Deportar a «todos»: la promesa que la ley prohíbe cuando el migrante es un niño

Desde el cruce masivo del 30 de julio a Ceuta, la Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores no acompañados (dato de Interior a 18 de agosto). El PP y Vox reclaman el retorno «de todos» a Marruecos; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llama «barbaridad» hablar de deportar a menores y apela al «interés superior del niño». Ambos relatos chocan de frente con la misma ley: al menor solo lo tutela de forma automática la administración desde que es localizado, y no puede devolverse como a un adulto. Analizamos el hueco entre lo que se promete a gritos y lo que la norma permite en silencio.

Hay un dato que ordena todo este ruido y casi nadie lo pone en el titular: 2.168 menores no acompañados identificados en Ceuta y 29 plazas en su centro de protección (cifras de Interior y del sistema de acogida ceutí, contrastadas por Infobae el 2 de agosto y por Moncloa el 18). Todo lo demás —las ruedas de prensa, los plantes, los «por tierra, mar y aire»— es lo que ocurre por encima de esa aritmética imposible. Y por debajo, inamovible, está la ley.

Este no es un artículo sobre quién dijo qué. Es un artículo sobre por qué casi nadie de los que hablan puede hacer lo que promete, y sobre a quién le conviene seguir prometiéndolo igualmente.

Lo que dice la ley (esto es hecho, no opinión)

Un menor extranjero no acompañado —lo que la jerga administrativa llama MENA y el derecho llama, con más precisión, menor tutelado— no es un inmigrante irregular más. En el momento en que la administración lo localiza y determina que es menor de edad, la entidad pública de protección del territorio donde se encuentra asume su tutela automática y provisional, y la mantiene hasta que cumple 18 años. Lo establece la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería y su reglamento, en desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de la Convención de los Derechos del Niño.

De ahí se derivan tres consecuencias que ningún mitin puede derogar:

No hay devolución exprés. Al adulto que entra irregularmente se le puede aplicar una devolución. Al menor, no: la repatriación es excepcional, se tramita expediente a expediente, exige informe previo de los servicios de protección y de la Fiscalía, y solo procede si responde a su interés superior y hay garantías de seguridad en el entorno familiar de destino. No es un veto ideológico: es el procedimiento reglado.
La edad no la decide un político, la decide la Fiscalía. Cuando faltan documentos, es la Fiscalía de Menores quien ordena las pruebas de determinación de la edad. Hasta que se acredita la minoría, cesa la actuación policial y empieza la protección. Quien promete devoluciones masivas «ya» ignora que el primer paso es, precisamente, individualizar.
La tutela va con el territorio, no con la voluntad. Un menor localizado en un sitio queda tutelado por la administración de ese sitio. No es opcional. No se puede rechazar por comunicado.

Todo esto está verificado en la propia norma y en la lectura coincidente de fuentes jurídicas de distinto signo. No es interpretación de ReversoDigital: es el suelo legal sobre el que los demás bailan.

El discurso de la derecha: prometer lo imposible con nombre y apellido

El PP ha fijado que «Marruecos es un país seguro para el retorno» y ha reclamado el regreso de los migrantes llegados a Ceuta amparándose en el Pacto europeo de Migración y Asilo —que, conviene decirlo, aún no está en vigor en España—. En el Senado, la portavoz popular Alicia García defendió el retorno de «todos» los irregulares, menores incluidos. Vox va un paso más allá: el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández (consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia), afirmó el 7 de agosto que su comunidad se opondrá «por tierra, mar y aire» a acoger más menores y llegó a proponer devolver a Marruecos a los menores marroquíes que la región ya tutela, hablando «con sus consulados para empezar esa devolución».

Aquí el bisturí, sin anestesia: esa propuesta no la puede ejecutar una comunidad autónoma. El propio Gobierno central le recordó que las relaciones internacionales son «competencia exclusiva del Estado». Y aunque fuera el Estado quien la impulsara, seguiría topando con lo mismo: expediente individual, informe de Fiscalía, interés superior. La frase rinde en el altavoz; en el expediente, no existe.

