España condecora al jefe del espionaje marroquí al que acusa de haber espiado a Sánchez
El 11 de noviembre de 2025, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impuso en Madrid la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi, el hombre que concentra el mando de la policía y la contrainteligencia de Marruecos. Nueve meses después, ese mismo aparato de seguridad aparece en el centro de dos historias que España preferiría no cruzar en la misma frase: una megafiltración que expone a decenas de miles de agentes marroquíes y un asalto migratorio a Ceuta que dejó más de un centenar de muertos. La paradoja no es una opinión: es un dato administrativo.
Conviene desenvolver el paquete despacio, porque aquí conviven hechos verificados, atribuciones sin confirmar y una guerra de propaganda de fondo. Separarlos no es un tecnicismo: es la única forma de no convertirse en altavoz de nadie.
Capa 1: lo verificable
El primer hecho duro es la condecoración. Marlaska entregó a Hammouchi la máxima distinción del Cuerpo en un acto celebrado en Madrid, según confirmaron de forma independiente medios de líneas editoriales muy distintas. El argumento oficial es conocido y no es trivial: la cooperación antiterrorista y de control de fronteras entre España y Marruecos ha desarticulado células yihadistas a ambos lados del Estrecho durante la última década. La colaboración policial existe y ha dado resultados. Eso es cierto.
El segundo hecho es quién recibe la medalla. Hammouchi no es un policía cualquiera: dirige la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN, la policía) y, simultáneamente, la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, la contrainteligencia). Esa acumulación de poder lo convierte, de facto, en el hombre fuerte de la seguridad marroquí. Y arrastra un historial: en febrero de 2014, un juez francés lo citó por su presunta complicidad en casos de tortura —las denuncias del franco-marroquí Adil Lamtalsi y del saharaui Naâma Asfari—, un episodio que reventó las relaciones judiciales entre París y Rabat durante meses. No es una insinuación: es un procedimiento documentado que provocó una crisis diplomática de manual.
El tercer hecho es el caso Pegasus. Los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, el propio Marlaska y Luis Planas fueron infectados con el programa israelí en 2021; la primera extracción del teléfono del presidente se produjo el 19 de mayo de aquel año. Aquí toca ser preciso: la investigación de la Audiencia Nacional, en manos del juez Calama, fue archivada de forma provisional por la falta de cooperación de Israel y la imposibilidad de identificar a un responsable concreto. Los servicios de inteligencia españoles apuntan a Marruecos como hipótesis principal, pero judicialmente la autoría quedó sin cerrar. Quien afirme hoy, con un papel en la mano, que Rabat espió a Sánchez, está diciendo más de lo que los tribunales han podido probar.
Capa 2: lo atribuido, sin confirmar
El 24 de agosto de 2026, un grupo que se hace llamar Jabaroot difundió por Telegram la identidad de unos 70.000 agentes de la inteligencia marroquí, incluida la cúpula de la DGST y la DGSN. El grupo —que ya había filtrado en 2025 datos de la Seguridad Social marroquí (CNSS)— sostiene que la operación demuestra que las salidas migratorias masivas hacia Europa son un «plan oficial» de Rabat, y afirma poseer los archivos originales del espionaje con Pegasus a Sánchez.
Aquí es donde el periodismo tiene que frenar. Jabaroot no es una fuente neutral: opera en el marco de la rivalidad Argel-Rabat y tiene un interés evidente en dañar al régimen marroquí. Que una filtración sea espectacular no la convierte en verdad revelada. Todo lo que sale solo de Jabaroot —la autoría del ciberataque a Sánchez, el señalamiento de Hammouchi como «arquitecto» del asalto a Ceuta— viaja con la etiqueta de sin confirmar. Es material de un actor hostil, no una sentencia.
Sobre Ceuta sí hay cifras oficiales, y son demoledoras sin necesidad del leak: entre el 30 y el 31 de julio de 2026, el Ministerio del Interior calculó que alrededor de 80.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad, con un balance que ascendió hasta los 141 fallecidos y cerca de 1.900 menores identificados. Para dimensionarlo: la crisis de mayo de 2021 —cuando Marruecos relajó la vigilancia en plena tensión por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali— movió a unas 8.000 personas. La de 2026 multiplica por diez aquella cifra. Y, sin embargo, la propia inteligencia española concluyó que Rabat permitió la avalancha, pero no la planeó. El matiz importa: entre abrir la mano y orquestar hay una distancia que ningún titular debería borrar.
Capa 3: la lectura
Despejado el ruido, queda la pregunta de siempre: ¿a quién beneficia?
Beneficia a Rabat, que ha convertido su papel de gendarme migratorio de Europa en su activo diplomático más rentable. Cada vez que la frontera se relaja —o simplemente deja de vigilarse con el celo habitual—, Madrid recuerda que la estabilidad de sus ciudades autónomas depende de la buena voluntad de un vecino. Es una palanca que no necesita apretarse para funcionar: basta con que exista.
Y beneficia también a Madrid, aunque cueste admitirlo. A España le sale más barato condecorar que confrontar. El gas, el control del Sáhara Occidental, la cooperación antiterrorista y la gestión de la frontera forman un paquete tan sensible que cualquier episodio que con otro país sería una crisis diplomática de primer orden —un presunto espionaje al jefe del Ejecutivo, un asalto con más de cien muertos— se administra aquí con silencios y gestos de deferencia. La medalla a Hammouchi no es un desliz protocolario: es la expresión física de una relación asimétrica que el Estado ha decidido sostener.
Hay que rechazar los dos marcos fáciles. Ni el alarmista —«Marruecos nos invade y nos espía, y España se rinde»—, que convierte una relación compleja en una película de trincheras. Ni el complaciente —«alianza estratégica ejemplar, nada que ver aquí»—, que barre bajo la alfombra el precio moral de la deferencia. La realidad es más incómoda que cualquiera de los dos relatos: España coopera con un aparato de seguridad eficaz y, al mismo tiempo, señalado por torturas, por espionaje y por instrumentalizar a seres humanos en una frontera.
Queda, para el lector, una sola imagen sobre la que pensar. Un ministro del Interior imponiendo la máxima medalla de la Guardia Civil al jefe del espionaje de un país al que sus propios servicios atribuyen —sin poder probarlo en un tribunal— haber espiado al presidente del Gobierno. ¿Qué dice de un Estado que el precio de su tranquilidad fronteriza sea, precisamente, no poder permitirse hacer preguntas?