500 niñas, 27 plazas: la aritmética que la política de Ceuta no quiere mirar

El Ministerio de Juventud e Infancia ultima el traslado a la península de unas 500 niñas migrantes que quedaron en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio. Se activa la ley de reparto de 2025 mientras once comunidades la recurren y Bruselas exige retornos. Pero el dato que casi nadie pone en el titular es otro: la ciudad tiene capacidad legal para tutelar a 27 menores, y atiende a más de 1.500.

Qué ha pasado, sin adjetivos

Los hechos primero. Entre el 30 y el 31 de julio, según Interior, unas 72.000 personas cruzaron a Ceuta en dos días —cifra provisional por el caos de aquellas horas— y más de 48.000 regresaron a Marruecos casi de inmediato. Coincidió con la Fiesta del Trono marroquí, que aligera la vigilancia en la orilla de enfrente, y con una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre el rechazo en frontera que las redes de tráfico difundieron a su manera.

De aquella marea quedaron los menores. Se identificaron 1.898 en los primeros días; unos 1.500 estaban dentro del sistema de protección el 13 de agosto, según Save the Children, y esa misma organización estima que hasta 4.000 seguían fuera, sin localizar ni derivar.

Sobre esa foto, el Ministerio de Juventud e Infancia —con su secretario de Estado, Rubén Pérez, desplazado a la ciudad— prepara el traslado a la península de unas 500 niñas, empezando por los perfiles más vulnerables. "La cifra puede variar durante el proceso", matizan fuentes del departamento. La primera noche, 96 durmieron ya en un centro habilitado. Cálculo del dispositivo: entre uno y dos meses.

La ley que casi nadie ha leído

Conviene ir a la fuente primaria y no al titular ajeno. El traslado se apoya en el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería para convertir el reparto de menores no acompañados —hasta entonces fruto de negociación política caso a caso— en un mecanismo vinculante y solidario. Y en el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que fija la "capacidad ordinaria" de cada territorio.

Esa cifra lo cambia todo. El BOE asigna a Ceuta una capacidad ordinaria de 27 plazas. Veintisiete. Andalucía tiene 2.827; Cataluña, 2.650; Madrid, 2.325. El sistema se declara en "contingencia migratoria extraordinaria" cuando un territorio triplica su capacidad. Ceuta no la triplica: la multiplica por más de cincuenta.

Traducido: una ciudad de apenas 85.000 habitantes tutela a más menores solos que comunidades enteras de millones de personas. No es que el sistema de Ceuta esté saturado; es que no existe sistema local capaz de absorber eso. El reparto, guste o no a las autonomías, no es una consigna ideológica. Es aritmética.

El victimismo y el alarmismo, dos espejos deformantes

El mismo día, dos titulares sobre la misma noticia. Uno: "el Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes". Otro: "el Gobierno inicia con 500 niñas el traslado de parte de los invasores de Ceuta". La misma realidad, dos universos.

El primero las convierte en víctimas puras, sin más contexto que su fragilidad. El segundo, en avanzadilla de una "invasión". Ninguno de los dos informa: uno emociona, el otro asusta. Son niñas —hecho— que han llegado en una crisis provocada por adultos, redes de tráfico y una frontera que se abre y se cierra a conveniencia de un tercer país —hecho también—. Ni ángeles ni ariete: son menores bajo tutela del Estado español, con derechos reconocidos por ley. Reducirlas a un símbolo, del signo que sea, es dejar de contarlas.

¿A quién beneficia el titular de las "500 niñas"?

Y aquí la pregunta de la casa. El traslado beneficia, evidentemente, a las 500 niñas que salen de un hacinamiento que los sindicatos describen como condiciones "que rozan lo inhumano". Pero el encuadre —el foco cerrado en "las 500 niñas", no el hecho del traslado— reparte réditos en varias direcciones.

Al Gobierno le viene de cara: humaniza una crisis incómoda, exhibe su propia ley de solidaridad funcionando y elige la imagen menos discutible posible —niñas vulnerables— para un traslado que, protagonizado por varones de dieciséis años, media España recibiría a gritos. De paso, 500 sobre 1.500 identificados es un tercio; de los cerca de 4.000 estimados fuera del sistema no se habla apenas. El resto sigue en Ceuta.

A la oposición le sirve el marco contrario: el reparto "forzoso e ilegal" alimenta la batalla territorial. Once comunidades del PP —y Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page— han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional; Madrid acumula tres recursos ante el Supremo por invasión de competencias. La foto de las niñas se convierte en munición para un pleito que va mucho más allá de ellas.

Y a Bruselas, que por boca de la Comisión insiste en que "todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", le conviene señalar la Directiva de Retorno y no el matiz jurídico incómodo: a un menor no acompañado no se le "retorna" como a un adulto, porque el interés superior del menor pesa por encima de la frontera. Ese detalle rara vez cabe en el titular.

Pero el gran beneficiado no aparece en ninguna portada española. Quien decide si la verja de Ceuta se llena o se vacía no está en Madrid: está en Rabat. La entrada del 30 de julio coincidió con la Fiesta del Trono y llegó diez días después del acercamiento de Pedro Sánchez a Argelia, rival de Marruecos en el conflicto del Sáhara. La inteligencia española concluyó que Marruecos "permitió" la avalancha, aunque no la planeara. Cada vez que discutimos si las niñas van a Madrid o a Sevilla, dejamos de mirar a quien abre y cierra el grifo. Ese es el reverso.

Qué vigilar a partir de ahora

Tres frentes. El judicial: si el Constitucional avala el reparto, el pulso de las autonomías se desinfla; si lo tumba, España vuelve a la casilla de la negociación caso a caso, con Ceuta desbordada otra vez y sin herramienta legal. El operativo: 500 es un ensayo; el termómetro real serán los otros mil menores identificados y los miles sin identificar, para los que aún no hay plan cerrado. Y el diplomático, el que de verdad manda: mientras la frontera sur dependa del humor de Marruecos, cualquier acogida —vinculante o voluntaria— será siempre un parche aguas abajo de un grifo que abre otro.

La pregunta para el lector no es si 500 niñas deben ir a la península. Deben, y la ley obliga. La pregunta es por qué seguimos discutiendo con quién se reparten los que ya han entrado, y casi nunca quién decide cuántos entran.

Carmen Vega | Madrid