Confinar Ceuta: la medida excepcional que los datos de Sanidad no sostienen

Alberto Núñez Feijóo pidió este 23 de agosto a Pedro Sánchez que "estudie decretar el confinamiento" de Ceuta por "riesgo sanitario", tras la entrada de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. Cita tuberculosis, sarna, varicela y "más de 450 casos de gastroenteritis". La ministra de Sanidad, Mónica García, respondió con cifras propias y una palabra: "desmesurado". Entre una versión y otra hay un abismo que conviene medir dato a dato, sin comprar el marco de nadie.

Empecemos por lo que no está en disputa, porque también es periodismo reconocerlo. En Ceuta hay un problema real y grave: unas 10.000 personas —según el propio Feijóo— pernoctan sin cobijo en calles, playas, laderas y barrancos de una ciudad de 84.000 habitantes. Insalubridad, hacinamiento, falta de atención. Eso existe, es serio y exige respuesta. La cuestión es si la respuesta que se propone —encerrar a un colectivo entero— resuelve algo, y si el "riesgo sanitario" que la justifica tiene el tamaño que se le atribuye. Ahí es donde los números empiezan a no cuadrar.

Las dos contabilidades, cifra a cifra

Feijóo dice haber obtenido sus datos de una reunión con el presidente del Colegio de Médicos y la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta. Sanidad los pasa por el servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. Enfrentémoslos.

Tuberculosis. No hay una oleada: hay tres casos confirmados. Según Mónica García, dos de ellos en migrantes y ninguno contagioso —uno porque el paciente ya estaba bajo tratamiento previo, otro por tratarse de una tuberculosis cerebral, que no se transmite por vía respiratoria—. La tuberculosis es, por cierto, una enfermedad presente en España con miles de casos anuales y un sistema de vigilancia consolidado. Tres casos, ninguno contagioso, no es un brote: es la cifra de fondo de cualquier ciudad.

Gastroenteritis. Aquí está la brecha más llamativa. Frente a los "más de 450 casos" que enarbola Feijóo, Sanidad, tras agrupar los cuadros en brotes y estudiarlos, habla de 55 casos de probable E. coli enteroinvasiva. Un brote ya controlado, sin nuevos casos, y —este es el dato que cambia la lectura— ligado al consumo de aguas no aptas en la ciudad. Es decir: no un patógeno que "traen" los migrantes, sino un problema de salubridad del agua que afecta a quien la bebe. La diferencia entre 450 y 55 no es un matiz; es un factor de ocho. Y el origen —el agua— apunta a una responsabilidad municipal, no a una amenaza importada.

Varicela. Feijóo la menciona; Sanidad reconoce tres casos sospechosos, ninguno relacionado con la llegada de migrantes y ninguno vinculado entre sí. La varicela es endémica en España y aparece de forma habitual. Tres sospechas desconectadas no son una epidemia.

Sarna. Es el caso más instructivo, porque es real y a la vez el peor argumento para un confinamiento. La sarna es endémica en toda España y va en aumento desde hace más de una década: un estudio del Instituto de Salud Carlos III sobre datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (2011-2023) documenta que la incidencia en atención primaria se multiplicó casi por cincuenta, de 131 a más de 6.300 casos por millón de habitantes. No es una enfermedad de declaración obligatoria individual, solo se vigila por brotes, y golpea sobre todo a jóvenes de 15 a 24 años y a mayores en residencias. Traducido: si hubiera que confinar territorios por sarna, habría que empezar por buena parte de la península. Sanidad recuerda además que la sarna "no precisa ingreso hospitalario ni confinamiento": se trata y punto.

El reverso de los militares con sarna

Se ha repetido que la sarna "ha llegado" a los militares desplegados en Ceuta, como prueba del contagio desde los migrantes. Conviene leer la letra pequeña. La propia Asociación de Tropa y Marinería atribuyó esos casos a "deficiencias graves en la higienización de las bases", no al contacto con la población migrante. El mismo hecho —militares con sarna— sostiene dos relatos opuestos: el del contagio importado y el de unas instalaciones en mal estado. Quedarse solo con el primero es elegir la conclusión antes que la causa.

(Análisis.) Este es el mecanismo que conviene vigilar: un dato cierto —hay sarna— se estira hasta una conclusión que no le corresponde —"nos contagian"—. El hecho es verdad; la inferencia, no verificada.

Qué permite realmente la ley

El confinamiento no es una ocurrencia retórica: tiene un cauce jurídico, y por eso importa leerlo. La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública —fuente primaria, BOE— permite a la autoridad sanitaria adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control "cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas".