Hay además un detalle que desnuda la retórica. Cuando Fernández propone «devolver a los menores que ya tutelamos», está admitiendo, sin querer, el hecho que niega: Extremadura ya es tutora de menores migrantes. El mismo actor político que proclama «no los acogeremos» reconoce que los acoge, porque la ley no le da alternativa desde el minuto en que un niño está bajo su jurisdicción. (Nota de verificación: ha circulado que Extremadura habría asumido por servicios sociales la tutela de un pequeño grupo —cuatro— de menores llegados de Ceuta pese a su rechazo. No he podido confirmarlo en fuente oficial independiente, de modo que lo dejo como «sin confirmar»; lo que sí está confirmado, y es más elocuente, es que la comunidad ya tutela a menores migrantes y que su propia dirección quiere «devolverlos». El gesto se agota en el megáfono; la obligación permanece.)

El discurso del Gobierno: el «interés superior» también puede ser un eslogan

Sería cómodo cerrar aquí, con la derecha desmentida por el BOE. Pero ReversoDigital no compra relatos por comodidad. La ministra Rego tiene razón en lo jurídico —deportar menores en bloque es, en efecto, ilegal—, y aun así su marco merece el mismo escrutinio.

Rego anunció el traslado a la península de unas 500 menores mientras la tutela sigue en Ceuta, y convocó a las comunidades el 27 de agosto para pactar el reparto y una ayuda extraordinaria de 25 millones. Bien. Pero «interés superior del niño» es una fórmula que obliga a rendir cuentas, no un salvoconducto moral. Y hay preguntas incómodas que el eslogan tiende a tapar:

¿Interés superior de quién, cuando hay 29 plazas para 2.168 niños? Mantener la tutela en una ciudad desbordada mientras se negocia el reparto puede ser lo legalmente correcto y, a la vez, materialmente indigno. La ley protege; el hacinamiento, no.
La determinación de la edad. Es garantía, pero también cuello de botella y, a veces, fuente de errores que dejan a menores tratados como adultos. ¿Se está haciendo con rigor y rapidez, o la saturación la convierte en trámite?
El reparto entre comunidades, atascado en la guerra PP-Vox contra el Gobierno, convierte a los niños en fichas de un pulso territorial. El plante de Extremadura, Aragón y Castilla y León tiene nombre político; el coste lo pagan menores concretos.
El precipicio de los 18 años. La tutela termina el día del cumpleaños. ¿Qué plan hay para los que, mañana, pasan de «menor protegido» a adulto sin papeles ni red? Si no lo hay, el «interés superior» caducó con la mayoría de edad.

Proteger por ley no es lo mismo que proteger de verdad. Y un Gobierno que enarbola el principio sin enseñar la logística también está haciendo política con la infancia, aunque sea con mejor coartada.

¿A quién beneficia?

Llegamos a la pregunta de la casa. Si «deportar a todos» es legalmente imposible con los menores, ¿por qué se promete con tanta insistencia?

Porque la promesa no está pensada para cumplirse: está pensada para rendir. Rinde en titulares, rinde en encuestas, rinde en la moral del votante que quiere oír firmeza. El menor migrante se ha convertido en moneda de cambio político: para un bando es una amenaza con la que agitar; para el otro, un escudo moral con el que revestirse. Los dos lo usan. Ninguno de los dos usos coloca una plaza más en Ceuta.

Y ese es el reverso: mientras la retórica dura del «retorno de todos» y la retórica blanda del «interés superior impecable» se disputan el relato, la realidad administrativa sigue su curso al margen del ruido. La tutela obligatoria se activa sola. Los expedientes se abren de uno en uno. Ceuta se ahoga con 29 plazas. La ley hace, callada, lo que los discursos prometen o niegan a gritos.

No se trata de abrazar ni de expulsar. Se trata de no dejar que nadie —ni quien promete la devolución imposible ni quien se drapea en el niño— nos venda como gestión lo que es propaganda. A un menor no se le deporta en un mitin ni se le protege en un comunicado. Se le protege, o no, en un centro con plazas suficientes, con una determinación de edad rigurosa y con un plan para el día en que cumpla los 18.

La pregunta con la que le dejo no es de bando. Es esta: cuando pase la tormenta mediática y se apaguen los micrófonos, ¿alguien habrá construido la plaza número 30?

Carmen Vega | Madrid

Metodología: este análisis contrasta fuentes independientes de distinto signo editorial (Interior y Moncloa para las cifras de menores; Infobae para la capacidad de acogida y el marco legal; eldiario.es, El Español, Libertad Digital y Teleprensa para las posiciones de PP, Vox y Gobierno) y va a la norma primaria —Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento, Ley de Protección Jurídica del Menor, Convención de los Derechos del Niño—. Lo verificado se presenta como hecho; la lectura crítica va marcada como análisis. Los datos no confirmados en fuente oficial se señalan expresamente como «sin confirmar».