Ceuta convertida en argumento: quién gana con las concentraciones del 2-S
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España el 2 de septiembre a las 20:00 horas, Día de Ceuta, "como muestra de solidaridad" con la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. Más de 260 municipios se han sumado. Y el PSOE ha decidido no respaldarlas. La foto está servida; el problema, no tanto.
Conviene empezar por los hechos, que es lo que menos abunda estos días.
Los hechos, sin adjetivos
La FEMP, presidida por María José García-Pelayo —alcaldesa de Jerez y dirigente del PP—, difundió el 25 de agosto un comunicado convocando las concentraciones "en la puerta de los consistorios". El mismo texto anuncia que la próxima Junta de Gobierno de la Federación, en septiembre, se celebrará en Ceuta. En palabras de su presidenta, "Ceuta está en la UCI".
El detonante es real: entre el 30 y el 31 de julio se produjo una entrada masiva de personas desde Marruecos. Sobre las cifras hay que ser prudente, porque es justo donde el relato se dispara. En lo relativo a los menores no acompañados —el nudo del conflicto— la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró a comienzos de agosto en unos 1.340 los que ya habían sido incorporados al sistema de protección en Ceuta; la propia Ciudad Autónoma maneja un dato en torno a 1.400. La progresión da la medida del golpe: de poco más de 200 a mediados de julio se pasó a más de mil en apenas tres semanas. Y aquí conviene retener el número exacto, porque es justo donde otros lo inflan: los redondeos al alza —"2.000", "4.000"— circulan estos días sin que ningún organismo los respalde, y conviene tomarlos con pinzas hasta que se confirmen.
El marco legal también es verificable. El reparto de menores entre comunidades no es una ocurrencia de agosto: un real decreto-ley ratificado por el Congreso en abril de 2025 estableció distribuciones obligatorias cuando los servicios de acogida de un territorio se saturan en situaciones migratorias extremas. Y la "capacidad ordinaria" del sistema de protección —fijada por primera vez en el Real Decreto 743/2025 y actualizada este año por el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio— marca cuántos menores puede absorber cada territorio. Varias autonomías del PP y Vox —Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Madrid y Cantabria— acudieron a finales de julio al Tribunal Supremo para frenar los traslados; un año después de los primeros recursos, ninguno ha recibido aún pronunciamiento. Tres de esas autonomías (Aragón, Castilla y León y Extremadura) ni siquiera acudieron a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia del 27 de agosto, donde se aprobó un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención y escolarización de esos menores.
Hasta aquí, lo comprobable. Ahora, el reverso.
La orden que no se firma
El PSOE ha resuelto no sumarse a las concentraciones. En Andalucía, la secretaria general socialista, María Jesús Montero, lo argumentó así: la solidaridad con Ceuta "no está en cuestión, pero el municipalismo no puede ser instrumentalizado". La acusación es que García-Pelayo —y el presidente de la Federación andaluza, el también popular José María Bellido— han convocado "unilateralmente", sin pasar por los órganos de gobierno de la FEMP.
Análisis. Aquí hay dos maniobras simétricas, y ninguna huele a institución neutral. Una federación de municipios que debería hablar con la voz de más de ocho mil ayuntamientos convoca un acto de presión política sin acreditar el respaldo de su Junta de Gobierno: eso es usar el paraguas del municipalismo para una causa de parte. Y un partido que responde disciplinando a sus alcaldes para que no aparezcan en la foto está admitiendo, de paso, que la foto le hace daño. El PSOE no discute la solidaridad; discute quién se apunta el tanto. Son dos aparatos peleándose por la titularidad de un mismo escaparate.
El lenguaje también es política
"Avalancha", "llegada masiva", "reparto": cada palabra viene ya cargada. Merece la pena medir. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, calificó de "deportación de niños y niñas sin garantías" la propuesta del PP de devolver menores, y la tachó de ilegal. El PP, a su vez, exige explicaciones por el aumento de entradas. Los dos bandos administran el mismo material —niños tutelados— en direcciones opuestas: unos para exhibir humanidad, otros para exhibir firmeza.
Análisis. El detalle que casi nadie subraya: la propia Plataforma de Profesionales del Sector Social, gente que trabaja sobre el terreno con esos menores, ha rechazado las concentraciones de la FEMP por "irresponsables". Cuando quienes atienden el problema piden que no lo conviertan en mitin, algo dice sobre para qué sirve realmente el acto.
Un guion que ya conocemos
No es la primera vez. En mayo de 2021, más de 10.000 personas cruzaron a Ceuta en apenas dos días cuando Marruecos relajó la vigilancia fronteriza, en plena crisis diplomática con Madrid. Entonces también hubo indignación, cifras y reproches cruzados. La frontera sur lleva años funcionando como palanca —de Rabat hacia España, y de los partidos hacia sus urnas—. Cada oleada se traduce, casi mecánicamente, en munición parlamentaria. Cambian los nombres; el mecanismo es el mismo.
¿A quién beneficia?
Los migrantes hacinados no ganan nada con una concentración frente a un ayuntamiento de Cuenca. Los ceutíes desbordados tampoco: seguirán igual el día 3. Ganan, en cambio, las maquinarias. El PP y la FEMP obtienen 260 estampas de indignación coordinada. El PSOE evita mostrar sus grietas internas —porque las tiene: el propio Emiliano García-Page ha cargado contra la gestión de Sánchez— a base de disciplinar a sus alcaldes. Y todos consiguen hablar de Ceuta sin hablar de lo único que resolvería el atasco: firmar de una vez los convenios de acogida que la ley ya obliga a firmar.
Quizá la pregunta no sea si hay que solidarizarse con Ceuta —eso es fácil y gratis—. La pregunta incómoda es otra: si de verdad se tratara de los menores, ¿harían falta 260 concentraciones, o bastaría con 17 firmas?
Carmen Vega | Madrid