80.000 viviendas atascadas en la red eléctrica: quién decide el orden de la cola
Más de 80.000 viviendas proyectadas en España no se pueden construir hasta que alguien refuerce antes la red eléctrica, según el informe de BBVA Research publicado el 26 de agosto de 2026. Ampliar esa red tarda entre cinco y ocho años. El titular cómodo dice que "la red no da". Pero la red no se ha agotado sola: hay una cola, y la cola tiene un criterio que casi nadie cuenta.
El dato, sin adornos
Empecemos por lo verificado. El informe de BBVA Research "La saturación de la red eléctrica y su papel en la construcción" (agosto de 2026) cifra en más de 80.000 las viviendas previstas cuya ejecución pende de nueva infraestructura eléctrica. El caso extremo es Madrid: hay 126.000 viviendas planificadas y capacidad para abastecer solo unas 40.000 con la red actual.
La lista de provincias tensionadas supera la docena: Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Murcia, Castellón, Toledo, Granada, Cádiz, Almería, Zaragoza, Lleida y Jaén. Y el cuello de botella se resume en una cifra: el 88% de los nudos de distribución dispone de menos de 1 MW de capacidad firme. Traducido para quien busca piso: en la inmensa mayoría de puntos de la red ya no cabe casi nada nuevo sin obra. Y esa obra —planificación, autorizaciones, evaluación ambiental, compra de suelo para subestaciones, construcción— se mide en lustros, no en meses.
Hasta aquí, el hecho. A partir de aquí, el reverso.
Un obstáculo "técnico" que en realidad es un reparto
(Análisis.) La narrativa que llega en la nota de prensa es tranquilizadora precisamente porque no señala a nadie: la red está saturada, es un problema de infraestructura, tocará esperar. Presentado así, la saturación parece una fatalidad meteorológica. No lo es. Una red se planifica, se prioriza y se financia con decisiones, y toda decisión tiene ganadores y perdedores. La pregunta de siempre en esta casa: ¿a quién beneficia que llamemos "obstáculo técnico inevitable" a lo que es un reparto de capacidad escasa?
Beneficia, para empezar, a quien no quiere hablar de por qué la red se diseñó sin anticipar esta demanda. Y da una coartada elegante a promotores para justificar plazos y precios, y a las distribuidoras para justificar inversiones que —ya lo veremos— no pagan ellas.
La cola existe, y tiene un criterio
Aquí está el dato que la nota de agencia no destaca. El orden de acceso a la red no es aleatorio ni puramente técnico: es prelación temporal. Lo fija el Real Decreto 1183/2020 y lo mantiene la normativa de 2026: manda la fecha y la hora en que se presentó la solicitud ante el gestor de la red (BOE). Primero que llega, primero que se sirve.
Eso significa algo incómodo: la capacidad no se reparte por utilidad social. Da igual si detrás de la solicitud hay 2.000 viviendas o una nave llena de servidores. Si el proyecto de vivienda pidió el acceso más tarde, va detrás. La vivienda no va al final de la cola "por ser vivienda": va detrás si llegó después. Y en el pulso por llegar antes, no todos los demandantes juegan con las mismas prisas ni con los mismos recursos jurídicos.
Quién más está en esa cola
El otro gran comensal de la capacidad de red es conocido: centros de datos, inteligencia artificial e industria electrointensiva. Compiten por los mismos nudos que la vivienda, y compiten con ventaja de músculo. Según estimaciones del sector recogidas por El Periódico de la Energía (a partir de NTT Data), en torno al 41% de las solicitudes de acceso a la red están siendo rechazadas o retrasadas en España, entre proyectos industriales, renovables y data centers.
La saturación, además, no es uniforme: mientras Madrid choca contra sus límites, comunidades como Aragón o Extremadura conservan hueco. Es decir, hay capacidad —solo que no donde más gente quiere vivir. Que un hiperescalar pueda ir a buscar el megavatio a otra provincia y una promoción de vivienda no pueda mover el barrio de sitio no es un detalle menor: es la asimetría de fondo de toda esta historia.
¿Y quién paga la ampliación?
La respuesta buena para el titular sería "las eléctricas". La respuesta real es más matizada. Red Eléctrica tiene comprometidos más de 13.000 millones de euros entre 2026 y 2031 para reforzar la red, y el Real Decreto del 28 de julio de 2026 moviliza 17.900 millones adicionales hasta 2030. Son cifras necesarias. Pero las inversiones en red se remuneran y acaban repercutiéndose en la factura de todos vía peajes. El consumidor que no puede pagar un piso también financia, en su recibo de la luz, la infraestructura por la que ese piso espera.
Un matiz revelador del propio marco regulatorio: desde el 22 de marzo de 2026, los consumidores conectados en tensión igual o superior a 1 kV pagan una prestación mensual por reserva de capacidad… pero los desarrollos urbanísticos y polígonos están exentos de ese pago (CNMC). O sea: en el peaje, la vivienda sí tiene trato de favor. En la cola de acceso, no. El sistema protege el bolsillo del promotor, pero no le garantiza el turno.
La pregunta que se lleva el lector
La CNMC aprobó el 31 de julio de 2026 los llamados permisos de acceso flexible, que permiten conectar aunque no haya capacidad firme a cambio de adaptar el consumo en horas punta. Puede aliviar; no cambia la aritmética de fondo: la capacidad es finita y alguien decide el orden.
Así que la próxima vez que lea "no se puede construir vivienda porque la red no da", desconfíe del punto y final. La red es una decisión, no una fatalidad. La cifra dura —80.000 viviendas, 88% de nudos sin margen, 5 a 8 años— es real. Lo que conviene no tragarse es el marco. La pregunta no es cuándo dará la red. Es quién decide el orden de la cola eléctrica, con qué criterio, y por qué la vivienda que necesita un país entra en ella exactamente igual que un centro de datos.
Pablo Reina | Economía