Fin a un curso judicial marcado por las condenas al entorno de Sánchez y la sacudida del caso Zapatero

CRISIS MIGRATORIAHoras de máxima tensión entre migrantes y Policía en la frontera Agosto pone fin a un curso judicial marcado por las condenas al entorno de Sánchez y la sacudida del caso ZapateroEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un actoEuropa PressEscucha este artículoNacionalNoticia Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas. 01 ago 2026 - 07:46Pedro Buenaventura Añádenos en Google Elígenos como tu fuente preferida en Google.WhatsAppTwitterFacebookLinkedinTelegramBeloudCopiar URLCompartirMostrar comentariosDe la condena al fiscal general hasta el estallido del caso Zapatero, los hitos judiciales se han sucedido en un año frenético para los tribunales. Anticorrupción ve "evidente" que Zapatero ejerció su "capacidad de influencia" en "altos niveles de decisión"La afirmación ya era cierta hace exactamente un año, pero cobra aún más peso este 2026: la entrada de agosto pone fin al que hasta ahora ha sido el curso judicial más crítico para el Gobierno, el PSOE y el entorno personal del presidente Pedro Sánchez. En los últimos meses se han sucedido uno detrás de otro varios hechos inéditos que hacen de los tribunales la principal preocupación del Ejecutivo.

En la recta final del curso judicial llegó el estallido del caso Zapatero, que pasa de operar como un importante activo político para el PSOE a suponer otro dolor de cabeza para un Ejecutivo sumergido ya en un claro clima de precampaña.Ferraz afronta también con incertidumbre el caso Leire Díez, que revela precisamente el modus operandi con el que el PSOE ha reaccionado ante los diversos escándalos judiciales que le acechan. El juez que instruye el procedimiento sostiene que el partido financió una operación para "desestabilizar" las causas comprometedoras para el Ejecutivo. A partir de septiembre, deberá determinar hasta qué punto esa estrategia se circunscribió a Santos Cerdán o se puede atribuir directamente al PSOE en calidad de persona jurídica.

El curso judicial que culmina ahora se recordará no solo por las causas que han estallado en los últimos meses, también por las sentencias condenatorias a tres personas que guardan estrechos vínculos con el presidente del Gobierno. Son David Sánchez, hermano del líder del Ejecutivo, y dos hombres que ascendieron meteóricamente en sus carreras gracias a Sánchez: José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz. Tres condenas en un añoEn noviembre de 2025, Álvaro García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general del Estado condenado en la historia de la democracia, cuando aún permanecía en el cargo.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ampliamente discutida por el Gobierno, se publicó el 9 de diciembre. Señaló que García Ortiz "o alguien de su entorno", con su conocimiento, filtró el correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente cometió dos delitos de fraude fiscal. La Sala de lo Penal acordó condenar al fiscal general a dos años de inhabilitación para el ejercicio de ese cargo concreto, si bien García Ortiz dimitió en el momento en que conoció el fallo adelantado por el Supremo.Tras la condena del fiscal general del Estado llegaron el juicio del caso mascarillas y la sentencia histórica contra quien fue el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, estrechamente ligado a la carrera política de Pedro Sánchez desde los tiempos del Peugot 407.

El 22 de junio, José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La Sala de lo Penal dictó una pena de 19 años y ocho meses de cárcel para el exasesor de Ábalos, Koldo García. También suspendió la ejecución de la pena de cárcel impuesta a Víctor de Aldama, para enfado e indignación del Gobierno y el PSOE.

Semanas después llegó la condena de David Sánchez, hermano del presidente, por su enchufe en la Diputación de Badajoz. Junto a él fue condenado el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. El primero afronta la pena de 9 años de inhabilitación para el cargo público, mientras que la condena del segundo asciende a los 18 años de inhabilitación.

El Gobierno y el PSOE cuestionaron también esta decisión judicial, pues ve en esta y en otras causas un intento de "derribar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez por medios alternativos a las "urnas". Las investigaciones por concluirEn cualquier caso, lo realmente preocupante para Moncloa no son las sentencias dictadas en los últimos meses sino las causas abiertas que seguirán avanzando en los próximos meses o en los próximos años, sin duda durante más tiempo del que le queda a esta legislatura. El foco se centra por el momento en la Audiencia Nacional, que asume a día de hoy las principales investigaciones que comprometen al Ejecutivo.

En el Juzgado Central de Instrucción número 2, el juez Ismael Moreno instruye aún el caso Koldo. Se encarga de investigar a los implicados en el caso mascarilla que no fueron juzgados en el Tribunal Supremo; esto es, todos menos Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Indaga también en los presuntos amaños de obra pública que estuvieron presuntamente liderados por Santos Cerdán y reportaron grandes beneficios a Acciona.

E instruye en una pieza separada y declarada secreta los indicios de irregularidades en el manejo de efectivo dentro del Partido Socialista. No se sabe por el momento qué relevancia puede tener esta última parte de la investigación, de la que apenas se conoce extremo alguno. Sí es público que dentro de esta pieza separada Víctor de Aldama entregó hace meses un sobre proveniente de la petrolera venezolana PDVSA que, de acuerdo con el comisionista, contendría en su interior indicios de la financiación irregular del PSOE.

