La 'ley de los burkas' que Portugal no necesitaba

El presidente de Portugal, António José Seguro, promulgó este martes la ley que prohíbe cubrirse el rostro en los espacios públicos. La conocen ya como la *ley de los burkas*, y ese apodo lo dice casi todo. No la impulsó una oleada de inseguridad ni un debate ciudadano sobre la convivencia: la parió **Chega**, el partido ultraderechista de André Ventura, que durante el trámite parlamentario no se molestó en disimular el objetivo. Sus palabras, recogidas en el debate previo, fueron nítidas: se trataba de "impedir que las mujeres anden con burka por Portugal".

Conviene detenerse en ese punto de partida, porque explica el resto. La norma se aprobó el 17 de julio con los votos de la derecha, incluido el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha). Es decir: una iniciativa de la extrema derecha acabó convertida en ley de Estado con el respaldo del centro. No es la primera vez que ocurre en Europa, y ese es precisamente el patrón que merece análisis.

## De la cárcel a la multa: el maquillaje de una norma

El proyecto original de Chega contemplaba **penas de hasta tres años de prisión** para quien se cubriera el rostro. El texto final rebaja la sanción a multas de hasta 750 euros por negligencia y 3.000 por dolo, e introduce excepciones: motivos sanitarios, profesionales, instalaciones diplomáticas y lugares de culto. Durante la tramitación, además, el discurso mutó: de "prohibir el burka" se pasó a hablar de "seguridad y orden público".

Ese desplazamiento del lenguaje no es inocente. Es el mismo movimiento que hemos visto en toda Europa: se enuncia una medida contra una minoría concreta y luego se envuelve en un papel de regalo universal —la seguridad, la igualdad de género, la convivencia— para que resulte presentable. Francia lo hizo en 2010; Bélgica en 2011; después llegaron Austria, Dinamarca, los Países Bajos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la prohibición francesa en 2014 apelando a un concepto tan elástico como discutible: el *vivre ensemble*, el "vivir juntos". Seguro ha invocado esa misma jurisprudencia y ha añadido que el rostro es "central a la identidad y a la comunicación humana".

Son argumentos serios y merecen respeto. Pero hay una pregunta que ninguna proclama presidencial responde: **¿cuántas mujeres llevan velo integral en Portugal?** La respuesta incómoda es que se cuentan, como mucho, por decenas en un país de diez millones de habitantes. La comunidad musulmana portuguesa es minúscula y está entre las mejor integradas del continente. Legislar con este aparato solemne contra un fenómeno casi inexistente tiene un nombre técnico en ciencia política: **legislación simbólica**. Se produce una ley no para resolver un problema, sino para enviar un mensaje.

## ¿A quién beneficia?

Y aquí está el ángulo que a ReversoDigital le interesa. Si la norma no resuelve un problema real de seguridad —porque no lo hay—, ¿para qué sirve? Sirve, sobre todo, a quien la propuso. Chega convierte un gesto sin coste práctico en un trofeo político: ha marcado la agenda, ha arrastrado al PSD a su terreno y ha normalizado que la extrema derecha dicte qué pueden vestir las ciudadanas. El centro, al votar a favor, ha comprado la premisa de que existe una amenaza que combatir. Ese es el verdadero beneficio: no la seguridad de nadie, sino la legitimación de un marco.

Hay una paradoja que conviene señalar. En nombre de la libertad y la igualdad de la mujer, el Estado decide por ella qué puede ponerse en la cara. Se puede compartir sinceramente el rechazo al velo integral —que a menudo simboliza sumisión— y a la vez desconfiar de un Estado que multa a una mujer por cómo se viste. La emancipación no suele llegar por decreto ni por sanción administrativa; llega por educación, por trabajo, por autonomía económica. Una multa de 3.000 euros a una mujer que ya vive en los márgenes no la libera: la empuja aún más lejos de la calle.

Portugal tenía problemas reales sobre la mesa —vivienda, sanidad, precariedad—. Ha preferido dedicar su energía legislativa a un fantasma. Cuando un país legisla contra lo que casi no existe, casi siempre es porque alguien ha decidido que ganar el relato importa más que gobernar la realidad. Esa es la noticia detrás de la noticia.