La palabra clave es indicios racionales. La norma no habilita a encerrar a un colectivo por precaución genérica o por alarma política: exige una base epidemiológica que sostenga el peligro. Con tres tuberculosis no contagiosas, un brote de gastroenteritis controlado y de origen hídrico, y una sarna que es endémica en todo el país, cuesta ver dónde están esos indicios. Sanidad va más lejos y advierte de que un confinamiento podría ser "contraproducente" y "mucho más dañino que beneficioso": hacinar todavía más a 10.000 personas sin cobijo es, en salud pública, la receta para empeorar cualquier brote, no para contenerlo.

Quién manda en la sanidad de Ceuta

Hay un dato competencial que rara vez aparece en los titulares y que ordena todo lo demás: la salud pública en Ceuta es competencia del Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por el PP de Juan Jesús Vivas. Es decir, buena parte de la gestión sanitaria sobre el terreno —incluida la vigilancia de brotes y, apurando, la salubridad del agua señalada como origen de la gastroenteritis— recae en administraciones del propio partido que ahora reclama al Gobierno central una medida excepcional.

No es un "pillado" de tertulia; es el marco institucional. Pedir a Sánchez que "confine" lo que en primera línea gestionan gobiernos del PP desplaza el foco de la gestión ordinaria —agua potable, dispositivos de acogida, atención primaria reforzada— hacia un gesto extraordinario que, además, obliga al Gobierno central a colocarse en la incómoda posición de defender a un colectivo impopular.

¿A quién beneficia?

Llegamos a la pregunta de la casa. Desenvolvamos el papel de regalo. "Riesgo sanitario", "salud pública", "confinamiento": son términos universales, neutros, técnicos. Nadie está en contra de la salud pública. Pero aquí envuelven una medida dirigida a un grupo concreto y perfectamente identificado —"toda la llegada entre los días 30 y 31", en palabras de la ministra—. El envoltorio es universal; el contenido, selectivo.

Midamos el beneficio con la misma vara con la que hemos medido las cifras. ¿Beneficia a la salud pública? Según la autoridad sanitaria, no: sería contraproducente. ¿Beneficia a los 10.000 sin cobijo, que son las presuntas víctimas del "riesgo"? Tampoco: encerrarlos agrava la insalubridad que se dice combatir. ¿Beneficia a la salubridad del agua, origen real del único brote de tamaño apreciable? En nada. El balance sanitario, hecho con los datos disponibles, da negativo.

Queda el otro rédito, el político. Proponer una medida contundente contra un fenómeno impopular sitúa a quien la propone en el terreno de la firmeza y empuja al adversario a hacer de abogado de los migrantes. Se gane o no el debate técnico, el marco ya se ha instalado: el migrante como vector de enfermedad. Ese es el marco que ReversoDigital no compra —y no lo compra venga de donde venga—.

Porque el rigor obliga a las dos direcciones. Igual que no damos por buena la cifra de 450 gastroenteritis sin contrastarla, tampoco damos por cerradas las de Sanidad por el mero hecho de venir del Gobierno: son las cifras que hoy ofrece la autoridad competente, coherentes entre distintas fuentes, y por eso las tomamos como el mejor dato disponible —no como dogma—. Si mañana Medicina Preventiva revisara al alza el brote, habría que revisar el análisis. El periodismo no consiste en elegir bando, sino en obligar a cada bando a enseñar los números.

Lo que queda cuando se apaga el ruido

Hay un problema real en Ceuta, y es urgente: miles de personas a la intemperie, sin agua potable garantizada, sin dispositivos de acogida a la altura. Ese problema no se llama tuberculosis ni varicela; se llama gestión de una emergencia humanitaria. Confinar no lo resuelve: lo esconde detrás de una palabra que suena a solución.

La "ley de los burkas" portuguesa legislaba contra un fantasma para lucir firmeza. Aquí el fantasma tiene bata: se llama epidemia, y las cifras oficiales lo reducen a tres tuberculosis inofensivas y un brote de agua ya controlado. La enfermedad existe, como existe la sarna en media España. La epidemia que justificaría encerrar a 10.000 personas, de momento, no aparece en los partes.

Así que la pregunta con la que le dejo no es si hay o no un problema en Ceuta —lo hay—, sino esta otra: cuando una medida excepcional se propone contra un riesgo que los propios datos oficiales no sostienen, ¿qué es exactamente lo que se está tratando de contener: el contagio, o el relato?

Carmen Vega | Madrid