Hasta aquí lo que concierne al juez Ismael Moreno. Sus compañeros José Luis Calama —del Juzgado Central de Instrucción número 4— y Santiago Pedraz —del 5— dirigen otras causas importantes para el PSOE. El primero asumió el 3 de marzo el llamado caso Plus Ultra, pero lo mantuvo en secreto durante meses.

Hasta que acordó imputar formalmente a Zapatero como presunto cabecilla de una red de tráfico de influencias y ordenó a la UDEF que registrara el despacho del expresidente, lo que dio pie al hallazgo de sus joyas valoradas en 1,3 millones de euros. La instrucción de la causa contra el expresidente se encuentra aún en un estado muy incipiente y, por el momento, no ha hecho más que crecer. Tras la imputación por tráfico de influencias y blanqueo, el juez Calama le imputó también fraude fiscal y contrabando por el ajuar que guardaba en su caja fuerte.

Tres investigados han señalado a Zapatero por su mediación en favor del rescate de Plus Ultra, pero aún se desconoce sobre quién habría desplegado su influencia. También es incipiente la investigación de Santiago Pedraz contra Santos Cerdán, Leire Díez, la gerente del PSOE y otros por las supuestas operaciones de fontanería política presuntamente financiadas por Ferraz. El magistrado aún no ha tomado declaración a Cerdán ni a la gerente ni a la supuesta fontanera Leire Díez tras imputarles por el intento coordinado de "desestabilizar" las causas judiciales comprometedoras para el partido.

Tanto la instrucción que dirige Calama como la de Pedraz se reactivarán en cuanto llegue septiembre. Los días 7 y 8, el juez que investiga a Zapatero interrogará a dos ex altos cargos de Plus Ultra que han delatado por escrito al expresidente: el expresidente Julio Martínez Solá y el exCEO Roberto Roselli, ambos dimitidos a finales de julio. El 9 de septiembre declarará como investigada ante Santiago Pedraz la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por las supuestas facturas mendaces que realizó por encargo de Santos Cerdán para financiar las supuestas cloacas.

Conforme a los criterios de¿Por qué confiar en nosotros?Más información sobre:PSOETribunal SupremoAudiencia NacionalJosé Luis ÁbalosAlvaro García OrtizJosé Luis Rodríguez ZapateroLeire DíezPedro BuenaventuraRedactor '20minutos'Pedro Buenaventura es redactor en 20minutos desde 2022. Actualmente se especializa en el área de Tribunales, aunque ha abordado también asuntos de política nacional.PBAlbornoz en XPedro Buenaventura en Linkedin Mostrar comentarios Comentarios Agosto pone fin a un curso judicial marcado por las condenas al entorno de Sánchez y la sacudida del caso ZapateroEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un actoEuropa PressEscucha este artículoNacionalNoticia Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas. 01 ago 2026 - 07:46Pedro Buenaventura Añádenos en Google Elígenos como tu fuente preferida en Google.WhatsAppTwitterFacebookLinkedinTelegramBeloudCopiar URLCompartirMostrar comentariosDe la condena al fiscal general hasta el estallido del caso Zapatero, los hitos judiciales se han sucedido en un año frenético para los tribunales. Anticorrupción ve "evidente" que Zapatero ejerció su "capacidad de influencia" en "altos niveles de decisión"La afirmación ya era cierta hace exactamente un año, pero cobra aún más peso este 2026: la entrada de agosto pone fin al que hasta ahora ha sido el curso judicial más crítico para el Gobierno, el PSOE y el entorno personal del presidente Pedro Sánchez.

En los últimos meses se han sucedido uno detrás de otro varios hechos inéditos que hacen de los tribunales la principal preocupación del Ejecutivo. En la recta final del curso judicial llegó el estallido del caso Zapatero, que pasa de operar como un importante activo político para el PSOE a suponer otro dolor de cabeza para un Ejecutivo sumergido ya en un claro clima de precampaña.Ferraz afronta también con incertidumbre el caso Leire Díez, que revela precisamente el modus operandi con el que el PSOE ha reaccionado ante los diversos escándalos judiciales que le acechan. El juez que instruye el procedimiento sostiene que el partido financió una operación para "desestabilizar" las causas comprometedoras para el Ejecutivo.

A partir de septiembre, deberá determinar hasta qué punto esa estrategia se circunscribió a Santos Cerdán o se puede atribuir directamente al PSOE en calidad de persona jurídica. El curso judicial que culmina ahora se recordará no solo por las causas que han estallado en los últimos meses, también por las sentencias condenatorias a tres personas que guardan estrechos vínculos con el presidente del Gobierno. Son David Sánchez, hermano del líder del Ejecutivo, y dos hombres que ascendieron meteóricamente en sus carreras gracias a Sánchez: José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz.

