La juez del caso Azud archiva la causa por prescripción al extesorero del PSOE valenciano
La juez que instruye el caso Azud, una presunta trama de mordidas en adjudicaciones públicas, ha archivado la causa al ex secretario de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña y el empresario Enrique Gim
La juez del caso Azud archiva la causa por prescripción al extesorero del PSOE valenciano La UCO apuntó a la supuesta financiación ilegal de campañas electorales de los socialistas, pero la responsabilidad penal de Pepe Cataluña estaría extinguida Regala esta noticia Añádenos en Google Pepe Cataluña, ex secretario de Finanzas del PSPV-PSOE. (Rober Solsona) Toni Jiménez Valencia 30/07/2026 a las 22:39h. La juez que instruye el caso Azud, una presunta trama de mordidas en adjudicaciones públicas, ha archivado la causa al ex secretario de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña y el empresario Enrique Gimeno al concluir que los supuestos delitos que se les atribuían -la ... supuesta financiación ilegal de las campañas electorales de los socialistas en 2007 y 2008- habrían prescrito. La magistrada sigue el mismo criterio que la Fiscalía y apunta que la posible responsabilidad penal de ambos estaría extinguida.
También acuerda el sobreseimiento parcial de la causa a una decena de imputados -empresarios o funcionarios del Ayuntamiento de Valencia- al no poder demostrarse su participación en los hechos. Cataluña ejerció como tesorero de los socialistas valencianos entre 2000 y 2004, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechaba que sirvió después como enlace entre el presunto cabecilla de la red, el promotor inmobiliario Jaime Febrer, y otros empresarios con dirigentes del partido. En concreto, José Luis Vera -abogado, exmagistrado y exalto cargo socialista-, y Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá y, hasta su detención en 2021, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Grupo Gimeno habría sido una de esas compañías que habría abonado gastos electorales, en concreto 'merchandising'. En caso de haberse producido delito, estaría prescrito. Las anotaciones de supuestas mordidas millonarias a cambio de adjudicaciones públicas, encontradas en casa de Pepe Cataluña, obligaron a abrir una pieza separada sobre una hipotética 'caja B' de la formación, aunque el delito de financiación ilegal no existía en esa época.
Newsletter Bajo lupa, entre otras, la licitación en 2006 de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por casi 50 millones de euros. La Guardia Civil apuntó a que se había pactado una mordida por valor del 6,29% del importe del contrato, que se repartiría entre ambas mercantiles en el mismo porcentaje de obra adjudicada, 70% y 30%, respectivamente. La Audiencia de Valencia archivó en 2024 la causa para le administrador de la segunda empresa, precisamente, porque el delito estaría prescrito.
Nueve años después, la instrucción está llegando a su fin. La macrocausa de Azud investiga el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas ficticias, bajo el telón de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Entre el medio centenar de imputados -empresarios o políticos de PP y PSOE- se encuentran el exvicealcalde de la capital del Turia Alfonso Grau o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín.
El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones. La segunda fase de arrestos se produjo en mayo de 2021, cuando se detuvo -entre otros- a Rafael Rubio. Temas Tribunales Valencia (Ciudad) Partido Socialista del País Valenciano comentarios Reportar un error La juez del caso Azud archiva la causa por prescripción al extesorero del PSOE valenciano La UCO apuntó a la supuesta financiación ilegal de campañas electorales de los socialistas, pero la responsabilidad penal de Pepe Cataluña estaría extinguida Regala esta noticia Añádenos en Google Pepe Cataluña, ex secretario de Finanzas del PSPV-PSOE. (Rober Solsona) Toni Jiménez Valencia 30/07/2026 a las 22:39h.
La juez que instruye el caso Azud, una presunta trama de mordidas en adjudicaciones públicas, ha archivado la causa al ex secretario de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña y el empresario Enrique Gimeno al concluir que los supuestos delitos que se les atribuían -la ... supuesta financiación ilegal de las campañas electorales de los socialistas en 2007 y 2008- habrían prescrito. La magistrada sigue el mismo criterio que la Fiscalía y apunta que la posible responsabilidad penal de ambos estaría extinguida. También acuerda el sobreseimiento parcial de la causa a una decena de imputados -empresarios o funcionarios del Ayuntamiento de Valencia- al no poder demostrarse su participación en los hechos.
Cataluña ejerció como tesorero de los socialistas valencianos entre 2000 y 2004, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechaba que sirvió después como enlace entre el presunto cabecilla de la red, el promotor inmobiliario Jaime Febrer, y otros empresarios con dirigentes del partido. En concreto, José Luis Vera -abogado, exmagistrado y exalto cargo socialista-, y Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá y, hasta su detención en 2021, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez. El Grupo Gimeno habría sido una de esas compañías que habría abonado gastos electorales, en concreto 'merchandising'.
En caso de haberse producido delito, estaría prescrito. Las anotaciones de supuestas mordidas millonarias a cambio de adjudicaciones públicas, encontradas en casa de Pepe Cataluña, obligaron a abrir una pieza separada sobre una hipotética 'caja B' de la formación, aunque el delito de financiación ilegal no existía en esa época. Newsletter Bajo lupa, entre otras, la licitación en 2006 de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por casi 50 millones de euros.
La Guardia Civil apuntó a que se había pactado una mordida por valor del 6,29% del importe del contrato, que se repartiría entre ambas mercantiles en el mismo porcentaje de obra adjudicada, 70% y 30%, respectivamente. La Audiencia de Valencia archivó en 2024 la causa para le administrador de la segunda empresa, precisamente, porque el delito estaría prescrito. Nueve años después, la instrucción está llegando a su fin.
La macrocausa de Azud investiga el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas ficticias, bajo el telón de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Entre el medio centenar de imputados -empresarios o políticos de PP y PSOE- se encuentran el exvicealcalde de la capital del Turia Alfonso Grau o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones.
La segunda fase de arrestos se produjo en mayo de 2021, cuando se detuvo -entre otros- a Rafael Rubio. Temas Tribunales Valencia (Ciudad) Partido Socialista del País Valenciano comentarios Reportar un error Este reloj parece antiguo y no depende de pilas: el Pagani automático ideal para muñecas finas Teresa Rodríguez García Tony Aguilar explica el estado de salud de su hijo Biel tras estar ingresado por una picadura de garrapata Francisco J. Jurado El chef José Andrés estalla por un ranking sin platos españoles: «Si necesitáis ayuda, aquí estoy»
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