Un mando único para Ceuta un mes tarde: ¿seguridad o relato?

El Gobierno declaró este 25 de agosto la "situación de interés para la seguridad nacional" en Ceuta, casi un mes después del asalto de finales de julio. Por real decreto nombra un mando único —el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres— para coordinar once ministerios, y requisa cinco polideportivos de la ciudad hasta el 31 de diciembre. La pregunta no es si hacía falta orden en el caos, sino qué cambia realmente para Ceuta con este decreto y qué solo cambia en el relato.

Conviene empezar por lo que dice la norma, porque de ahí cuelga todo lo demás. La situación de interés para la seguridad nacional la crea la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. No es el estado de alarma ni el de excepción: la propia ley aclara que en esta figura no se ejercen las potestades de esos estados constitucionales. Lo que habilita es una "coordinación reforzada" de las administraciones bajo la dirección del Gobierno, la posibilidad de integrar recursos públicos y privados, y la designación de una autoridad funcional. Se declara por real decreto del presidente y obliga a informar al Congreso de las medidas, aunque sin someterlas a votación.

Traducido: no es un poder excepcional nuevo, es un paraguas para mandar sobre competencias que ya existían pero estaban repartidas. Y ahí aparece el primer matiz que ningún bando subraya.

Un mando único para ordenar lo que ya se podía ordenar

Torres —cuyo cargo exacto es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática— asume la coordinación de once ministerios a través de un órgano de mando único junto a la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ejecutivo ceutí. Ha pedido comparecer en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso para explicar sus planes.

Análisis: que se necesite un real decreto y una figura de la Ley de Seguridad Nacional para que once ministerios se hablen entre sí dice más del punto de partida que del destino. La coordinación interministerial no requería, en teoría, activar este mecanismo: existen la Delegación del Gobierno, los protocolos de emergencia y el reparto competencial ordinario. Si se ha llegado hasta aquí es porque durante casi un mes esa coordinación no funcionó, o no bastó. La securitización, entonces, no llega solo a resolver: llega a certificar que antes no había mando claro. ¿A quién beneficia ese reconocimiento envuelto en decreto? Al Gobierno, que recupera la iniciativa y el relato de "ya está controlado" tras semanas a la defensiva.

Los números que no cuadran (y no es un detalle)

Aquí es donde el periodismo tiene que desenvolver el regalo, venga el papel del color que venga. Las cifras del asalto del 30-31 de julio no son firmes y conviene decirlo:

• El Ministerio del Interior habló de "alrededor de 72.000 personas" que accedieron irregularmente.
• El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la rebajó a "unas 60.000".
• La estimación de la primera jornada rondaba las 49.000 en 24 horas.
• Parte de la prensa manejó 50.000 e incluso 80.000.

Son estimaciones provisionales, admitidas como tales por la "rapidez y el carácter desordenado de los cruces". Pero el baile de decenas de miles no es cosmético: sobre esa base se construye el relato del "todos han vuelto". Interior afirmó que 48.300 de las aproximadamente 50.000 personas contabilizadas habían regresado a Marruecos, "sujeto a revisión". Nótese el salto: el retorno se calcula sobre 50.000, no sobre los 72.000 que el propio ministerio citó como entradas. Análisis: con esa aritmética, el "casi todos han vuelto" es un titular que se sostiene solo si se elige la cifra base más baja. No es mentira comprobada; es un dato que no cuadra consigo mismo, y eso el lector merece saberlo.

Lo mismo con los menores no acompañados: se han dado 1.400, 1.898 y "alrededor de 1.500" (Save the Children) casi en las mismas fechas. Vivas cifró la ocupación de los recursos para menores en el 2.400% de su capacidad ordinaria. El CETI, con 512 plazas, llegó a albergar en torno a 1.000 personas y otras tantas quedaron fuera. Esos porcentajes sí son el problema real, y no dependen de qué bando los cuente.

El "dice que dijo" que esta vez sí importa

Interior y Defensa se desmienten sobre el CNI. Fernando Grande-Marlaska (Interior) sostiene que no recibió "ningún informe ni aviso" que anticipara una entrada de esas dimensiones. Margarita Robles (Defensa) defiende el trabajo de los servicios de inteligencia y sitúa avisos previos a la Delegación del Gobierno. Fuentes del propio CNI, según la Cadena SER, aseguran haber remitido "varios avisos a Interior". La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cerró filas con la tesis de que no hubo informe "que advirtiera de la magnitud".

Análisis: esto no es cotilleo de pasillo. Marlaska ha ofrecido la salida: distinguir entre el seguimiento ordinario de la frontera y una alerta específica sobre una avalancha. Puede que ambas cosas sean ciertas a la vez. Pero la contradicción pública entre dos ministerios sobre qué sabía el Estado y qué hizo con esa información es exactamente lo que un mando único llega a tapar. La foto de coordinación de hoy no responde a la pregunta de por qué el 30 de julio no hubo coordinación.

Polideportivos hasta fin de año: el coste que sí toca al ceutí

El decreto obliga a la ciudad a ceder cinco instalaciones deportivas cubiertas —Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz Flor, estas dos con piscina climatizada— hasta el 31 de diciembre, prorrogables. El Gobierno aporta a cambio siete descampados y edificios obsoletos. Esas instalaciones dan servicio a unos 3.000 deportistas, en su mayoría menores, además de programas para mayores de 60 años y de salud.

Análisis: aquí está el impacto concreto en la gente normal, que es la brújula de este oficio. La acogida de emergencia es una obligación legal y humanitaria innegociable. Pero convertir por decreto los pabellones de una ciudad pequeña en alojamiento hasta Nochevieja tiene un precio que pagan vecinos que no provocaron la crisis: niños ceutíes sin cancha, mayores sin su programa. Decirlo no es criminalizar a nadie; es contar que la factura de la improvisación se reparte, y no precisamente entre quienes tomaron —o no tomaron— las decisiones en julio.

¿A quién beneficia?

Desenvolvamos las dos palabras estrella. "Seguridad nacional": suena a blindaje, pero aquí significa sobre todo coordinar lo descoordinado y poder echar mano de recursos ajenos. "Normalidad" y "crisis zanjada": descansan sobre cifras que el propio Gobierno no ha estabilizado. Y desde la otra orilla, "invasión" y "agresión" pintan como acto de guerra lo que las cifras describen como un flujo masivo, caótico y en su mayoría ya retornado. Ninguna de las dos envolturas resiste que se le quite el papel.

La presión migratoria en la frontera sur es real y estructural; no es un fantasma. Pero este real decreto no la aborda: administra sus efectos y, sobre todo, administra la imagen. Beneficia a un Gobierno que recupera el mando del relato tras un mes a la contra, y ofrece a la oposición la munición del "un mes tarde". El ceutí, mientras, se queda sin polideportivo y sin saber qué supo el Estado el 30 de julio.

Qué vigilar a partir de ahora

Tres cosas. Primero, la tramitación y el control parlamentario: qué explica Torres en el Congreso y si se concretan medios y plazos, o si el decreto se queda en organigrama. Segundo, las cifras definitivas de entradas, retornos y menores: cuando dejen de ser "provisionales", sabremos si el "todos han vuelto" era dato o eslogan. Y tercero, el 31 de diciembre: si los pabellones vuelven al deporte o la "situación de interés" se prorroga y lo excepcional se vuelve rutina. Porque la pregunta de fondo sigue en pie: ¿ha cambiado algo para Ceuta, o solo ha cambiado quién cuenta la historia?

Carmen Vega | Madrid