Tres condenas en un añoEn noviembre de 2025, Álvaro García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general del Estado condenado en la historia de la democracia, cuando aún permanecía en el cargo. La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ampliamente discutida por el Gobierno, se publicó el 9 de diciembre. Señaló que García Ortiz "o alguien de su entorno", con su conocimiento, filtró el correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente cometió dos delitos de fraude fiscal.

La Sala de lo Penal acordó condenar al fiscal general a dos años de inhabilitación para el ejercicio de ese cargo concreto, si bien García Ortiz dimitió en el momento en que conoció el fallo adelantado por el Supremo.Tras la condena del fiscal general del Estado llegaron el juicio del caso mascarillas y la sentencia histórica contra quien fue el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, estrechamente ligado a la carrera política de Pedro Sánchez desde los tiempos del Peugot 407. El 22 de junio, José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La Sala de lo Penal dictó una pena de 19 años y ocho meses de cárcel para el exasesor de Ábalos, Koldo García.

También suspendió la ejecución de la pena de cárcel impuesta a Víctor de Aldama, para enfado e indignación del Gobierno y el PSOE. Semanas después llegó la condena de David Sánchez, hermano del presidente, por su enchufe en la Diputación de Badajoz. Junto a él fue condenado el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

El primero afronta la pena de 9 años de inhabilitación para el cargo público, mientras que la condena del segundo asciende a los 18 años de inhabilitación. El Gobierno y el PSOE cuestionaron también esta decisión judicial, pues ve en esta y en otras causas un intento de "derribar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez por medios alternativos a las "urnas". Las investigaciones por concluirEn cualquier caso, lo realmente preocupante para Moncloa no son las sentencias dictadas en los últimos meses sino las causas abiertas que seguirán avanzando en los próximos meses o en los próximos años, sin duda durante más tiempo del que le queda a esta legislatura.

El foco se centra por el momento en la Audiencia Nacional, que asume a día de hoy las principales investigaciones que comprometen al Ejecutivo. En el Juzgado Central de Instrucción número 2, el juez Ismael Moreno instruye aún el caso Koldo. Se encarga de investigar a los implicados en el caso mascarilla que no fueron juzgados en el Tribunal Supremo; esto es, todos menos Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Indaga también en los presuntos amaños de obra pública que estuvieron presuntamente liderados por Santos Cerdán y reportaron grandes beneficios a Acciona. E instruye en una pieza separada y declarada secreta los indicios de irregularidades en el manejo de efectivo dentro del Partido Socialista. No se sabe por el momento qué relevancia puede tener esta última parte de la investigación, de la que apenas se conoce extremo alguno.

Sí es público que dentro de esta pieza separada Víctor de Aldama entregó hace meses un sobre proveniente de la petrolera venezolana PDVSA que, de acuerdo con el comisionista, contendría en su interior indicios de la financiación irregular del PSOE. Hasta aquí lo que concierne al juez Ismael Moreno. Sus compañeros José Luis Calama —del Juzgado Central de Instrucción número 4— y Santiago Pedraz —del 5— dirigen otras causas importantes para el PSOE.

El primero asumió el 3 de marzo el llamado caso Plus Ultra, pero lo mantuvo en secreto durante meses. Hasta que acordó imputar formalmente a Zapatero como presunto cabecilla de una red de tráfico de influencias y ordenó a la UDEF que registrara el despacho del expresidente, lo que dio pie al hallazgo de sus joyas valoradas en 1,3 millones de euros. La instrucción de la causa contra el expresidente se encuentra aún en un estado muy incipiente y, por el momento, no ha hecho más que crecer.

Tras la imputación por tráfico de influencias y blanqueo, el juez Calama le imputó también fraude fiscal y contrabando por el ajuar que guardaba en su caja fuerte. Tres investigados han señalado a Zapatero por su mediación en favor del rescate de Plus Ultra, pero aún se desconoce sobre quién habría desplegado su influencia. También es incipiente la investigación de Santiago Pedraz contra Santos Cerdán, Leire Díez, la gerente del PSOE y otros por las supuestas operaciones de fontanería política presuntamente financiadas por Ferraz.

El magistrado aún no ha tomado declaración a Cerdán ni a la gerente ni a la supuesta fontanera Leire Díez tras imputarles por el intento coordinado de "desestabilizar" las causas judiciales comprometedoras para el partido. Tanto la instrucción que dirige Calama como la de Pedraz se reactivarán en cuanto llegue septiembre. Los días 7 y 8, el juez que investiga a Zapatero interrogará a dos ex altos cargos de Plus Ultra que han delatado por escrito al expresidente: el expresidente Julio Martínez Solá y el exCEO Roberto Roselli, ambos dimitidos a finales de julio.

El 9 de septiembre declarará como investigada ante Santiago Pedraz la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por las supuestas facturas mendaces que realizó por encargo de Santos Cerdán para financiar las supuestas cloacas. Conforme a los criterios de¿Por qué confiar en nosotros?