reportar un error El Supremo estudiará el censo de la 'ley de nietos' el 7 de septiembre en una vista pública Justifica la decisión sobre las cautelares en la «relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas» planteadas por Iustitia Europa Piden al Supremo que impida el volcado «automático» del censo electoral beneficiado por la 'ley de nietos' Regala esta noticia Añádenos en Google Argentinos hacen cola en la Embajada de España en Buenos Aires. (Efe) Nati Villanueva Madrid 28/07/2026 a las 18:20h.

El Tribunal Supremo ha convocado una vista pública para debatir las medidas cautelares que Iustitia Europa y Vox han solicitado contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que rechazó detener el censo de inscritos por la ley de nietos. En una providencia a ... la que ha tenido acceso ABC, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal convoca a las partes personadas a esta vista justificándola en la «relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas» planteadas. El recurso, que ya ha sido admitido a trámite, se dirige contra el acuerdo de la JEC del16 de julio de 2026 que regula los efectos electorales de las nacionalizaciones tramitadas bajo el amparo de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, conocida como la ley de nietos.

Como informó ABC, Iustitia Europa pidió al Supremo que paralizara la incorporación automática al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la ley de Memoria Democrática. En su escrito acusaba a la JEC de incurrir en una «dejación de funciones» al declararse incompetente para auditar y controlar el censo frente a las altas masivas y recordaba que la población española residente en el exterior ha crecido de forma extraordinaria sumando 156.036 nuevos inscritos en un solo año. Para Iustitia Europa este incremento puede estar viciado por la aplicación de la Instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que amplió con creces las previsiones legales hasta el punto de crear una «presunción de exilio».

Precisamente en la vía penal esta acusación también se ha querellado contra la autora de esta instrucción, Sofía Puente. El recurso de Iustitia Europa aludía además a la profunda división existente en el seno de la propia JEC, donde cuatro vocales, entre ellos dos magistrados del Supremo, firmaron un voto particular en el que sostienen de forma categórica que la administración electoral tiene la «obligación inexcusable» de impedir que el censo sea ampliado «contra legem», advirtiendo expresamente de que la inacción institucional podría provocar «efectos irreversibles». Paralización del proceso Un día después que Iustitia Europa, Vox también solicitó al Supremo como medida cautelar la paralización del proceso de inscripción y alta automática en el CERA de cualquier persona que adquiera la nacionalidad por la vía de esta ley hasta que se dicte una sentencia.

Advertía de que si no de detiene, se consolidarán situaciones jurídicas irreversibles. En su escrito Vox argumentaba que las directrices administrativas contravienen la ley y vulneran el artículo 23 de la Constitución Española, afectando la legalidad, igualdad y transparencia del derecho de sufragio. Recordaba, además, que la desestimación de la JEC no fue unánime, ya que cuatro vocales, entre ellos dos magistrados del Supremo, discreparon de la mayoría en un voto particular en el que compartieron las advertencias de la formación política.

Newsletter «Corresponde a la Administración Electoral velar de forma permanente por la pureza del proceso electoral, adoptando cuantas medidas resulten necesarias para prevenir riesgos que puedan comprometer la libertad, autenticidad o igualdad del sufragio. La protección del proceso electoral no exige únicamente reaccionar frente a fraudes ya consumados; exige igualmente prevenir aquellas situaciones en las que las garantías objetivas del sistema resulten insuficientes para preservar la confianza pública en el correcto desarrollo de las elecciones», señalaba en su escrito. comentarios Reportar un error Con GPS y asistente de voz para hablar sin móvil: el Huawei Watch GT6 aguanta 21 días sin cargar Alejandra Santisteban Guiu Héctor Latorre: «Para las mujeres, el atractivo físico no es imprescindible» Almudena Martín Jesús Calleja, sobre su hijo adoptivo: «Le encontré rodeado de ratas»

Borja Sánchez