Vivienda social sobre suelo tóxico: quién se ahorra descontaminar Los Mateos
El Ayuntamiento de Cartagena adquirió el 8 de junio de 2023 un solar en el barrio de Los Mateos —contaminado con metales pesados hasta cuatro metros de profundidad— para construir 40 viviendas de alquiler social con fondos europeos. Los dos informes técnicos que advertían del peligro son anteriores a la compra. Tres años después, la parcela está bajo investigación de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica y la Fiscalía Anticorrupción, y los vecinos siguen esperando un análisis de sangre.
Hay noticias que se leen como una crónica de sucesos y otras que, envueltas en papel de regalo, conviene desenvolver despacio. Esta es de las segundas. La etiqueta dice "vivienda social" y "regeneración de barrio". Debajo hay una pregunta que nadie en las administraciones implicadas ha querido responder con claridad: ¿a quién beneficia que ese suelo siga sin descontaminarse del todo y acabe destinado, precisamente, a quienes menos margen tienen para elegir dónde viven?
Los datos que constan
La compra la aprobó el 8 de junio de 2023 el consejo de administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, entonces presidida por la vicealcaldesa Ana Belén Castejón, según el acuerdo recogido por Murcia Plaza. El precio: 437.279 euros, con una "quita" de 200.000 euros vinculada a futuros trabajos de limpieza. Sobre esas seis parcelas —2.341 metros cuadrados de suelo, casi 3.300 edificables— iban a levantarse 40 viviendas de alquiler social financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; es decir, fondos Next Generation de la Unión Europea.
El problema es lo que había bajo tierra. Un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), fechado en marzo de 2023, advertía de la "urgente necesidad de descontaminar" por las altas concentraciones de metales pesados. En mayo de 2023, un análisis de riesgos de la empresa Hera Holding concluyó que los residuos suponían un "peligro no aceptable" para la salud de los vecinos y cifró el coste de descontaminación en 540.000 euros. Los contaminantes detectados: plomo, cadmio, mercurio, arsénico y zinc.
Conviene separar el hecho de la interpretación. El hecho, verificado por varias fuentes, es que ambos informes son anteriores a la compra del 8 de junio. Que la operación se cerrara con esos papeles ya sobre la mesa —y a pocos días de las elecciones municipales— es un dato duro. Si el comprador leyó o no esos informes es intención, y eso todavía lo dirá la instrucción judicial. Pero la cronología no admite discusión.
El coste que alguien se ahorró
Aquí está el reverso. Descontaminar cuesta dinero y reparte responsabilidades. El presupuesto de limpieza rondaba, según Hera, los 540.000 euros. El descuento aplicado a la compra por esos "futuros trabajos" fue de 200.000. La diferencia —esos 340.000 euros de más, como mínimo— no desaparece: la asume alguien, más tarde, o no la asume nadie y el suelo se queda como está. Un solar limpio vale más y obliga a gastar antes; un solar tóxico se compra barato y traslada el problema al futuro. Y el futuro, en este caso, tiene nombre y dirección: familias de renta baja a las que se les ofrece un alquiler social.
A ese cálculo se suma una torpeza cara. En julio de 2025, según Murcia Plaza, el proyecto perdió 1,6 millones de euros de subvención europea por incumplir los plazos. Fondos públicos evaporados sobre un suelo que seguía sin limpiar.
Una lona contra el arsénico
Mientras el expediente avanzaba en los despachos, el barrio respiraba. El responsable de comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío, denunció que "todo lo que protege a los vecinos de estos residuos es una verja endeble y una lona de plástico que ni siquiera cubre una tierra que se está dispersando con el viento". Las viviendas más próximas están a unos 50 metros de los acopios; un colegio, a 200. La formación cifra la contaminación —a partir de los informes citados— en niveles de hasta 2.600 veces superiores a los de referencia; es un dato atribuido, no una medición propia de este medio, y así debe leerse.
La cara sanitaria es la más incómoda. La diputada regional María Marín (Podemos) reclamó a la Consejería de Salud analíticas públicas de sangre y orina para los vecinos expuestos. Según su denuncia, el Servicio Murciano de Salud se niega a hacerlas y "empuja" a los afectados a la sanidad privada. Es una acusación de parte, no una resolución oficial; la CARM, competente en salud pública y en suelos contaminados, no ha ofrecido versión que contradiga ese relato.
Cartagena, un pasivo que viene de lejos
Nada de esto ocurre en el vacío. Cartagena arrastra un siglo largo de pasivo minero-industrial: la Sierra Minera de La Unión, la bahía de Portmán sepultada por estériles, y el entorno de El Hondón y la antigua fundición de zinc Zinsa, junto al que se sitúan precisamente estas parcelas. El plomo y el cadmio de Los Mateos no cayeron del cielo: son la herencia de una industria que se marchó dejando la factura sin pagar. La novedad no es la contaminación; es que una administración pública comprara ese suelo para vivienda con los informes ya redactados.
El caso está hoy en varias mesas. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 rechazó el sellado cautelar el 28 de enero de 2026; la Confederación Hidrográfica del Segura propuso expediente sancionador el 29; el Seprona investiga el cumplimiento ambiental de la descontaminación, iniciada a finales de enero; y la Fiscalía Anticorrupción examina la compra. La asociación de vecinos Sector Estación, integrada en la plataforma de suelos contaminados y representada por el abogado José Manuel Muñoz, ha presentado querella por presuntos delitos contra la salud, contra el medio ambiente, prevaricación y malversación, y señala a la alcaldesa, Noelia Arroyo, y a la exvicealcaldesa Castejón.
La posición del actual gobierno municipal, recogida por ORM, es que se trata de "una decisión adoptada por la anterior corporación", que cuenta con respaldo técnico y que ya ha licitado la descontaminación. Es una defensa legítima. También es reveladora: el argumento se centra en de quién fue la firma, no en por qué el suelo sigue ahí, ni en qué comerían y respirarían los 40 hogares que iban a instalarse encima.
Así que la pregunta queda sobre la mesa, sin consigna y sin bando. Si el suelo fuera para viviendas de mercado libre, ¿se habría comprado antes de limpiarlo? ¿O el rótulo "vivienda social" ha servido, justo, para que el riesgo lo herede quien menos capacidad tiene de rechazarlo?
Carmen Vega | Madrid